Pese a que los diputados de la Asamblea Nacional acogieron planteamientos que hizo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en el veto parcial al proyecto de ley 314, que establece políticas públicas en materia de salud mental, ayer el documento fue bajado de tercer a segundo debate.
¿La razón? Las quejas planteadas por profesionales de la psicología, algunos aglutinados en la Asociación Panameña de Psicólogos, quienes consideran que artículos de esta propuesta afectan la seguridad del ejercicio profesional en la atención a la salud mental. La mayoría de las quejas apuntan a los artículos 13 y 17 de esta iniciativa que llegó al palacio Justo Arosemena de la mano del independiente Gabriel Silva.
La polémica
El artículo 13, relacionado a la salud mental en los centros educativos, establece que el “ministerio de Educación (Meduca) y las universidades, con asesoría del Ministerio de Salud (Minsa) y con participación de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, diseñarán e implementarán actividades de promoción de la salud mental, de prevención de estos trastornos ... en todo el país”.
A su vez, indica que el Minsa, el Meduca, y las universidades podrán elaborar planes y proyectos para prevenir y controlar daños a la salud mental en sus organizaciones y en las comunidades, y vigilarán su cumplimiento. Esta redacción, que fue recomendada por el Ejecutivo, a juicio de profesionales de psicología, no los toma en cuenta para el trabajo de estas guías. Sobre el artículo 17, que habla sobre la solicitud de certificados de salud mental, el Ejecutivo dejó claro a la Asamblea Nacional que es el Minsa el responsable de velar por la salud pública de la población, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución. Por lo que, sustentó, no se puede prohibir la solicitud de “certificado de salud mental”, ya que esta debe ser expedida por el personal idóneo y constituye una herramienta de gran valor para evitar situación de riesgo, tanto para el individuo objeto de este análisis, como para el desempeño de un cargo u oficio.
En base a ello, la Comisión de Salud decidió modificar el artículo 17, así: “el Ministerio de Salud establecerá protocolos para que las evaluaciones de salud y las certificaciones de la salud mental, que en todos los casos serán hechas por psiquiatras idóneos del sistema público o privado con el objetivo de prevenir y controlar daños a la salud individual, familiar y colectiva, y para el ejercicio de actividades que comporten riesgo para la seguridad, bienestar y derechos humanos de la población’
Sin embargo, la redacción de este artículo, a juicio de la psicóloga clínica María del Pilar Leis Arce, pone en riesgo el ejercicio de la psicología. Manifestó que el Ministerio de Salud y otras instituciones han “minimizado” y “anulado” el rol del psicólogo en el ejercicio de la salud mental en Panamá. “Esta ley afecta la calidad y seguridad del ejercicio profesional de la atención a la salud mental”. señala. Se trata, dijo, de un campo sumamente delicado en el que se puede hacer daño a pacientes mediante una mala praxis.
Este medio conoció que al proyecto se le harán correcciones en varios artículos. Por ejemplo, se plantea incluir en el artículo 17 que los profesionales idóneos de la salud mental son “psicólogos” y “psiquiatras”. Actualmente, solo habla de los psiquiatras.
Las quejas de Cortizo
A finales del año pasado, el Ejecutivo consideró inconveniente los artículos 4, 12, 13, 17 y 21 del proyecto.
Aseguró que era necesario ampliar los vocablos técnicos definidos en el glosario del proyecto y analizar los lineamientos internacionales adoptados en el tratamiento de salud mental. Pidió mejorar la redacción de los artículos 12 y 13. Del artículo 12, comentó que donde dice “alternaciones”, debe decir “alteraciones”. En cuanto al artículo 13 señaló que la frase “por conducto del Ministerio de Educación” debía decir “en conjunto con el Ministerio de Educación”.
Para el mandatario, las correcciones de la redacción son necesarias “habida cuenta que, de lo contrario, se alteraría el sentido del objeto perseguido con la implementación de las políticas públicas de salud mental a las que se refieren estas disposiciones”.
Mientras que el diputado Silva, quien espera que la próxima semana el pleno retome el debate del proyecto 314, recordó que la propuesta busca garantizar el derecho a la salud mental del individuo mediante la promoción, la prevención y el tratamiento de trastornos mentales.
También recordó que establece los lineamientos prioritarios para el Estado en esta materia, mecanismos, que deben ser implementados junto a otros actores estatales y privados.
Una de las claras consecuencias del deterioro de la salud mental en Panamá y el mundo son los suicidios. Estudios señalan que en el país la prevalencia de esta flagelo se mantiene constante en los últimos años, siendo de alrededor de 3.1 por cada 100 mil habitantes, un poco menos que el promedio de Centroamérica, cuya tasa es de 5.1 por cada 100 mil personas. Los suicidios son más frecuentes en la edad productiva (20 a 60 años).
