El contrato para la rehabilitación del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta) fue refrendado por el contralor general de la República, Gerardo Solís, el 20 de octubre de 2020.
Sin embargo, hay cuestionamientos en el proceso de adjudicación de la obra, pues empresas que conforman el consorcio ganador tiene los mismos directivos y agentes de representación que la Constructora Pirenaica, S.A., inhabilitada en 2018 para contratar con entidades estatales.
El Ministerio de Cultura (Mi Cultura) adjudicó el contrato en enero de 2020 al Consorcio Cen Museo Marta, conformado por EASA-Sucursal Panamá, S.A., Natur-System Sucursal Panamá y Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A.
La obra, valorada en $14.7 millones, se desarrollará mediante un contrato de préstamo y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dos de las empresas que conforman el consorcio: EASA-Sucursal Panamá y Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales S.A., comparten directores, apoderados y agente residente, y estos son los mismos listados bajo la empresa Constructora Pirenaica, S.A., Sucursal Panamá.
Dicha empresa fue inhabilitada para contratar con entidades del Estado el 19 de octubre de 2018, tras un resuelto del Ministerio de Educación por incumplimiento de contrato en la construcción de un centro educativo en Arraiján, Panamá Oeste. La inhabilitación fue presentada en 2018 y tiene una vigencia de tres años; hasta octubre de 2021.
De hecho, esta inhabilitación ya había impedido que la empresa se hiciera con el contrato para la restauración del Marta. En 2018, Constructora Pirenaica, S.A. ofertó $10.7 millones para completar la obra. Ese contrato, fue devuelto sin refrendo en diciembre de 2018 por el entonces contralor Federico Humbert, quien en la resolución de cancelación citó la inhabilitación mencionada.
Benefactores del Patronato del Marta, creado en 2017, enviaron una carta al titular de Mi Cultura, Carlos Aguilar, en la que detallaron la relación de la inhabilitada Constructora Pirenaica, S.A., con las empresas que conforman el consorcio.
“Si bien nuestra actual legislación no impide que directores y dignatarios de una empresa inhabilitada formen o participen en licitaciones bajo otra razón social no inhabiltiada, en nuestra historia reciente abundan tantos casos de cuestionables contrataciones públicas que estas coincidencias son alarmantes...” dice la misiva, firmada por el presidente del Patronato, Horacio Icaza, y fechada el 11 de febrero de 2020.
También plantea que el precio ofertado por el consorcio ($14.7 millones) es 22% más alto que el de referencia y 37% más alto que la oferta ganadora en 2018.
En respuesta, la directora de Asesoría Jurídica de Mi Cultura, María Luisa Lindo, envió una carta en la que alegó que la inhabilitación de una empresa no afecta a las otras. “La licitación se efectúa conforme a los procedimientos de licitación pública internacional establecidos...”, indica la carta, fechada el 11 de marzo de 2020.
Seis meses después de este intercambio y 22 días más tarde de que la compra fuera refrendada por la Contraloría, 5 benefactores del Patronato del Marta pusieron sus cargos a disposición. “Los términos de servicio de todos los benefactores que servimos como directores y dignatarios del Patronato han expirado”, argumentaron.
Por su parte, tras una publicación de Foco Panamá en la que se plasman estos cuestionamientos sobre la contratación, Aguilar circuló un mensaje en el que aseguró que el acto público se realizó “bajo los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Ley 22 de Contrataciones Públicas”.
Agregó que la junta directiva del Patronato “no ha renunciado y no ha hecho denuncias”.
Explicó a este medio que poner los cargos a disposición no es lo mismo que renunciar y que no se han hecho cambios en la directiva del Patronato.
