El nombramiento de jueces y magistrados sin cumplir con los parámetros establecidos en la ley de Carrera Judicial compromete su independencia, advirtió la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.
Y es que solo el 20.5% de los 4 mil 272 funcionarios que laboraban en el Órgano Judicial hasta el 15 de junio pasado pertenecen a la carrera judicial, vigente desde agosto de 2015.
Asimismo, los 931 funcionarios contratados por el Órgano Judicial para trabajar en el sistema penal acusatorio (SPA), que entrará en vigencia en el Primer Distrito Judicial a partir del 2 de septiembre próximo, tienen la condición de interinos, y sus nombramientos no fueron consultados a la sociedad civil, como lo pide la ley.
La Ley 53 de 2015 establece un sistema de concursos para los nombramientos de funcionarios, principalmente los del SPA.
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