“No consta vulneración al debido proceso ni derecho a la defensa, y mucho menos de las garantías de los imputados”.
Así concluyó el Segundo Tribunal Superior Penal al resolver un recurso en el proceso que se sigue al exjefe del Servicio de Protección Institucional (SPI) Jaime Trujillo y a otros por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI.
El fallo, del 19 de septiembre pasado, confirmó una decisión del Juzgado Undécimo Penal, que negó dos recursos que pretendían anular el proceso, los cuales fueron presentados por Trujillo y por Ricaurte Grajales Pezet, representante de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), que vendió las armas al SPI y que también está imputado.
Trujillo permanece detenido desde junio de 2017. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de peculado, tráfico de armas y corrupción.
Según la Fiscalía Anticorrupción, en 2013 la empresa Armunal importó 406 pistolas Glock, de las cuales 400 se destinarían para que personal del SPI las comprara a precios accesibles ($550 en preventa y $600 en venta), para su uso privado.
Las restantes seis pistolas fueron presuntamente entregadas en calidad de obsequio a seis particulares.
El cargamento de armas, sin embargo, no se vendió completo y el SPI terminó comprando 150 armas, que ingresaron al territorio nacional sin la respectiva autorización de importación. Además, para el momento de la importación, en 2013, estaba vigente la prohibición de traer armas al país, indicó la fiscalía.
Según la fiscalía, Trujillo facilitó la importación y compra de las armas.
La defensa de Grajales Pezet alegó la supuesta violación al fuero penal electoral de este, pero el tribunal aclaró que cuando se le tomó declaración indagatoria, en mayo de 2017, no gozaba de esa prerrogativa.
El Segundo Tribunal Superior también negó el argumento de Trujillo de que se le había vencido el plazo para concluir la investigación por parte de la fiscalía.
