A las 5:10 p.m. del 19 de julio de 1994 partió del aeropuerto Enrique A. Jiménez, en France Field, Colón, con destino a la ciudad de Panamá, la aeronave HP-1202AC, un bimotor turbohélice Bandeirante modelo EMB 10 fabricado por la empresa brasileña Embraer y propiedad de la compañía Alas.
La nave era pilotada por el capitán Edmundo Delgado, oficial activo del Servicio Aéreo Nacional (SAN) y estudiante de derecho de la Universidad de Panamá.
Alas era el nombre recién renovado de la compañía Alas Chiricanas, una empresa de aviación local con varios años de servicio en el país, que hacía su relanzamiento en grande.
Alas había abierto recientemente oficinas internacionales en el aeropuerto Marcos A. Gelabert, que para entonces funcionaba en el sector de Paitilla, donde hoy se levanta el centro comercial Multiplaza Pacific, en el centro de la ciudad.
Contaba en su flota, entre otros, con aviones DeHaviland Dash-7, de fabricación canadiense, con capacidad para 50 personas cada uno.
A partir del 5 de julio de ese año, la línea aérea había anunciado el inicio de vuelos diarios internacionales desde Paitilla a San José, Costa Rica, manteniendo la ruta David-San José, y proyectaba abrir rutas hacia Managua, Nicaragua, y Cartagena de Indias, Bogotá, Cali y Medellín, en Colombia.
A bordo del Embraer iban 21 personas (18 pasajeros y 3 tripulantes). 12 de los ocupantes eran empresarios de la Zona Libre de Colón, de origen israelí.
Apenas 10 minutos después del despegue, a las 5:20 p.m. un fogonazo, seguido por una fuerte explosión, se vio y se sintió sobre las montañas de Santa Isabel, en la provincia atlántica.
La aeronave desapareció de los radares y perdió toda comunicación con la torre de control. En un paraje rural de Colón cayeron los restos del avión. No hubo sobrevivientes.
El hecho causó consternación en el país, dada la prominencia de la mayoría de las víctimas.
En primera instancia se sospechó de la posibilidad de un accidente.
Sin embargo, las investigaciones pronto se encargarían de mostrar que era algo peor. Una bomba compuesta por una combinación de explosivos plásticos (Semtex y EGDN), activada por un radio Motorola P-500 escondido en un maletín de mano, había hecho volar en pedazos la aeronave. Un atacante suicida, que iba en el avión, la habría accionado.
Era la primera vez que en el país ocurría un atentado de tales características. Hasta la fecha sigue siendo el peor.
LAS INVESTIGACIONES
Hubo mucha especulación y conjeturas durante los primeros días tras el atentado, lo que enrareció el ambiente y no brindó claridad sobre los hechos.
Las dos principales hipótesis eran que el atentado había sido producto de un ataque terrorista por parte de algún grupo radical islámico e iba dirigido indiscriminadamente a la comunidad judía.
La otra, que el ataque era algún pase de factura de organizaciones de narcotraficantes colombianos contra alguno de los pasajeros del avión.
La última provocó mucha incomodidad e inquietud entre las familias de los fallecidos. Y nunca llevó a ninguna parte.
Un cuerpo no identificado había quedado de último sin reclamar entre los rescatados de la tragedia.
Según la lista de pasajeros, ese cuerpo correspondía a Jamal Lya, un presunto ciudadano de origen libanés. Algunos testimonios daban cuenta de que el hombre no hablaba inglés ni español, y había viajado varias veces en la misma ruta en días anteriores.
La situación sospechosa de Jamal se juntó con el hecho de que 24 horas antes del atentado al avión de Alas, en Buenos Aires, Argentina, un grupo terrorista había dinamitado la sede de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), matando a 85 personas, en el peor atentado terrorista ocurrido hasta hoy en América Latina.
Poco después, un autoproclamado grupo fundamentalista islámico denominado Ansar Allah (Los leales a Dios) se atribuyó ambos hechos. A medida que la investigación avanzó, esa pista se desvaneció.
La pista había surgido aparentemente de la publicación en un periódico libanés, donde el grupo se hacía responsable, tanto del ataque aéreo en Panamá como del de la mutual judía en Buenos Aires. Sin embargo, no se pudo identificar a ninguna organización con ese nombre ni a sus responsables. La pista, aparentemente, era falsa. O era una fachada para esconder a los verdaderos perpetradores del bombazo.
Las investigaciones adelantadas al inicio por la Fiscalía Primera Superior, en ese entonces a cargo de Juan Antonio Tejada Espino, siguieron la pista del atentado terrorista por parte de grupos radicales islámicos no identificados.
Los funcionarios del Ministerio Público se sucedieron sin que hubiese mayor adelanto en este caso.
En 2001, en el Ministerio Público se habló de una recompensa de $5 millones que se le otorgaría a la persona que proporcionara información cierta que ayudara a resolver el caso.
Pero aparentemente no apareció nadie que pudiese merecerla.
En 2003, la fiscalía, para entonces a cargo de Maritza Royo, anunció la reactivación de las investigaciones al obtenerse nueva información proveniente de Argentina en la que parecía establecerse un nexo más claro entre el atentado en Panamá y el perpetrado contra la AMIA.
En 2006, el Segundo Tribunal de Justicia concedió un sobreseimiento provisional a un kuwaití, un jordano y un panameño que habían sido investigados en relación a este caso.
Muchos años atrás, las autoridades migratorias en Costa Rica habían detenido e interrogado a dos ciudadanos iraníes, que fueron liberados poco después sin que se les hallase ningún vínculo con lo acontecido en Colón.
En 2006, el tribunal decidió no cerrar el caso a la espera de nueva evidencia.
Desde entonces no ha habido avances conocidos, pese al permanente interés de las familias de las víctimas en que se aclare lo sucedido.
En las pesquisas han participado, además de las autoridades panameñas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos e investigadores de Israel y Brasil (en su etapa inicial, al ser la aeronave de fabricación brasileña).
18 años después, el misterio de este crimen sigue en el aire.
La onda expansiva se sintió como un terremoto en varias cuadras a la redonda. Los vidrios estallaron, los automóviles volaron por los aires. Un edificio entero se vino abajo como un castillo de naipes. El bombazo no hizo diferencias de religión ni origen étnico.
El 18 de julio de 1994, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, una institución de beneficencia, fue objeto de un atentado con explosivos, uno de los peores ocurridos en América Latina.
Hubo 85 personas muertas. 300 heridas. Y una sensación de miedo e impunidad que perdura. Después de años de investigaciones, negligencia, pistas falsas, tensiones, idas y vueltas políticas y diplomáticas, en 2006 la justicia argentina acusó formalmente a agentes del Gobierno de Irán y a ejecutores de la organización Hezbollah de ser los responsables del atentado.
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