El alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, recibirá pagos mensuales por el orden de $10 mil 400, poco más de lo que gana un magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así se desprende del Acuerdo Municipal N° 44 del 14 de diciembre de 2021, que aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal de 2022, que será de $26.6 millones.
Los ocho concejales aprobaron para ellos y el alcalde gastos de movilización de $5 mil cada uno. Además, incluyen a otros funcionarios, lo que da una suma anual en este concepto de casi medio millón de dólares, superior a los que se destinará en plazas y parques.
Arraiján: $499 mil 500 en gastos de movilización
El Consejo Municipal de Arraiján aprobó un presupuesto de $26 millones 93 mil 71 para la vigencia fiscal del 2022, según consta en el Acuerdo N° 44 del 14 de diciembre de 2021.
Si bien es un presupuesto que se reduce en más de 3 millones con respecto al de de 2020, aprobado antes de la pandemia, resalta que un gasto que no varía es el de movilización del alcalde y los ocho representantes de corregimientos: $5 mil al mes, cada uno.
En el documento se detalla que para este año el alcalde de Arraiján, el perredista Rollyns Rodríguez, recibirá en los 12 meses $60 mil dólares en concepto de gastos de movilización. Igual monto recibirán los concejales.
En el caso de Rodríguez, hay que sumarle los 4 mil de salario y los mil 400 de gastos de representación, lo que da un total de 10 mil 400 dólares en ingresos al mes, que pagan los contribuyentes del distrito.
También se beneficiarán de los gastos de movilización la vicealcaldesa Iveth Sánchez, que recibirá $2 mil al mes por este concepto, y el secretario general de la Alcaldía, el jefe de Cultura, el jefe de Aseo Urbano, el tesorero y el subtesorero ($300 mensuales, cada uno). El gasto se extiende a los directores de Desarrollo y Política Social y de Servicios Municipales, y al jefe y el coordinador de Proyectos.
Los ediles
Los ocho representantes de corregimiento (Arraiján cabecera, Burunga, Veracruz, Juan Demóstenes Arosemena, Cerro Silvetre, Santa Clara, Nuevo Emperador y Vista Alegre), que conforman el Consejo Municipal de Arraiján, también tendrán gastos de movilización de $5 mil cada mes.
En el presupuesto, además, se dispuso pagar bajo este concepto a los siguientes funcionarios del Concejo: el secretario general ($600), la subsecretaria ($250), un abogado consultor ($600), el relacionista público ($150) y el secretario auxiliar ($125).
Según el documento, estos dineros comprenden gastos de pasajes y fletes para atender el traslado de funcionarios y de bienes dentro del territorio nacional. Sustentan que el concepto de transporte abarca todos los medios de movilización terrestre, aéreo, marítimo, fluvial e incluso el arriendo de carga.
En total, Arraiján destinará $499 mil 500, mucho más de lo que se proyecta invertir en construcción de avenidas y calles ($399 mil 256 dólares) o en parques, plazas y jardines ($330 mil 460).
Celebraciones
En el documento también se detallan gastos para al menos 13 celebraciones que tiene planeada la Alcaldía para el 2022, en las que el gasto asciende a $113 mil.
Del total se asignaron para el día de la etnia negra ($2 mil), el día del padre ($4 mil), las actividades de aniversario del distrito ($35 mil), un desfile ($20 mil) y una fiesta de Navidad ($10 mil), entre otras celebraciones.
Para inversión fueron asignados $2 millones 519 mil 608, que se distribuirán entre las ocho juntas comunales para una población de unos 300 mil habitantes.
Se hicieron tres llamadas al celular del alcalde Rodríguez, pero no respondió.
Solís defiende la actuación de autoridades locales
El pasado 5 de enero en el pleno de la Asamblea Nacional, en un informe sobre su gestión 2020-2021, el contralor general de la República, Gerardo Solís, hizo alusión a las licencias con sueldo a alcaldes y representantes, así como a la asignación del presupuesto de funcionamiento de los gobiernos locales.
Según el fiscal de las finanzas públicas, los artículos 72 y 83 de Ley 37 del 29 de junio de 2009, que descentraliza la administración pública, amparan esta práctica, que ha sido criticada especialmente en tiempos de pandemia, dado que miles de panameños han perdido su empleo.
En cuanto a la asignación del desglose del presupuesto de funcionamiento de los gobiernos locales, el contralor destacó que todo está fundamentada en las leyes 105, que organiza las juntas comunales y señala sus funciones, y 106 sobre régimen municipal, ambas de 1973. En estas dos leyes, según Solís, “se efectúa un control previo en franco ejercicio de nuestras funciones”.
En la Asamblea hay dos iniciativas de ley que buscan eliminar la prerrogativa de 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento que cobran doble salario. Igualmente, ante la Corte Suprema se presentó una demanda contra la ley que permite la figura del doble salario.
Hasta ahora se desconoce si Solís ha presentado alguna demanda o apoya este tipo de iniciativas, en atención al numeral 7 de la Constitución, que faculta al contralor a demandar “leyes y demás actos” que afecten patrimonios públicos.
