Los asentamientos informales y la necesidad de vivienda son dos realidades que todos los años superan el accionar de las autoridades. Sólo durante los 19 meses que van de pandemia de la Covid-19, los reportes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) dieron cuenta de 10 nuevas invasiones de tierras en el país.
Se trata de una actividad que se caracteriza por dos aristas. Por un lado está el déficit habitacional en Panamá, que es de 200 mil viviendas y cuyo crecimiento anual, de acuerdo con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, es de un 4%. Por el otro, que hay personas que promueven estos asentamientos, a pesar de que no tienen necesidad de una casa.
El más reciente ejemplo de esto es el asentamiento informal conocido como Tierra Prometida, en el corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste. En este caso, el Miviot ofreció a las familias lotes en el sector de Las Mendozas, también en La Chorrera, y los que no aceptaron fueron desalojados del lugar ayer.
La orden de desalojo fue elaborada por el juez de paz de Playa Leona a solicitud de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), propietaria de esta finca, la cual está destinada para el desarrollo de proyectos de diferentes instituciones del Estado.
De acuerdo con el censo final del Miviot, en el asentamiento se contabilizaron 542 familias, de las cuales 320 cumplieron con los requisitos y aceptaron ser reubicadas en Las Mendozas. El resto no cumplía las exigencias de la entidad, ya sea porque tenían otras propiedades o habían puesto a la venta el lote que habían acaparado.
Áreas protegidas
Esta realidad también viene afectando áreas protegidas. Por ejemplo, a principios de 2021, una evaluación realizada por el Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Información Ambiental y la Dirección Regional de Panamá Oeste, arrojó que las tierras bajo su administración que están afectadas por invasiones o asentamientos informales en la cuenca del Canal, suman 175 hectáreas.
Las ocupaciones ilegales también se dan en zonas que representan un riesgo sanitario, como los asentamientos informales que están alrededor y a pocos metros del relleno sanitario de Cerro Patacón. Pese al peligro y al crecimiento de la población en esta zona entre 2014 y 2021, las autoridades no han podido reubicarlos.
El ministro de Vivienda señaló que la entidad ha identificado 400 invasiones de terrenos privados y estatales, que se deben resolver. Aclaró que se trata de asentamientos de larga data, hasta de 60 años, y también nuevos, en Bocas del Toro, Veraguas y Panamá, entre otras provincias.
“El déficit habitacional ha estado clavado en 200 mil soluciones habitacionales y nosotros esperamos cubrir por lo menos el crecimiento anual, que anda por el 4%. Nosotros tenemos programas como el Fondo Solidario, mejoramiento habitacional y apoyo con lotes, por lo que no hay necesidad de estar invadiendo terrenos”, puntualizó el ministro.
Además, informó que tienen una propuesta de ley que busca sancionar con cárcel a los promotores de las invasiones de tierras.
Se trata del anteproyecto de ley 78, que adiciona un artículo al Código Penal, sobre invasión u ocupación de bienes inmuebles y dicta otras disposiciones. Según el documento, la sanción será de tres a seis años de prisión a quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite la invasión u ocupación del inmueble, terreno o edificación ajeno.
“Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua o en zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y ecológica dotada de atributos excepcionales, la sanción se aumentará de un tercio a la mitad”, propone la iniciativa de ley.
Las estimaciones del Miviot indican que, en todo el país, unas 50 mil personas pueden estar viviendo en tierras ocupadas ilegalmente.
Planificación
Para Manuel Trute, exdirector de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, lo primero que hay que plantearse es por qué existen los asentamientos informales. “Primero está la necesidad, debido a la inequidad económica. Se ha acentuado la inequidad, sobre todo en pandemia, porque se genera riqueza, pero la prosperidad no le llega a todo el mundo”, explicó Trute.
Destacó que luego viene el asentamiento, sin planificación de ningún tipo, lo que a futuro genera más carga para el Estado en temas como los servicios públicos, es decir, suministro de agua, energía eléctrica y otros servicios. Finalmente, está el negocio que hay detrás de estos asentamientos con la venta de lotes o terrenos.
“Hay negociado producto de una necesidad. Siempre hay alguien aprovechándose de la necesidad de los que menos tienen”, dijo.
Sobre la propuesta de ley contra quienes promuevan invasiones, el urbanista indicó que el Gobierno está tarde en este tema. “Llega un poco tarde. Lo aplaudo, pero llega tarde”, manifestó.
