El Tribunal de Cuentas ordenó el cierre y archivo de la investigación patrimonial seguida al exrector de la Universidad de Panamá (UP) Gustavo García de Paredes, derivada de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República respecto a supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento suscrito en 2007 entre esa casa de estudios y la sociedad Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A.
En fallo del 11 de marzo pasado y con el voto razonado del magistrado Alberto Cigarruista, el tribunal declaró que se produjo la sustracción de materia de la investigación, que fue solicitada a través de un recurso interpuesto por la firma Morgan & Morgan, apoderada de la citada sociedad.
El magistrado Rainier Del Rosario fungió como el ponente del fallo y el magistrado suplente Rolando Mejía secundó la decisión.
El 14 de abril de 2007, la UP suscribió el citado contrato de arrendamiento con la sociedad Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A., que construyó el centro logístico Parque Sur en fincas que suman 42 hectáreas. Las tierras están ubicadas a poca distancia del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
De acuerdo con el informe de la Contraloría General, del año 2016, en la ejecución del contrato y las adendas aprobadas “se evidenció absoluta inobservancia a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que imperan en materia de contratación pública”.
En su voto razonado, el magistrado Cigarruista dijo no compartir que el fallo se haya desarrollado con base en la ilegalidad o no del contrato, porque eso es competencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, aunque sí se mostró a favor de la exoneración de las partes de una posible lesión patrimonial.
El 5 de marzo pasado, el Tribunal de Cuentas también exoneró al exrector de la UP de responsabilidad patrimonial en la investigación relacionada con el contrato entre la casa de estudios y la empresa Multiservicios y Productos, S.A., para el suministro, instalación y acondicionamiento de compresores y bomba de vacío en el depósito de la Facultad de Odontología por $2 millones 166 mil 216.92.
Mientras tanto, el 22 de marzo pasado, el juez decimoquinto de lo penal, Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento definitivo a favor del exrector García de Paredes en la parte de este mismo proceso que se desarrolló dentro de la jurisdicción ordinaria.
