El expresidente colombiano Álvaro Uribe envió una misiva al juez estadounidense Edwin Torres -a cargo del proceso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli- para interceder y expresar su apoyo al exgobernante panameño que está detenido en Miami desde el 12 de junio pasado.
Durante su gobierno (2002-2010), Uribe también enfrentó acusaciones de escuchas ilegales.
Uribe, en la carta fechada el 8 de agosto, en Bogotá, le dice a Torres que con Martinelli (2009-2014) compartía ideas. “Estábamos de acuerdo en varios temas de interés regional como la defensa de los valores democráticos a la vista de la amenaza socialista que se extendió por nuestro subcontinente bajo el paraguas del castrochavismo”, escribió Uribe.
Martinelli “fue también un constante aliado en la lucha de nuestro país contra el terrorismo y el tráfico de drogas, amenazas que afectan a Estados Unidos”, señaló.
Según Uribe, Martinelli se ha declarado un perseguido político y -dijo- por los medios se conoció que se instaló en Miami “para proteger su integridad y su derecho a la libertad”. No mencionó en su nota cómo llegó Martinelli a ese país, ni la serie de casos que se le siguen en Panamá.
Martinelli es requerido por la interceptación de comunicaciones de más de 150 personas, entre ellas políticos, periodistas y empresaros, utilizando para ello el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y la compra de máquinas pinchadoras con supuestos fondos estatales.
El gobierno de Uribe tiene en común con el de Martinelli que también enfrentó acusaciones de interceptaciones ilegales que se hicieron entre 2004 y 2005 desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a defensores de derechos humanos, abogados y políticos.
Tanto a Martinelli como Uribe sus exfuncionarios encargados de los espionaje los acusaron de que ellos daban las órdenes.
Por las “chuzadas” del DAS, el 30 de abril de 2015, la Corte Suprema de Colombia trasladó copias para que se investigara a Uribe.
En junio de 2015, la Corte Suprema de Justicia en Panamá abrió causa contra Martinelli por los pinchazos y en octubre de 2015 se le formuló una acusación.
En noviembre de 2010, el gobierno de Martinelli dio asilo a María del Pilar Hurtado, jefa del DAS en el gobierno de Uribe, ligada a los pinchazos. Hurtado se refugió por cuatro años en Panamá huyéndole al proceso judicial y fue protegida por Martinelli. Ella fue sentenciada en 2015 a 14 años de cárcel por las “chuzadas”.
Además, dos miembros del equipo legal de Martinelli en Miami -David Markus y Ricardo Bascuas- son abogados de Andrés Felipe Arias, hombre de confianza y exministro de Agricultura de Uribe. Arias está en Miami, libre bajo fianza, mientras se decide su extradición a Colombia, donde tiene una condena de 17 años y 4 meses de prisión por peculado.
Tras su detención en EU la defensa y familiares del expresidente Martinelli se han referido al caso del exministro colombiano como prueba de que los jueces estadounidenses sí otorgan fianza en procesos de extradición.
