El anuncio del presidente Laurentino Cortizo de otorgar el 50% de los ingresos mínimos anuales del contrato con Minera Panamá al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), “aunque suene positivo, no garantiza los pagos a los jubilados”.
Así lo afirmó Jorge Nicolau, expresidente de Cable & Wireless y consultor, quien ha pasado los últimos años analizando las finanzas del IVM. Su posición es compartida con Juan La Calle, uno de los técnicos sentados en la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS) y Pablo Gutiérrez, especializado en gestión de riesgos y seguros.
Los cerca de $190 millones que se inyectarían anualmente al IVM serán irrelevantes ante el déficit de $1,700 millones que se proyecta para 2029. De hecho, los constantes déficit en los últimos años han provocado el desgaste de los ahorros del subsistema exclusivamente de beneficio definido del IVM. Por ello solo habrá reservas, con suerte, hasta 2024.
Por otro lado, asignar 20%, de los nuevos ingresos mineros ($75 millones) para que la pensión mínima de los jubilados sea aumentada de $255 a $350 mensuales, complica y aumenta aún más los déficits actuariales.
La Calle y Gutiérrez consideran que las medidas obedecen a criterios políticos. “Sin un análisis serio para la toma de estas decisiones, se corre el riesgo de complicar el problema desde el punto de vista fiscal y actuarial”, advirtió Nicolau.
Este diario preguntó al Ejecutivo si contaba con un estudio económico o actuarial que sustentara la sostenibilidad e impacto de las medidas reveladas el día lunes, pero las respuestas fueron vagas.
Desde la Presidencia se comunicó que como lo han planteado a través del Pacto Bicentenario y posteriormente, en el diálogo por la CSS, se busca analizar y proponer colectivamente una propuesta que fortalezca la sostenibilidad del fondo de IVM.
Se suponía que el país esperaría los resultados de un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que serviría de base para plantear las posibles reformas al IVM a través de las propuestas que se originaran en el diálogo. Pero el Ejecutivo accionó una medida, de poco efecto económico pero de mucho caudal político, sin esperar dicho informe, habiendo advertido desde hace un año que no estarían dispuestos a asumir cambios paramétricos.
¿Por qué razón han tomado esta decisión sin esperar el informe actuarial de la OIT?
“No hemos dicho que se ha tomado una decisión final, el diálogo por la CSS se mantiene y a raíz de una importante negociación como la Minera se ha decidido complementar los aportes que realiza el Estado a la CSS, mientras se esperan los resultados del diálogo y el informe actuarial de la OIT, respondieron”. respondieron a La Prensa después del cierre de la edición impresa.
