Sigue creciendo el descontento por el Decreto 11 del pasado 31 de diciembre, expedido por la alcaldesa de Taboga, Magaly Ricord, que prohíbe a quienes viajan a esa isla llevar comidas preparadas y licor. Algunos abogados analizan demandar la iniciativa, pues alegan que esta viola los derechos humanos.
Uno de los que opina de esa manera es Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, quien alegó que el citado decreto viola el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de tomar sus alimentos. Expuso que se trata de “una situación inédita”, que pudo tener una buena intención, pero que a todas luces “es ilegal”, ya que impone una restricción a garantías fundamentales sin ningún tipo de asidero legal.
Mientras que el abogado Ernesto Cedeño también coincidió en que el decreto establece restricciones a la libertad de cada persona de poder llevar alimentos a un lugar determinado, sin ninguna base jurídica. Añadió que la disposición es susceptible de ser atacada a través de un amparo de garantías constitucionales.
Cedeño también destacó que la medida impide el derecho a la propiedad, ya que el territorio municipal no es particular y, por el contrario, es de uso colectivo. También mencionó que aquí podría existir “una desviación de poder”, porque no se puede abusar del derecho, aunque se estime se utilice para el bien común o una causa justa.
La gobernadora
Por su parte, la gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, aseguró que se trata de un decreto vigente desde el año 2017, pero que no se había implementado. Contó que la alcaldesa Ricord le explicó que los comerciantes de Taboga (dueños de restaurantes) le dijeron que se sienten “muy contentos” con la medida, pues han vendido “en su totalidad la comida”.
La alcaldesa también le comentó que la ruta marítima hacia la isla de Taboga es cubierta por tres empresas, pero que estas compañías pagan sus impuestos al Municipio de Panamá, sin dejar ningún beneficio a la isla, y que la venta de alimentos a los turistas es, en ocasiones, el único ingreso para los lugareños.
También manifestó que la medida surgió a raíz de que “muchas personas” llevan comida para vender, y los taboganos se quedan sin tener ese ingreso de los turistas o de las personas que los visitan.
Sin embargo, ninguno de esos argumentos aparece en el decreto. La norma surge debido al “considerable aumento de los casos de contagios” de la variante Ómicron de la Covid-19, y añade que “el transporte de alimentos y bebidas alcohólicas destinada al consumo en las playas representa una fuente de contaminación y propagación del virus del Covid-19 y sus variantes”. El decreto también dispone multas de $50 y $100 a quienes lleven bebidas alcohólicas, comida en envase o pailas a la isla.
Este medio llamó cinco veces a la alcaldesa Ricord, pero no respondió.
Es la segunda vez que surge una polémica relacionada con el ingreso a esta isla del Pacífico en medio de la pandemia. En agosto del 2021 estalló un escándalo, luego de que se diera a conocer que dos altos funcionarios del Ministerio de Salud eran los dueños de la empresa que realizaba las pruebas de hisopado para entrar a Taboga y a otras islas de la zona. Se trata de Ana Lorena Chang y Leonardo Labrador Chávez, quienes fungían como jefa regional de Salud Pública y jefe nacional de Epidemiología, respectivamente.
Ambos fueron separados de las jefaturas y el Ministerio Público los investiga.
