Veintidós fiscales del Ministerio Público (MP) tendrán a cargo las pesquisas derivadas de las 187 auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República sobre la transferencia de $247 millones en partidas circuitales, que efectuaron 70 diputados del período 2009-2014 a juntas comunales y municipios.
Así lo informó ayer el secretario general del MP, Rolando Rodríguez Cedeño, quien precisó que la investigación estará encabezada por la fiscal anticorrupción de descarga Leyda Sáenz, que contará con el apoyo de 6 fiscales anticorrupción y 15 fiscales superiores.
Además, participará personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Unidad de Blanqueo de Capitales del MP.
Explicó que el equipo deberá realizar diligencias en todo el país, por lo que cuando se agoten las partidas de funcionamiento del presupuesto del MP se harán las solicitudes de créditos adicionales al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional.
Aseguró que el MP acreditará la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, contra la fe pública y otros ilícitos a los responsables.
Aclaró que el MP podrá investigar a exdiputados, alcaldes, representantes, particulares, personas naturales y jurídicas. A los diputados tendrá que investigarlos la Corte Suprema de Justicia.
PEDIRÁN CASO COMPLEJO PARA JUNTAS COMUNALES
El Ministerio Público (MP) solicitará al Órgano Judicial que la investigación relacionada con la transferencia de fondos públicos que hicieron diputados del periodo 2009-2014 a juntas comunales y municipios sea declarada compleja, a fin de contar con el tiempo necesario para las pesquisas.
Así lo confirmó el secretario general del MP, Rolando Rodríguez Cedeño, quien en conferencia de prensa dio a conocer los procedimientos legales que se seguirán tras la entrega –por parte de la Contraloría General de la República– de 187 auditorías que determinaron que 70 diputados del período anterior transfirieron $247 millones a juntas comunales y municipios para el manejo de partidas circuitales.
“Es importante que se le conceda al MP el tiempo acorde con la magnitud y complejidad de la causa, de allí nuestro llamado respetuoso a quien toma estas decisiones”, dijo.
LOS PASOS
El funcionario destacó que el primer paso lo hará la Fiscalía Anticorrupción de Descarga: solicitar al Juzgado Quinto Penal la reapertura de la investigación de las juntas comunales, que fue calificada con un sobreseimiento provisional e impersonal en mayo de 2015.
Manifestó que un equipo de siete fiscales anticorrupción, encabezados por Leyda Sáenz, tendrá a cargo las pesquisas, en las que también intervendrá personal especializado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Unidad de Blanqueo de Capitales del Ministerio Público.
DELITOS A INVESTIGAR
Rodríguez precisó que, si procede, en aquellos casos en los que se acredite la comisión de delitos contra la administración pública también se iniciarán pesquisas por blanqueo de capitales.
“El Ministerio Público podrá acreditar la comisión de distintos hechos punibles, como delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, contra la fe pública, entre otros, y vincular a las personas que resulten responsables, a fin de que sean sometidas al rigor del proceso penal ante el ente jurisdiccional correspondiente”, manifestó.
Precisó que la investigación se adelantará bajo las reglas del sistema inquisitivo mixto, porque el caso se inició en 2014, cuando el sistema penal acusatorio no había entrado en vigencia aún en el Primer Distrito Judicial, lo cual ocurrió en el año 2016.
POSIBLES IMPLICADOS
Aclaró que el MP investigará a exdiputados, alcaldes, representantes, particulares, personas naturales y jurídicas. En el caso de los diputados reelectos, sus procesos serán remitidos a la Corte Suprema de Justicia.
Informó que toda la documentación de las auditorías que la Contraloría entregó al MP ya está digitalizada y que probablemente no sea necesario enviarla físicamente al Órgano Judicial para no perder tiempo y, muy por el contrario, acortar los plazos de las investigaciones correspondientes.
En cuanto a la aplicación de las figuras de la colaboración eficaz y de los acuerdos de pena contemplados por la legislación, el funcionario dijo que estas herramientas se podrán aplicar en esta investigación.
HISTORIA DEL CASO
De acuerdo con un recuento efectuado por Rodríguez, el 13 de junio de 2014 la entonces Fiscalía Primera Anticorrupción adelantó las sumarias del caso, a partir de investigaciones periodísticas publicadas por el diario La Prensa.
Recordó, asimismo, que la fiscalía solicitó a la Contraloría auditorías sobre las partidas circuitales transferidas por los diputados a las juntas comunales y municipios del país en el periodo 2004-2009 y en el quinquenio 2009-2014.
Precisó que los auditores del Ministerio de Economía y Finanzas confeccionaron un informe de auditoría financiera relacionado con desembolsos de fondos mediante partidas circuitales, trasladadas a 150 municipios y 3 juntas comunales en el periodo de 2010 a 2014.
Luego, por falta del informe de auditoría de la Contraloría, el Juzgado Quinto Penal dictó el sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal de la causa en espera de las auditorías, que el pasado 27 de febrero fueron finalmente entregadas por la Contraloría en 223 cajas numeradas.
