Un fallo del Segundo Tribunal dejaría sin efecto los acuerdos de colaboración alcanzados entre el Ministerio Público y directivos de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), como parte de la investigación por el presunto pago de sobornos de esa empresa a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) por la adjudicación del contrato de construcción de la fase II del Corredor Vía Brasil.
El fallo anuló las diligencias realizadas por la Fiscalía Especial Anticorrupción desde el 24 de octubre de 2019, incluyendo los citados acuerdos de colaboración, suscritos en diciembre de 2019 y enero de 2020.
Asimismo, dejó sin efecto un fallo del Juzgado Undécimo Penal, que en diciembre del año pasado declaró este caso como causa compleja.
El fallo anula las diligencias de la fiscalía a partir de la fecha indicada, con el argumento de que en ese momento se tramitaba ante el Juzgado Decimoquinto Penal una solicitud para acumular dos procesos vinculados con FCC, presentada por el exministro Federico Suárez –imputado por la fiscalía– antes que el caso fuese declarado complejo.
Caso FCC ya no es causa compleja
Un tecnicismo legal podría dar al traste con la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción por el presunto pago de sobornos por parte de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para la construcción del tramo II del corredor Vía Brasil.
Esto, luego de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró nula la decisión del Juzgado Undécimo Penal de calificar como compleja la investigación y de conceder un año de prórroga a la fiscalía para culminar el proceso.
El fallo, con fecha del pasado 30 de enero de 2020 y que lleva la firma de la magistrada suplente Alina Hubiedo, deja sin efecto todas las diligencias realizadas por la fiscalía a partir del 24 de octubre de 2019.
De acuerdo con la sentencia, el juez de la causa, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez –imputado en el proceso– había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal.
Según la magistrada Alina Hubiedo, la jueza Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación realizada por Suárez –en septiembre de 2019–, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.
Hubiedo citó el artículo 2293 del Código Judicial, según el cual los trámites para decretar o llevar a efecto una acumulación son similares a los que se desarrollan en la jurisdicción civil.
En tal sentido, destacó que el artículo 727 del Código Civil estipula que el juez al que se le solicita acumular una causa debe enviar el expediente sin demora y poner en conocimiento a todas las partes, y que por “este hecho quedará suspendido el curso de la causa y la competencia del tribunal hasta que se devuelva el proceso”.
Como se dijo, la defensa de Suárez presentó la solicitud de acumulación al Juzgado Decimoquinto en septiembre de 2019 y ese mismo mes se pidió al Juzgado Undécimo Penal la remisión del expediente para resolver el citado recurso.
Por ello, concluyó Hubiedo, la tramitación del proceso radicado en el Juzgado Undécimo Penal había quedado suspendida.
Sin embargo, a pesar de no haberse resuelto la acumulación, el Juzgado Undécimo Penal concedió la tramitación de causa compleja hecha por la fiscalía.
En ese sentido, el fallo destaca que la jueza Aizprúa resolvió incidencias cuando carecía de competencia por encontrarse suspendida bajo las reglas de la acumulación de procesos.
La empresa FCC supuestamente pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre 2009 y 2014 para el reordenamiento vial en la capital.
Estos detalles fueron suministrados a la Fiscalía Especial Anticorrupción por Julio Casla y Eugenio Del Barrio, colaboradores de FCC.
Bajo juramento, ambos declararon al Ministerio Público que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Pepe Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014 debían “pagar una coima del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos. Los colaboradores de FCC señalaron que esto también se hizo con otras empresas, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco.
Estas constructoras, dijeron los colaboradores de FCC, se reunieron en las oficinas de Odebrecht en el edificio Torre de las Américas para repartirse las obras del reordenamiento vial, así: FCC: vía Brasil tramo I y II; consorcio Ica-Meco: trabajos en la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht: proyecto de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá.
Fuentes de la fiscalía informaron que están analizando qué tipo de recurso legal presentarán contra el fallo del Segundo Tribunal.
