Mientras la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información avanza en su proceso de consultas para proponer cambios a la Ley de Transparencia, en la Asamblea Nacional (AN) se preparan para discutir esta semana tres iniciativas que pretenden hacer modificaciones a la Ley 6 de 2002.
Olga De Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, una de las organizaciones que impulsó la creación de esta norma, señaló que cualquier modificación requiere de amplias consultas, ya que se trata de un tema que atañe la democracia.
El próximo miércoles 11 de marzo se tiene previsto el primer debate de un proyecto que fusionaría tres iniciativas de diputados.
Reformas a la Ley de Transparencia
Después de 18 años de su creación, la Asamblea Nacional plantea hacer cambios a la Ley 6 de enero de 2002, que dicta normas sobre transparencia y acceso a la información pública.
Las propuestas para hacerle reformas a esta norma llegaron al Legislativo de la mano de diputados de diferentes bancadas.
Se trata de tres proyectos de ley que plantean, entre otras cosas, que las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios sean públicas; que se incluya como información de acceso público el presupuesto de las instituciones, los cambios y los traslados de partidas y las actas de las reuniones de junta directiva de empresas propiedad del Estado.
Por ahora, una subcomisión se encarga de discutir estas propuestas, que se encargará de hacer un informe para la Comisión de Gobierno, que pretende darle primer debate el próximo miércoles 11 de marzo.
La subcomisión, que dirige el diputado por libre postulación, Gabriel Silva, acordó que hasta hoy, a través del correo c_gobierno@asamblea.gob.pa, recibirán propuestas de reformas que serán planteadas durante el primer debate.
Mientras, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), también adelanta consultas para proponer reformas a la Ley 6 de 2002.
Actas serían públicas
Una de las propuestas presentada al Legislativo es de la perredista Zulay Rodríguez, que plantea modificar el artículo número 1 de la norma para que no puedan ser divulgadas por un periodo “máximo no renovable de 5 años”, las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones y actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente o Vicepresidente de la República, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos, así como la transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la Asamblea cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los numerales anteriores.
Tampoco podrán ser divulgadas por un periodo “máximo no renovable de 10 años” las informaciones relativas a la seguridad nacional, manejada por los estamentos de seguridad, los asuntos relacionados con procesos jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, así como información sobre investigaciones del Ministerio Público, la Fuerza Pública, la Dirección de Investigación Judicial, la Dirección General de Aduanas, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y la Autoridad de los Servicios Públicos.
En el documento se deja claro que “en ningún caso el carácter restringido de la información detallada en (los numerales del artículo 14) podrá superar los máximos establecidos en el artículo 1, contados a partir de la clasificación procediendo a la divulgación de la información si antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir las razones que justificaban tal acceso restringido”.
La actual la Ley 6 señala que las informaciones de acceso restringido no se podrá divulgar; “por un periodo de diez años, contado a partir de su clasificación como tal, salvo que antes del cumplimiento del período de restricción dejen de existir las razones que justificaban su acceso restringido”.
Además, la propuesta de Rodríguez eliminaría de la lista de informaciones de acceso restringido “todas las actas de Junta Directiva de las Sociedades Anónimas donde el Estado Panameño tenga participación accionarial minoritaria o mayoritaria a excepción de la información dispuesta en el numeral 3 de dicho artículo”. Igualmente, se establece que la ley tendrá efectos retroactivos a partir de su promulgación.
Presupuesto y declaraciones
Mientras que la propuesta del independiente Juan Diego Vásquez plantea, por ejemplo, acortar de 30 a 15 días el tiempo que tiene el funcionario para responder una solicitud de información. Busca también que sea de acceso público el presupuesto de las instituciones, los cambios y traslados de partidas, los estudios de factibilidad, y, en casos pertinentes, los estudios de impacto ambiental de las inversiones en obra de infraestructura y contratos de concesiones.
Además, que sea de carácter público la “información relativa a las reuniones de junta directiva de aquellas instituciones y empresas públicas, de acuerdo con los miembros que la conforman, la asistencia a estas reuniones, las fechas y el pago en concepto de dieta, emolumentos y viáticos derivados del trabajo que realizan los miembros de dichas juntas directivas”. Esto no está en la ley vigente.
Igualmente, pide incluir en la norma el “nombre completo, número de cédula, cargo, fecha de ingreso al cargo, estado de la designación y el salario o pago respectivo” de las personas contratadas por el Estado que cobren o no emolumentos, dietas, gastos de representación y viáticos.
La propuesta de Vásquez también contempla hacer cambios a la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y establece de forma obligatoria las capacitaciones de los funcionarios y la creación de un calendario público sobre estas funciones. Si por alguna razón las instituciones no pueden suministrar las informaciones que se les pide, deberán, según la propuesta de Vásquez, “sustentar con resolución motivada” la información que no pueden suministrar por ser considerada de carácter confidencial o de acceso restringido.
Por su parte, la diputada de Cambio Democrático Mayín Correa propone que las declaraciones de bienes patrimoniales de todos los funcionarios que según la ley deben presentarla sean de carácter pública.
La Antai
En tanto, la Antai avanza en su proceso de consultas. Las sugerencias se recibirán hasta el próximo 13 de mayo, a través de la cuenta de correo electrónico ley6@antai.gob.pa. Una vez concluya este período se redactaría un proyecto y se enviaría al Gabinete para su consideración antes de que llegue al Legislativo.
Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad de Ciudadana, manifestó que aún no han presentado una propuesta debido a que se le informó con poco tiempo, pero que trabajan en ella.
Advirtió que cualquier iniciativa que busque la modificación de la Ley 6 tiene que tener una verdadera y amplia consulta ciudadana, ya que se trata de una ley demasiado importante sobre la cual se asienta no solo un derecho humano, como el acceso a la información pública, sino también que allí están las bases de la transparencia y de la democracia participativa.
