La operación Furia, efectuada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, habría dejado al descubierto el supuesto desvío de al menos 86 armas de fuego pertenecientes a estamentos de seguridad del Estado, que luego habrían sido vendidas a terceras personas por exfuncionarios policiales y del Consejo de Seguridad Nacional.
El fiscal Emeldo Márquez reveló en conferencia de prensa que el día de ayer fueron practicados 28 allanamientos en las provincias de Panamá, Veraguas y Panamá Oeste, y se ordenó la aprehensión de 19 personas, entre ellas, altos exfuncionarios de seguridad del Estado.
Durante los allanamientos, la fiscalía decomisó 34 armas de fuego y municiones, entre estas, 13 fusiles de guerra, 1 rifle, 16, pistolas de diferentes calibres, 4 escopetas y más de 2 mil municiones de distintos calibres.
La investigación se inició en marzo de 2019 y se remonta hasta el año 2012. Las personas señaladas son investigadas por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de armas de fuego.
Como parte del proceso, la fiscalía investiga al exsecretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Rolando López (2014-2019), cuya residencia, ubicada en Río de Jesús, en la provincia de Veraguas, fue allanada en horas de la mañana de ayer.
Ángel Álvarez, abogado de López, aseguró que su cliente entregó dos armas de fuego con sus respectivos permisos.
Álvarez detalló que en el año 2016 el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) recibió a título de donación un lote de armas de fuego para que fueran usadas como muestras. Sin embargo, López se percató de que esos equipos tenían como usuario final otra institución del Estado e inmediatamente ordenó su devolución.
Consideró que en este caso pudo haber existido alguna violación de normas de procedimiento, pero de ninguna manera se le pueden formular cargos a su cliente por la presunta comisión del delito de tráfico de armas.
Durante el día de ayer, Álvarez solicitó una audiencia de afectación de derechos ante un juez de garantías en la provincia de Veraguas, pero el fiscal no asistió y la diligencia fue pospuesta para el día de hoy.
Mientras tanto, Herbert Young, abogado del representante del corregimiento de Bella Vista, Ricardo Ricky Domínguez, cuya casa también fue allanada ayer, confirmó que su cliente compró dos pistolas con su respectivo permiso y que hizo entrega a la fiscalía de ambas armas y de los permisos.
Young aseguró que su cliente actuó como un comprador de buena fe y que por ello no se le puede acusar de tráfico de armas.
Afirmó que Domínguez está dispuesto a entregar toda la información relacionada con esa transacción.
De hecho, ayer divulgó un comunicado a través de las redes sociales, en el que hizo referencia a una de las armas y aseguró que “está legalmente registrada por las autoridades competentes y con todos los permisos requeridos por las leyes de la República de Panamá”.
“Dicha arma fue adquirida por mi persona mediante una transacción comercial privada, dentro del marco legal que rige el uso y tenencia de la misma, por lo cual he girado instrucciones a mis abogados para que interpongan los recursos que admite el caso, al tiempo que ofreceré toda la cooperación que requieran las autoridades para dilucidar cualquier duda al respecto”, dijo.
El fiscal precisó que ningún funcionario de elección popular o exministro está detenido como parte de la investigación.
Otros señalados
En este caso también se investiga al exdirector de la Policía Nacional Omar Pinzón, al también exdirector de la Policía y exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Julio Moltó y a otros exfuncionarios policiales.
Pinzón quedó aprehendido anoche.
De acuerdo con el fiscal Márquez, los aprehendidos serán llevados a audiencia de imputación en las próximas horas.
Precisó que las armas fueron compradas con fondos del Estado, pero luego se vendieron a terceras personas de manera ilegal, aunque no especificó el monto de la transacción.
También detalló que aún se realizan operativos para ubicar el resto de las armas que faltan, para lo cual están trabajando coordinadamente con la Policía.
El director de la Policía, Jorge Miranda, quien participó en la conferencia de prensa, acotó que de las 34 armas recuperadas hasta ahora, tres no tenían permiso alguno “y siete lo tienen, pero está en verificación”.
A la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada se apersonó el exministro de Seguridad Pública Rodolfo Aguilera Fransechi, quien explicó que, como abogado, representa a empresarios que adquirieron armas y que fueron requeridos por el despacho de instrucción, pero no detalló sus identidades.
Esta nota fue modificada a las 2:00 p.m. del miércoles 15 de julio de 2020. En su texto original, se informó equivocadamente que Julio Moltó se encuentra aprehendido...
