Tribunal niega anular caso de sobrevuelos

Un fallo del Segundo Tribunal de Justicia que rechaza declarar nulo un proceso seguido al exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino recalca que no es causal de nulidad el hecho de que el Ministerio Público (en este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga) se haya excedido en el tiempo de investigación.

Así lo confirman los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia, Adolfo Mejía y Secundino Mendieta, en un fallo del pasado 4 de agosto en el que rechazan un incidente de nulidad de la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la contratación de sobrevuelos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El abogado Franklin Amaya, en representación de Ferrufino, alegó que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga se excedió en el término de la investigación, ya que esta se inició en septiembre de 2014 y que ese plazo concluyó en marzo de 2015, pero que para esa fecha aún no se había enviado el expediente al tribunal.

Sin embargo, los magistrados estimaron que el artículo 2035 es claro al señalar que contra los agentes de instrucción que incurran en demoras injustificadas en el manejo de los expedientes, lo que procede son sanciones disciplinarias, las cuales corresponde aplicarlas a los superiores jerárquicos, mediante multas que serán descontadas de sus salarios.

Además, los magistrados recordaron un fallo del 30 de marzo de 2016 del pleno de la Corte Suprema de Justicia que, al resolver una acción de habeas corpus interpuesto por el abogado Humberto Levy a favor de Dilvio Miranda -imputado en el caso de riego de Tonosí- , concluyó que el excederse en el tiempo de investigación por parte de la fiscalía no implica ilegalidad de la orden de detención provisional, sino que da lugar a sanciones disciplinarias y multas.

En esta investigación, la fiscalía ordenó indagar a Ferrufino y a otras 19 personas por supuestos sobrecostos en los sobrevuelos contratados y que en otros casos presuntamente nunca se realizaron, pero fueron desembolsados con fondos del PAN. La lesión patrimonial se estimó en $10 millones.