El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, en una medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el Legislativo, que en respuesta juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una crisis política no se tradujo, de momento, en caos: la bolsa y el dólar seguían estables y todas las actividades se desarrollaban con normalidad.
Tras disolver el parlamento, que estaba controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra dijo que convocará a elecciones para el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.
El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban custodiados por la policía, y con más restricciones de ingreso que las habituales.
A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”.
La cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una “violación de la Constitución y al sistema democrático”. Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un “golpe de Estado”.
El pasado lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la “la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”, aunque consideró “conveniente” que la polarización política “la resuelva el pueblo en las urnas”.
Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, según la ley.
Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos ayer con su pasaporte oficial.
La organización de empresarios privados, la Confiep, expresó su “enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático que ha perpetrado el presidente”, que “ha sumergido al país en una grave incertidumbre”.
Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.
El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario.
“En Perú no hay dilema de dos presidentes. Hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra”, dijo el excanciller Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.
Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht.
Aráoz, economista y exministra del difunto presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), fue juramentada la noche del lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea, pero hasta ayer no había recibido el reconocimiento de ningún país.
De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.
La crisis política se gestó hace tres años en Perú cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori.
Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018.
Fue sustituido por Vizcarra, quien era su primer vicepresidente. La segunda era Mercedes Aráoz.
