El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó ayer las reformas a la Ley de Descentralización Administrativa del Estado, que otorga a los municipios del país recursos para los proyectos que deben ejecutarse a través de las juntas comunales del país.
La sanción de estas reformas a la Ley 37 de 2009 se dio en el marco del vigésimo aniversario de creación de la la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), que aglutina a alcaldes y representantes, y que a partir de enero de 2016 tendrá la misión de manejar $200 millones destinados a proyectos y obras comunitarias de 78 municipios y 648 corregimientos de todo el país.
“El dinero debe utilizarse con transparencia y criterio social para recuperar la confianza del pueblo en la clase política, demostrando que las cosas se pueden hacer bien y diferentes, para mejorar la calidad de vida de las familias”, recalcó Varela.
El presidente instó a los alcaldes y representantes a impulsar que esta ley sea elevada a un rango constitucional y se blinde, de tal forma que ningún presidente les quite el derecho a las comunidades a que sus fondos se administren sin manejo político, lo que no debe permitirse en ningún momento, ya que todos tienen que defenderla como algo propio.
A su vez, Jorge Herrera, presidente de Amupa, señaló la necesidad de que alcaldes y representantes se preparen, para que desde enero de 2016 todos los proyectos que ya estén listos puedan subirse al portal de Panamá Compra, y que en menos de 15 días, se aprueben para beneficio de las comunidades.
Puntos claves
Los aspectos sobresalientes de la ley incluyen el traspaso a los gobiernos locales de los recaudos del impuesto de bienes inmuebles.
Los municipios utilizarán el 90% de los recursos en inversiones y el 10% en funcionamiento; se establece un presupuesto mínimo de $500 mil para los municipios que no generan ingresos; los 30 municipios que más recaudan darán un aporte solidario a los 45 distritos que menos recaudan, tales como Sambú (Darién), Taboga y Chimán (Panamá), Pocrí (Los Santos), Remedios (Chiriquí); Mariato, Río de Jesús y Calovébora (Veraguas) y los de las comarcas indígenas. Se crea el control previo para todos los municipios y juntas comunales.
