“Es de dominio público. Está en el presupuesto de ingresos y gastos del Consejo Municipal, y esto no es un secreto”, dijo el alcalde de la ciudad capital, José Luis Fábrega, el pasado martes cuando periodistas le preguntaron por los gastos de movilización ($5 mil mensuales).
Sin embargo, tanto en el Municipio de Panamá, como en el resto de los gobiernos locales, estos recursos se manejan a espaldas de la ciudadanía. No rinden cuentas de ellos, y son montos que no figuran en las secciones de transparencia de los distintos distritos.
En el sitio web del Municipio de Panamá, ni siquiera está en el documento que contiene la ejecución presupuestaria de 2021. Y si lo está, la cifra se encuentra camuflada en la danza de números que componen el informe.
El Municipio de Colón, a cargo de Rolando Alex Lee, tiene cierta información sobre el tema en su página web. En el Informe de Ejecución de Egresos de diciembre de 2021, hay un renglón bajo el nombre de “transporte de personas y bienes”, con el monto de $984 mil 900. En Colón, de acuerdo con datos de la Contraloría, el alcalde recibe $3 mil 500 para movilización, mientras que los representantes $5 mil. Lee recibe otros $3 mil 500 en gastos de representación, $3 mil 500 en salario, y $250 en dieta del Consejo Provincial.
En el sitio digital del distrito de San Miguelito, que dirige Héctor Valdés Carrasquilla, no hay rastro de esa partida. En el informe de gasto mensual de diciembre de 2020, un documento de 20 páginas, hay un renglón que dice “transporte dentro del país”, con la cifra de $1,571. Tanto Valdés Carrasquilla, como los representantes de ese municipio, cobran $4 mil gastos de movilización. Valdés Carrasquilla cobra $10 mil 500 por mes.
La Antai
Este medio consultó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sobre la ausencia de los gastos de movilización en las páginas webs de los gobiernos locales, y en esa entidad contestaron que los artículos 126 y 127 de la Ley 37 del 29 de junio de 2009 (Ley de Descentralización), al igual que la Ley 6 de 22 de enero de 2002, (Ley de Transparencia) disponen que el Municipio pondrá a disposición de los ciudadanos, a través de los medios electrónicos u otro medio idóneo, la información relacionada con la formulación, aprobación, ejecución y modificación del presupuesto, la cual deberá actualizar en el sitio web de cada municipio. También dijeron que desde febrero de 2020, comunicaron a los consejos provinciales, acerca de la inclusión de las juntas comunales en el Monitoreo Mensual de Transparencia de sitios web de instituciones públicas. Pero, agregaron que “por razones de la pandemia”, solo es hasta enero de 2022 que empezarán la capacitación para que eso se concrete.
Reaccionan
El poco control en los fondos, la opacidad, y la negativa a rendir cuentas, han provocado múltiples cuestionamientos, tanto de sectores de la sociedad civil como de sectores políticos.
El excandidato presidencial independiente Ricardo Lombana, y líder del partido en formación Movimiento Otro Camino, recordó que en la pasada campaña estudió el presupuesto del Estado de varios períodos e identificó cifras superiores a mil millones de dólares que podrían ser recortadas porque son gastos innecesarios, y podrían ser destinados a salud y educación, por ejemplo. “Entre esos gastos superficiales, con un toque clientelista y politiquero, están todos estos gastos de movilización, viáticos excesivos que le dan a estas autoridades locales, entre otros. No tiene ninguna justificación y mucho menos en medio de una pandemia, cuando lo primero que debe hacer un buen padre de familia es recortar todo gasto innecesario”, sustentó.
Mientras que Luis Pinedo Velásquez, del Movimiento Consulta Ciudadana, opinó que “la solución está en nuestras manos como ciudadanos”. “Nosotros tenemos todo el derecho de solicitar una planilla de una junta comunal, o una factura que sustenten los gastos de movilización con una simple carta con la ley de Acceso de Información y Transparencia que puede ser escrita a mano”, sugirió.
Narró que él ha impartido charlas de consulta ciudadana en Pacora, Las Garzas, Caimitillo, Praderas de San Lorenzo, Los Portales, y Cabra, y añadió que son comunidades “que cuando tú llegas pareciera que pasas al Panamá de 1930. Donde no hay agua, las calles son de tosca, los campos de juego para niños son campos baldíos o potreros, pero representantes de esos lugares están cobrando $5 mil de gastos de movilización”.
Otro que opinó fue Horacio Icaza, del Movimiento Independiente. “Los privilegios que se han asignado alcaldes y ediles y que hoy nos escandalizan, son el resultado de la perversión de valores que caracteriza a una clase política dedicada al saqueo de nuestro país. Gente sin moral, capacidad o talento que por lo general llegó a puestos de elección por trucos electorales y compadrazgos partidistas. Viven convencidos que el país existe para su beneficio personal”, manifestó.
Cuestionó que se otorgue gastos de movilización para quienes gozan ya de flotas de autos, choferes, y hasta escoltas. “Son un descaro”, dijo. Y siguió. “En la empresa privada el salario es la paga por el trabajo, por lo que uno aporta a producir y al buen desempeño de la empresa. Los gastos de representación no son salarios; son fondos que recibe y debe usar un ejecutivo discrecionalmente para representar y promocionar dignamente la imagen de la empresa. Las dietas se pagan solo a quienes son miembros de juntas directivas o juntas asesoras y contribuyen a través de su participación en estas, a orientar y fiscalizar el buen gobierno de una empresa”, profundizó.
