El Tribunal de Contrataciones Públicas le dio la razón al Estado, con un dictamen que avala la inhabilitación, durante los próximos tres años, de la constructora Transcaribe Trading (TCT).
El veredicto respalda, además de dicha inhabilitación, la rescisión del contrato de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.
A raíz de los incumplimientos en la finalización del proyecto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) resolvió el contrato, decisión que quedó plasmada en la resolución 134 del 27 de julio de 2017.
Pero el representante legal de TCT, Daniel Ochy —detenido preventivamente en el marco de una investigación por supuestos sobrecostos de la carretera—, presentó a, través de sus abogados, un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
La empresa asegura que se violó el debido proceso, así como los principios de buena fe y de legitimidad de los actos de la administración.
El Tribunal, sin embargo, dijo que el objeto del contrato no se había cumplido y, por lo tanto, sí procede la resolución administrativa.
Ahora que el Tribunal ha fallado, la empresa afianzadora de la obra debe evaluar los trabajos pendientes para finalizarlos.
