Una querella ante la secretaría general de la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, presentó el exmandatario Ricardo Martinelli (2009-20014) contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz y Jerónimo Mejía.

Martinelli reclama, además, un pago de $10 millones −–$5 millones a cada uno– por presuntas afectaciones de carácter personal, familiar y patrimonial por sus actuaciones en el proceso de los pinchazos.

Como parte de las “pruebas”, Martinelli aportó la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ese grupo, que no visitó el país y se basó en la información proporcionada por el interesado, señaló que la detención preventiva de Martinelli en el caso de los pinchazos fue arbitraria.

Además, adjuntó el fallo del Tribunal de Juicio (integrado por los jueces Raúl Vergara, Roberto Tejeira y Arlene Caballero) que el 9 de agosto pasado declaró “no culpable” a Martinelli por los presuntos delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

Este caso aún está pendiente de un recurso de casación presentado ante la Corte por el Ministerio Público.

Por ser magistrados de la Corte, Mejía y Díaz serían investigados por la Asamblea Nacional. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, que preside el perredista Roberto Ábrego, tendría que decidir si hay méritos para procesar a los magistrados.

Mejía actuó como juez de garantías en el caso de Martinelli mientras que Díaz fue el fiscal antes que la Corte, en fallo mayoritario (7- 2) declinara competencia en el Tribunal de Juicio el 7 de diciembre de 2018, alegando que el expresidente había renunciado a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano en junio de ese mismo año.

Mejía está en la lista de los aspirantes a magistrados de la Corte, designación que anunciará al presidente de la República, Laurentino Cortizo, el próximo lunes 25 de noviembre.

De hecho, Martinelli apuntó a Mejía. Su designación, dijo, “sería el acabose para este país”.

Durante su actuación como magistrado juez de garantías, Mejía sustentó la competencia de la Corte para procesar a Martinelli.

El abogado de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, quien lo acompañó a la Asamblea a presentar la querella, señaló que Mejía y Díaz ocultaron pruebas a su cliente. Se refirió a la identidad del testigo protegido que declaró en el caso de los pinchazos.

Martinelli solicitó, además, que especialistas de psicología y psiquiatría del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses le practiquen un peritaje para que determinen los perjuicios.

Según Camacho, la actuación de Mejía y Díaz impidió que se conociera “realmente” quiénes eran los autores o responsables de los “supuestos” espionajes, y que se debió llamara a responder judicialmente a Rolando López, director del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).

Por los “supuestos” espionajes mencionados por Martinelli, hay dos personas condenadas desde enero de 2019: Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, ambos directores del Consejo de Seguridad Nacional en su gestión. Pérez y Garuz fueron condenados a 60 meses de prisión. La sentencia fue apelada.

Consultado al respecto, el magistrado Díaz señaló: “El que no la debe no la teme. El señor Martinelli puede interponer las demandas que considere. Yo estaré en el país para enfrentar todo lo que se le ocurra inventar. No será necesario una extradición ni fingiré padecer de 100 enfermedades, de las cuales gracias a Dios ya se curó milagrosamente desde el vergonzoso fallo del 9 de agosto”.

Además, Díaz recordó que en el juicio oral, Martinelli renunció a evacuar un sinúmero de pruebas. “¿Cómo ahora puede señalar que le ocultaron pruebas?”, cuestionó.

Preocupación en la SIP por demandas millonarias

En su reunión de octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó el “abuso del sistema judicial” por parte del expresidente Ricardo Martinelli con la presentación de querellas penales y demandas civiles en contra de periodistas y medios de comunicación.

“Las exorbitantes sumas que vienen siendo reclamadas a través de estas acciones legales contra los medios podrían generar un clima de autocensura con consecuencias lamentables para la democracia”, señaló el organismo internacional.