La máxima corte de Brasil volvió a aplazar el debate que determinará el alcance de un fallo que podría anular decenas de sentencias de la megaoperación contra la corrupción Lava Jato, incluida una que afectaría al encarcelado expresidente Lula da Silva.
La discusión iba a reanudarse ayer, pero fue “postergada” sin nueva fecha, informó el Supremo Tribunal Federal (STF).
Según la prensa brasilera, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, tomó la decisión al constatar que no estarían algunos de los 11 jueces del plenario.
Por 6 votos contra 5, los jueces del STF otorgaron el pasado miércoles un habeas corpus al exgerente de la estatal Petrobras Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupción y lavado, al considerar que en la última etapa del proceso penal los delatados deben hablar después de los delatores para tener asegurado su derecho a una plena defensa.
La anulación de la sentencia de Ferreira –al igual que otra condena revertida en agosto en condiciones similares– podría generar una lluvia de pedidos de anulación de sentencias de la megacausa, por lo cual los magistrados también votaron a favor de determinar el alcance de esa decisión.
En la sesión del jueves, estaba previsto que los jueces establecieran una “tesis u orientación” que defina en qué casos deberá aplicarse esta regla.
Los fiscales de Lava Jato advierten de que dependiendo de los límites que imponga el STF, su decisión podría derivar en “la anulación de 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados” por el escándalo.
Entre las condenas anuladas podría estar una de primera instancia que afecta al expresidente Lula da Silva (2003-2010), de 73 años de edad, en el llamado caso Sitio de Atibaia, por el que fue sentenciado a 12 años y 11 meses de cárcel.
Aunque mejoraría su situación, una eventual anulación de ese caso no implicaría su liberación, ya que Lula está preso desde abril de 2018 por otro caso, ya juzgado por tribunales superiores y que no sería alcanzado por este fallo del STF, según explicaron juristas.
Lula fue condenado a una pena de ocho años y diez meses por haberse beneficiado de un apartamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
En tanto, el diario Folha de Sao Paulo informó que el martes pasado la Policía Federal emitió un certificado de buen comportamiento en prisión de Lula, un requisito para que acceda al tercer grado o régimen de semi libertad.
La fiscalía recomendó el acceso al tercer grado tras haber cumplido una sexta parte de su condena por el caso tríplex. No obstante, Lula emitió una carta en la que señala: “No cambio mi dignidad por mi libertad”. “No acepto negociar mis derechos y mi libertad”.
