En abril de 2014, a solo unos días de las elecciones generales de ese año, la empresa Transcaribe Trading, S.A., encargada de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, obra que es objeto de una investigación en el Ministerio Público (MP), emitió cheques a favor de diputados de la Asamblea Nacional y candidatos a ese cargo.
Se trata de los diputados Yanibel Ábrego, Carlos Afú, Héctor Aparicio y Juan Manuel Poveda, del partido Cambio Democrático (CD). También se giraron cheques a Elías Castillo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y los aspirantes a una curul en el Legislativo en esa época, Mariela Vega, (hoy diputada) y Porfirio Ellis, también de CD.
Los cheques, de acuerdo con una auditoría de la Contraloría, salieron de la cuenta 45-101-23368-5 de TCT en Global Bank, donde esta empresa depositó dineros procedentes de operaciones de factoring “por obras de infraestructura y construcción de carreteras”.
La investigación, que entregó la Contraloría al MP por la pesquisa relacionada con posibles sobrecostos en la rehabilitación de la carretera, revela además que de esa misma cuenta también recibieron pagos Felipe Pipo Virzi y Mike Btesh.
¿En concepto de qué se emitieron estos cheques para diputados y políticos? Este medio llamó a cada uno de los diputados y excandidatos a ese cargo mencionados en esta nota, pero solo dos respondieron: la actual presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, quien dijo: “Yo no recibí cheque de esa empresa”; y Juan Manuel Poveda, que contestó: “Ni idea de eso. No conozco a los dueños de esa empresa. Averiguo”.
DIPUTADOS, EN LA JUGADA DE TCT
La auditoría de la Contraloría General de la República sobre los pagos que hizo el Ministerio de Obras Públicas a la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT) por el proyecto de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, no solo dejó al descubierto una posible lesión patrimonial estimada en $7.9 millones.
El documento, entregado por el contralor Federico Humbert a la fiscal anticorrupción Tania Sterling el pasado 18 de agosto, deja en evidencia que TCT, empresa de los hermanos David y Daniel Ochy, emitió cheques a favor de varios diputados y aspirantes a ese cargo en plena efervescencia de la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2014.
Los cheques, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso este diario, salieron de la cuenta 45-101-23368-5 de TCT en el Global Bank, donde se depositó dinero “procedente de operaciones de factoring por obras de infraestructura y construcción de carreteras”.
La investigación de la Contraloría dice, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas depositó 37 cheques que totalizan $137.5 millones en la cuenta 1-101-001928 a nombre de Factor Global, Inc., en el banco Global Bank, “producto de un contrato de factoring” para trabajos de la obra.
LOS BENEFICIADOS
A nombre de Elías Castillo, diputado del Partido Revolucionario Democrático, se emitió el cheque 002834 del 8 de abril de 2014 por $10 mil.
Este medio llamó tres veces a Castillo, le dejó un mensaje de voz, y le envió un mensaje vía WhatsApp para consultarle sobre el motivo de este pago, pero no respondió. Su vocera Iveth Vega comunicó que el diputado está fuera del país, regresa el 15 de septiembre y que está dispuesto a dar una entrevista referente al tema.
El cheque 010751 por $20 mil salió a nombre del diputado de Cambio Democrático (CD) Juan Manuel Poveda el 23 de abril de 2014. Cuando este medio le preguntó a Poveda sobre el asunto, contestó: “Ni idea de eso. No conozco a los dueños de esa empresa. Averiguo”.
Otro cheque, el 010742 por $20 mil, también del 23 de abril de 2014, fue hecho a nombre de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, de CD.
“Yo no recibí cheque de esa empresa; si fue emitido, yo no lo recibí”, respondió mediante mensaje de texto.
El mismo 23 de abril de 2014 también se emitió un cheque (el 010749) a nombre de Héctor Aparicio, diputado de CD, por $15 mil.
La Prensa llamó tres veces a Aparicio a su celular, pero no contestó. Tampoco hizo caso a los mensajes de texto enviados.
El 23 de abril de 2014 también se emitió un pago por $30 mil, a través del cheque 010736, a favor de la entonces candidata a diputada por CD Mariela Vega. Este medio llamó en varias ocasiones a la actual diputada y no respondió.
El patrón también se repite con Carlos Tito Afú, de CD, quien, de acuerdo con la investigación de la Contraloría, habría obtenido $20 mil a través del cheque 010743. Afú tampoco respondió a las múltiples llamadas que se le hicieron.
Mientras que el cheque 010750, del 23 de abril de 2014, por $20 mil, fue emitido a nombre del entonces candidato a diputado por el partido Cambio Democrático Porfirio Ellis. Rogelio Cruz, abogado de Ellis, dijo que “no tiene idea” sobre ese cheque. Manifestó que le consultaría sobre el tema.
Ellis es uno de los vinculados al caso que sigue el Ministerio Público por supuestas irregularidades en el fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí. Tras ser detenido, fue beneficiado con una fianza de excarcelación.
También se giraron cheques a favor de los empresarios Felipe Pipo Virzi ($200 mil) y Mike Btesh ($50 mil). El de Virzi se generó en 2011 y el de Btesh, en 2010.
EL CASO
El Ministerio Público investiga posibles sobreprecios en los trabajos de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera.
La procuradora Kenia Porcell, incluso, informó que el dinero que fue entregado a TCT para trabajos de la obra habría sido usado para la compra de la Editora Panamá América, S.A.
Entre los investigados en este proceso figuran los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford, quienes estuvieron detenidos preventivamente en la cárcel El Renacer. Ambos fueron beneficiados con una fianza de excarcelación de $500 mil. Suárez tiene impedimento de salida del país, mientras que Ford volvió a quedar detenido por el caso Odebrecht.
En tanto que Daniel Ochy, uno de los dueños de TCT, está detenido.
MÁS PAGOS
La auditoría también da detalles de más cheques emitidos a favor de empresas que han sido mencionadas en otros casos, en los que el Ministerio Público investiga supuesta corrupción, así como a varios funcionarios de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Obras Públicas. Las transacciones, de acuerdo con el documento, se efectuaron entre 2011 y 2013.
