Este viernes 26 de febrero se presentarán las ofertas para la compra más importante de medicamentos del país por parte de la Caja de Seguro Social (CSS). Pero el pliego de cargos ha sufrido cambios que podrían generar un desabastecimiento de medicinas, advierten distribuidores, mientras los pacientes abrazan la medida.
Se trata de la compra de 433 reglones de distintos medicamentos, por un monto mínimo de $160 millones, mediante la cual se pretende asegurar los precios y distribución de medicinas durante doce meses, de acuerdo con la “licitación pública 01-2020, fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega según necesidad y requerimientos de medicamentos y sustancias controladas”.
En esta importante compra, la CSS adquiere el 70% de los medicamentos de su cuadro básico, con la expectativa de una disminución de los precios respecto a la última licitación, destaca la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis).
Sin embargo, hay nuevos requisitos, si se compara con la pasada compra “de precio único”, No. 1-2017, efectuada en 2018, y con vigencia de tres años (hasta 2020).
Las nuevas exigencias cierran la puerta para que participe en la más importante licitación de la CSS el mayor fabricante del mundo de medicinas: la India, así como a distribuidores panameños que en años anteriores sí participaron del acto público.
Ahora, además del certificado de intercambiabilidad del medicamento que otorga la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud –documento que indica que un medicamento genérico tiene la misma eficacia terapéutica que uno de referencia y por ende son intercambiables–, la CSS exige un certificado que pruebe que el producto se vende en Estados Unidos (FDA) o en la Unión Europea (EMA) o en un país de alto estándar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Noruega, Francia o Canadá.
Normalmente, este último requisito se recomienda para los medicamentos de alto riesgo, ya que así se garantiza su calidad, pues, además de tratar una enfermedad, pueden comprometer la vida de paciente.
La Aredis explicó que hace unos cinco años, la CSS solicitó –por primera vez– las certificaciones de EMA o FDA para productos de alto riesgo (la concentración de un fármaco que puede provocar efectos indeseables o letales) y para los biotecnológicos, y aunque la Contraloría y el Ministerio de Salud objetaron dicho requisito, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a los pacientes que abogaron por la medida para esos productos.
Sin embargo, ahora se está exigiendo las mismas certificaciones para medicamentos de riesgo medio y bajo.
Es decir, que un medicamento maduro, que tiene de 10 a 20 años en uso, que perdió su patente y que se ha comprobado su bajo riesgo, como –por ejemplo– el omeprazol (para aliviar la acidez estomacal), ahora, además de su certificado de intercambiabilidad, debe aportar las certificaciones de la FDA o de EMA o el certificado de venta en un país de alto estándar, como se describe en la adenda No. 2 del acto público de mañana.
“La gran ventaja de esa exigencia es que asegura que los pacientes recibirán medicamentos de calidad bien comprobada, más que el certificado de intercambiabilidad (que se aplica a tabletas y cápsulas) solamente. Esta exigencia cobra mayor importancia en aquellos productos con estrecha ventana terapéutica, es decir, aquellos productos cuya dosis no puede variar, tiene que ser precisa. La primera gran desventaja es que, desafortunadamente a Panamá no llegan muchos productos con esa certificación de EMA y/o FDA, por lo que posiblemente varios renglones quedarán desiertos de oferentes, de mantenerse esa exigencia. En otras palabras: habrá faltantes”, advirtió la Aredis, presidida por Lucas Verzbolovskis.
“La otra gran desventaja es que siendo esos requisitos costosos de conseguir, los precios que la CSS pagará serán superiores a lo que han pagado anteriormente y superior a lo presupuestado”,. afirmó el gremio de comerciantes de medicinas.
En otras palabras, la CSS no podrá ofrecer la totalidad de sus cuadro básico de medicinas y, en otros caso, tendrá que pagar mucho más de lo que pretende pagar ahora.
El desabastecimiento provocará –explicó a La Prensa otro agente del mercado– que la entidad tenga que hacer compras aisladas y a mayor precio, obviamente, por razón de un menor volumen de compras.
Pero hay más cambios que se aprecian en una decena de cartas con observaciones, publicadas en el acto público de Panamá Compra.
Varios distribuidores han pedido a la CSS corregir la cantidad de medicamentos a comprar, ya que en muchas ocasiones el consumo es menor. También el precio, pues es inferior al de la licitación de precio único anterior. Además, piden que sea precisa en la cantidad que comprará, porque se establece un rango de compra, lo que generaría para un fabricante el desecho de parte de su producción.
Un agente comercial que pidió reserva de su identidad explicó que esta adenda busca favorecer a un laboratorio en particular, pero prefirió omitir su nombre, y no garantiza la calidad de las medicinas de riesgo moderado o bajo, porque –como en el caso del omeprazol– están comprobados.
En estas compras “el modelo de la CSS era que los medicamentos de alto riesgo salen de las licitaciones regulares y se adjudican en las licitaciones de precio único de riesgo alto, y por separado. Esto [licitación] va a generar falta de proponentes y a encarecer los precios, porque no se comprará el genérico, sino el de una marca en particular”, explicó la fuente.
Añadió que los medicamentos genéricos equilibran los precios y favorecen la competencia, ya que los laboratorios con una patente exclusiva pueden exigir el precio que deseen.
“Ha sido un error mezclar estas dos licitaciones [de medicamentos de riesgo alto con los otros] ya que los requisitos de ambas eran distintas” describió, a su turno, Gennaro Marino, distribuidor de medicamentos.
Una empresa que se haya ganado por primera vez –en la licitación No. 01-2017– un reglón con un certificado de intercambiabilidad y que haya suplido durante 3 años a la CSS, “de manera perfecta, con un producto de excelente calidad, pero que solo vende en Centroamérica”, no podrá participar en esta nueva licitación, de acuerdo con el nuevo requisito, ya que solo ha surtido durante 3 años a la CSS, y no entre 5 y 10 años, y tampoco vende a países de alto standard.
La adenda No. 2 exige, además, tener una certificación de que el medicamento se haya vendido durante cinco o más años en instalaciones públicas de salud. “Aquí la CSS perdió, ya que dejó de tener un buen producto ya probado y seguramente el que adquiera será más caro”, concluyó Marino.
La Prensa envió un cuestionario a la CSS el pasado lunes para conocer el motivo de la adenda, entre otras preguntas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Faustina Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas dijo que, como pacientes, esperan consumir medicinas de calidad, confiable y que en esto no hacen distinción, si es de riesgo mayor o menor. “El asunto es que se está consumiendo un medicamento y que por muy leve que sea el riesgo puede provocar un daño”.
Consultada sobre esta medida, dijo que que le gustaría saber si la CSS tuvo alguna mala experiencia que motivara este cambio.
India se queja
El embajador de la India en Panamá, Upender Rawat, envió una carta al ministro de Salud, Luis Sucre, con copia a 13 entidades, entre estas, la Presidencia de la República y la CSS, en la que asegura que, tras una reunión con farmacéuticas indias en Panamá, estas advirtieron que el mayor comprador del Estado, la CSS, ha impuesto un “requisito discriminatorio”.
La nota –de dos páginas, fechada el pasado 12 de febrero– cita los requisitos de EMA y FDA y los problemas que hay para obtenerlos, y que el certificado que demuestre la venta de más de 5 años a instalaciones de salud de Panamá lo consideran contrario a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
“La necesidad de ser proveedor durante, al menos cinco años, durante los últimos diez años en instalaciones públicas del sector salud en Panamá está diseñada directamente para excluir nuevos proveedores y continuar el monopolio de los proveedores existentes. No tiene relación con la eficacia y estabilidad de un fármaco...”, advierte la misiva, que pide equidad eliminar esos requisitos.
La Prensa intentó obtener mayores detalles de la sede diplomática india en Panamá, pero únicamente confirmó la autenticidad de la misiva, e indicó que era un asunto que abordan de forma directa con las autoridades.
