Como lo había anunciado, Ricardo Martinelli no acudió ayer a la Fiscalía Especial Anticorrupción para rendir indagatoria por el caso Odebrecht. Su abogado Roniel Ortiz se presentó al Ministerio Público en la mañana del viernes, y explicó que la incapacidad que le firmó el cardiólogo Gabriel Frago y que inicialmente era del 1 al 3 de julio, se extendió hasta el 7 de julio.
Se trata del mismo médico que le expidió la incapacidad que presentó el pasado jueves en la Fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada, despacho al que fue citado ese día para rendir indagatoria por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business. Aquí no atendió las preguntas, sino que se acogió al artículo 25 de la Constitución, que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por este caso, al expresidente se le prohibió salir del país y debe notificarse los días 15 de cada mes.
Contra las fiscales
Pero la incapacidad médica no es la única estrategia legal del expresidente en este proceso. Recusó a dos de las fiscales que atienden el caso Odebrecht desde hace años: Tania Sterling y Ruth Morcillo. Y también recusó al fiscal Emeldo Márquez, el que adelanta el caso New Bunisess, pesquisa que le sigue la pista a la compra del Grupo Epasa, supuestamente con fondos públicos.
“La sola firma de la resolución de indagatoria de Ricardo Martinelli es un abuso de autoridad y extralimitación de funciones de estas fiscales, que han asumido función de juez”, adujo Roniel Ortiz, quien, de paso, anunció que la próxima semana procederán a secuestrar el salario a los fiscales “que han violado la ley”.
Martinelli también se aferra al principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, que señala que una persona solo puede ser procesada por aquel caso por el que fue solicitada en extradición (en el caso de Martinelli, fue entregado por el caso pinchazos) y con el aval del país de donde fue extraditado. Sin embargo, Estados Unidos, a través de su embajada en Panamá y del Departamento de Estado, ha dicho desde diciembre de 2019 que Panamá no necesita aval para procesar a Martinelli por otros casos, puesto que ha viajado fuera del país desde septiembre de 2019, incurriendo así en una de las excepciones al principio de especialidad.
Lo que dice la ley
¿Pueden las fiscales separarse del caso a raíz de los recursos interpuestos por el equipo legal de Martinelli?
El artículo 74 del Código Procesal Penal, sobre impedimentos y recusaciones, establece que el fiscal se declarará impedido o podrá ser recusado cuando existan conflictos de interés o motivos graves que afecten su objetividad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con alguna de las partes, o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso.
La presunta “enemistad” de Martinelli con las fiscales se produce porque, según él, ambas tienen vínculos con Kenia Porcell, procuradora de la Nación hasta diciembre pasado. A Porcell, Martinelli le secuestró cuentas y bienes por hasta $120 mil, en febrero pasado.
El Código Penal, en su artículo 388, sanciona con pena de 5 a 10 años de prisión a “quien utilice la fuerza física, amenaza, intimidación, o la promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, obstaculice o impida el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de los organismos de investigación, del Órgano Judicial o del Ministerio Público encargados de hacer cumplir la ley”.
¿Por qué?
La Fiscalía Especial Anticorrupción imputó al expresidente por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht, con el argumento de que es “clara” su participación “en la trama de cobro de coimas” al Departamento de Caja 2 de Odebrecht, no solamente “por la adjudicación de contratos, sino además por la agilización de pagos y procesos burocrát¡cos, acciones que eran compensadas a través de dinero ilícito por parte de la constructora a través de sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares”.
La fiscalía también documentó que “quedó demostrado” que Martinelli, investido de su cargo como presidente de la República (2009-2014), llevó a cabo negociaciones con representantes de Odebrecht, no sólo para beneficiar el financiamiento de la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial en 2014 de Cambio Democrático (partido que fundó Martinelli y que lo llevó al poder), sino que “recibió pagos a su favor y así quedó demostrado con las pruebas documentales y testimoniales que reposan en la causa”.
Por el caso Odebrecht, el Ministerio Público también imputó cargos al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), por la supuesta comisión del delito de blanqueo capitales. Fue indagado el pasado jueves y debe regresar el próximo martes 7 de julio. Después de ser interrogado por la fiscal Ruth Morcillo, Varela manifestó que nadie está por encima de la ley, y que está dispuesto a demostrar su inocencia. Su abogado Erasmo Muñoz estuvo ayer en la fiscalía, pero al salir de ese despacho no brindó declaraciones a los medios.
Por este caso, la fiscalía le impuso a Varela la medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación los días 30 de cada mes.
