La irrupción de manifestantes a una subestación eléctrica de Copiapó (norte), que terminó con una decena de vehículos quemados, marcó una nueva noche con incidentes violentos en Chile, tras más de un mes del inicio de un estallido social que el gobierno sigue sin controlar.
Al incendio de vehículos en la planta de la compañía eléctrica Emelat de Copiapó, que no generó problemas de suministro, se sumaron saqueos en otras ciudades, en especial en la Cisterna, en la periferia de Santiago, donde nuevos saqueos sumaron destrucción a una zona castigada por delincuentes a los que la convulsión social facilita su accionar.
Si bien cayó el número de eventos graves de 31 a 19 desde la madrugada del jueves a la del viernes, Carabineros, en su primer informe del día, destaca “8 saqueos a nivel nacional”, la mayoría en Santiago.
En tanto, cuatro comisarias de Santiago y una de Antofagasta (norte) fueron atacadas con un saldo de 31 efectivos heridos, según el mismo reporte de la Policía.
Desde el inicio de las manifestaciones el 18 de octubre, cuando las protestas de estudiantes por el alza en las tarifas del ferrocarril metropolitano desembocaron en la mayor crisis social que vive el país desde el retorno a la democracia en 1990, se reportan casi 7 mil eventos violentos a lo largo del país con 17 mil 834 personas detenidas hasta el jueves.
Solo por saqueos, la policía ha detenido a 4 mil 857 personas.
El jueves, el gobierno de Sebastián Piñera se reunió por primera vez con organizaciones sociales para alcanzar acuerdos ante la implementación de una agenda social que busca desactivar la crisis, aunque sin lograr consensos.
A mediados de noviembre, el Congreso llegó a un histórico acuerdo para llevar a plebiscito en abril el cambio de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990), una de las exigencias de los manifestantes.
Asimismo, avanza en el Congreso un paquete de proyectos de ley lanzados por Piñera para responder a otras demandas sociales.
El aumento a las pensiones más bajas ya fue aprobado. Sin embargo, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y la falta de anuncios sobre cambios estructurales en el criticado sistema privado de pensiones, también heredado de Pinochet, mantienen en las calles a la población.
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