El tráfico de armas fue uno de los delitos que se habría fraguado al más alto nivel en la pasada administración.
La Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) –una dependencia del Ministerio de Seguridad– presuntamente permitió la importación de armas, incluyendo de guerra, en tiempos de veda.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, las armas eran introducidas al país por un particular de ascendencia asiática que habría tenido un trato preferencial en la Diasp. Luego, esta persona vendía las armas, entre ellas, de 9 milímetros y de guerra, modelos Iwi y Galil, de fabricación israelí. Todas con sus respectivas municiones.
El modus operandi, explicó el fiscal contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, era introducir las armas sin cumplir los registros (Ley 57 de 2011) .
“Las armas de uso prohibido posteriormente se distribuían a particulares”, denunció Márquez, quien precisó que estas personas adquirían un beneficio económico, con lo cual se habría constituido el presunto delito de tráfico de armas.
Por ello, tres exfuncionarios de la Diasp –entre ellos el exdirector de esa entidad Ovidio Fuentes– serán sentados hoy en una audiencia de fase intermedia en la que le formularán cargos por el presunto tráfico ilegal de armas de fuego.
No se descarta la participación de más personas en este hecho delictivo, aseguró el fiscal Márquez.
Asistencia judicial
La fiscalía envió dos asistencias judiciales a Estados Unidos, ya que la mayoría de las armas se compraron en ese país. Las autoridades detectaron que el armamento presuntamente se importaban a un costo de $149 la unidad, pero luego eran vendidas en $5 mil 500, mientras que las que se importaban por un valor de $540, se vendían luego en $7 mil 500.
No todas las armas importadas se han recuperado, reconoció el fiscal Márquez.
El armamento llegaba a la Autoridad Nacional de Aduanas, pero ésta entidad no verificaba la mercancía, solo la documentación, ya que se habrían presentado los permisos correspondientes.
Luego, Aduanas enviaba las armas al depósito de la Policía Nacional y ésta las ponía a disposición de la Diasp para que se hicieran los registros y entrega.
En este momento –afirmó el fiscal– se verifica si altos oficiales de la Policía Nacional que estarían vinculados al tráfico internacional de armas se encuentran en sus puestos de trabajo o se retiraron.
Márquez manifestó que no descarta que se cometiera el delito de falsificación de documentos públicos, ya que existe la prohibición del importe de armas desde el 26 de marzo de 2010.
Se conoció que el armamento habría entrado entre 2016 y 2017 al país, pero en los documentos recuperados se encontraban permisos fechados desde el 2012.
“Esto sobrepasó, obviamente, en su momento a la autoridad que le corresponde vigilar, que es el Diasp”, aseguró Márquez.
Criticó que “no se dieron los parámetros correspondientes”, para evitar el ilícito.
Aseguró que están revisando todos los permisos otorgados en la pasada administración, así como las armas entregadas.
En 2019, se registraron 347 homicidios. En el 74% de los asesinatos se usaron armas de fuego, según estadísticas del Ministerio Público.
