Las aterradoras historias de niños, niñas y adolescentes presuntamente abusados en el Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá, en Tocumen, eran conocidas por las autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) desde principios del año 2019.
No obstante, debió pasar más de un año para que en julio de 2020 se presentara una denuncia en el Ministerio Público y se interviniera el albergue para menores de edad, que fue concesionado por el Ministerio de Desarrollo a dos oenegés: Fundación Creo en Milagros, que lo llamó Hogar Metro Amigos (2009-2019), y Fundación Chilibre Panamá, que le cambió el nombre a Centro de Atención Integral (2019-2020).
La última directora del albergue, Xenia Medina, contó a La Prensa que cuando ingresaron a dirigir el sitio en abril de 2019, presentaron un informe de los primeros 45 días de gestión a la entonces directora de la Senniaf, Jazmín Cárdenas, en el que le detallaron anomalías, como el uso de esposas para controlar a niños con discapacidades.
Esta fundación envío un segundo informe el pasado 12 de enero a las actuales autoridades de la Senniaf, en el que hizo referencia a niñas con enfermedades venéreas, y que la anterior administración manejaba el sitio a su propia discreción, sin informar lo que ocurría al Mides.
No informaba de fugas y el ingreso de menores de edad.
Sara Rodríguez, directora de la Senniaf, dijo desconocer los motivos del por qué su antecesora no presentó una denuncia, pero en su caso subrayó que apenas fueron informados recabaron información y presentaron una denuncia al Ministerio Público, que fue ampliada ayer.
Un albergue con aterradoras historias de tratos a niños
Un albergue que fue administrado por varias fundaciones y subsidiado por el Estado, donde se supone se debe proteger a niños, niñas y adolescentes vulnerables, habría sido un lugar de maltrato, tortura y abuso.
Este sitio, inicialmente denominado Casa Hogar de Tocumen, era administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero a partir de 2009 fue entregado en concesión a la Fundación Creo en Milagros, que lo llamó Hogar Metro Amigos.
Según consta en el Registro Público, la presidenta de la organización es Rocío Domínguez y el director del albergue fue Roberto Charles.
No obstante, por razones que aún se desconocen, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) traspasó en abril de 2019 la administración del albergue a la Fundación Chilibre Panamá y pasó a llamarse Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá. Entonces, como directora del albergue fue designada Xenia Medina.
Pese a que no hay una respuesta precisa del por qué hubo un cambio repentino de administración, un informe de gestión que remitió la Fundación Chilibre Panamá el pasado 12 de enero al Mides da cuenta de posibles violaciones a los derechos de la niñez y trato negligente en la atención infantil.
Los señalamientos contenidos en el documento van desde niños con discapacidad esposados, niñas con enfermedades venéreas y personajes que manejaban de forma muy discrecional el centro para menores.
De acuerdo con el informe, el 30 de marzo de 2019 comenzó la transición para la administración entre la Fundación Creo en Milagros y la Fundación Chilibre Panamá, bajo la supervisión de la exdirectora de la Senniaf, Jazmín Cárdenas. De hecho, hasta se organizó un convivio ese día en el albergue.
Sin embargo, mientras se llevaba a cabo el evento, las condiciones del lugar eran aterradoras: los menores dormían en el suelo porque las camas estaban dañadas; había medicinas vencidas; expedientes médicos sin actualización de recetas; la población de menores albergada sobrepasaba la cantidad requerida máxima en el lugar, y en las estancias de los adolescentes había un lugar llamado “el área”, que no era más que una habitación sin ventanas, camas ni luz, para el castigo de los menores.
Mientras esto ocurría, el centro contaba con la presencia permanente de la funcionaria de la Senniaf Aleyda Herazo, por lo que la nueva administración, es decir, la Fundación Chilibre, solicitó su traslado.
Xenia Medina contó a este diario que, además del informe de enero de 2020, ellos enviaron en mayo de 2019 un primer documento a Cárdenas, entonces directora de la Senniaf, tras una auditoría de gestión de los primeros 45 días en el albergue.
Medina subrayó que la Fundación Chilibre Panamá, que gestionó el lugar entre abril de 2019 y julio de 2020, cumplió con entregar los informes de las anomalías tanto a la exdirectora de la Senniaf Jazmín Cárdenas, como a la actual responsable, Sara Rodríguez.
“Nosotros pusimos a la anterior y a la actual administración de la Senniaf al tanto de la situación irregular, de lo que ocurrió antes de que nosotros asumiéramos la administración del albergue en abril de 2019”, detalló.
Dijo, por ejemplo, que detectaron que el 60% de los menores tenían medicamentos de orden psiquiátrico, sin receta médica. Los fármacos hallados en la alacena de la clínica del albergue estaban vencidos.
Fugas sin reportar
También había un “historial de fugas” de adolescentes, especialmente mujeres, no reportadas a la Senniaf. Un grupo de entre 8 y 10 adolescentes tenía como costumbre traspasar el umbral del hogar, deambular por las calles, para luego regresar.
En este asunto, el informe resalta la figura del exadministrador del centro Roberto Charles, que a discreción hacía una búsqueda “individual” y no reportaba los hechos a las autoridades.
Además, el texto menciona que “las adolescentes fugadas regresaban con infecciones vaginales”.
Otro aspecto que se menciona es que los menores eran ingresados en el albergue en horas no laborables y los fines de semana, lo que violaba los protocolos establecidos, que incluían un proceso de inducción supervisado por la Senniaf.
También se hace referencia a que las decisiones que se tomaban en el lugar estaban centralizadas en el administrador.
Se intentó contactar a la Fundación Creo en Milagros, que administró el albergue entre 2009 y marzo de 2019, pero no atendió las llamadas de La Prensa.
De Charles, se desconoce su ubicación.
Por su parte, Jazmín Cárdenas indicó que, por tratarse de un asunto que implica la investigación de delitos “muy graves”, cometidos y denunciados recientemente, prefiere no profundizar, por el momento, sobre un asunto que requiere intervención enérgica de las autoridades de investigación.
“Debemos ser cuidadosos y enfocarnos en el tema medular, que en el fondo se trata de una investigación por posible maltratos y abusos a niños, niñas y adolescentes, en un lugar donde debieron ser protegidos y confortados de sus sufrimientos. Exhorto al Ministerio Público a que se investigue con rigurosidad y que se cumpla con administrar justicia”, dijo.
Se le preguntó a Cárdenas si presentó una denuncia luego de que se le entregaron informes en 2019, pero no respondió a este medio.
La madrina
En medio de este escenario, surgió otro informe elaborado por Karyna Burgos, de la Fundación Chilibre; Chanita Chamarra, trabajadora social de la Senniaf, y María Pomar, trabajadora social del Mides, en el que se menciona a Farida Rincón, una supuesta empresaria de la firma Aguilar & Asociados, que tenía un programa de formación de jóvenes dentro del albergue.
Lo inusual es que, según el propio documento de las técnicas, “nunca hubo de por medio un convenio escrito”, formal, entre la Fundación Chilibre Panamá y Aguilar & Asociados, para que adolescentes en riesgo salieran a prácticas profesionales en esa firma, que se dedica al servicio de “cobranzas y ventas”.
El punto de quiebre entre los administradores del albergue y la empresa se dio el pasado mes de diciembre, cuando Rincón invitó a cuatro adolescentes a la fiesta de navidad de Aguilar & Asociados en horas nocturnas, sin comunicarlo al albergue.
“No había recibido una invitación formal para el acompañamiento de las mismas, por parte de la empresa Aguilar & Asociados, hacia los directivos o tutores, ni tampoco había recibido autorización por parte de Senniaf para tal evento; además, era una fiesta para adulto”, dice el informe.
Por último, agrega que Rincón llevó a las adolescentes con ropa que no era apropiada para su edad y con la que se enseñaba demasiado el pecho y piernas. “Tenemos que estar conscientes de que son adolescentes en riesgo social y víctimas de abuso sexual. No podemos estar exponiéndolas”, dice.
El mensaje del grupo técnico sobre la empresaria colombiana fue claro: “la señora Farida Rincón, gerente general de Grupo Aguilar & Asociado, ha estado nutriendo las cabezas a las cuatro adolescentes de falsa esperanza, al prometerles que les cumplirá sus sueños”.
Rincón afirmó que con los jóvenes del albergue había una relación de apoyo social, siempre con supervisión y acompañamiento por parte del personal de la fundación.
Sobre la ropa a la que hace referencia el referido informe, la empresaria subrayó que, como un gesto para los jóvenes que se estaban educando con ellos en el proyecto, fueron una tarde de compras en compañía, permiso y supervisión del personal de la fundación, y asistieron a una tienda en Albrook, Ancón.
“No hay fiestas. Fue una actividad que hicimos en compañía y supervisión de personal de la fundación. La señora Claudia Pertz, quien era la trabajadora social, y la madre cuidadora del albergue pueden dar fe de lo que estoy exponiendo y nunca hubo ninguna situación de riesgo para los jóvenes”, aseguró.
Cuando se le preguntó cómo llegó a esta fundación, manifestó que un día vio en redes sociales que había una fundación a la que le quedaban 10 días de alimentos para los jóvenes y, como siempre se he caracterizado en buscar ayuda y promover esfuerzos, se movilizó con su grupo de colaboradores y amigos para reunir comida y víveres.
“Nunca hubo un mal manejo o situación de riesgo con los jóvenes y siempre tuvimos el acompañamiento y supervisión de la fundación”, insistió Rincón, quien es mencionada en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.
La investigación
Sara Rodríguez, la actual secretaria de la Senniaf, señaló que interpuso una denuncia a finales de julio en el Ministerio Público, por lo que salió de la esfera administrativa y ahora el caso se encuentra en la Fiscalía de Familia.
De hecho, contó que ayer hicieron una ampliación de la denuncia, en la que se incluyó los incidentes ocurridos con Rincón.
“Las situaciones de maltrato [a los infantes] están documentadas y todas las pruebas fueron entregadas en el Ministerio Público”, puntualizó la funcionaria.
Sobre la injerencia de Rincón en el albergue y supuestas fiestas a las que llevaba a las niñas, Rodríguez explicó que no tienen evidencia, pero cumplieron con presentar cierta información para que el Ministerio Público llame a las partes correspondientes e indague si hay alguna “situación delictiva” que se debe investigar. “La Senniaf, en esta administración, puso la denuncia por todas las situaciones irregulares que se dieron en este albergue durante la Fundación Creo en Milagros y luego Fundación Chilibre”, dijo.
En cuanto al por qué si se conocía del problema desde 2019 se presentó la denuncia en julio de 2020, Rodríguez dijo desconocer por qué Cárdenas no lo hizo, pero en el caso de su gestión indicó que se encargaron de buscar los suficientes elementos de convicción para no caer en ilegalidad. “Desde el día 1 comenzamos un proceso de investigación y entrevistas. Nuestro objetivo era presentar una denuncia bien sustentada”, acotó.
Desde el pasado 3 de agosto, el Ministerio Público ordenó que la Senniaf se hiciera cargo del albergue y también decidió que saliera del lugar la fundación que lo administraba, es decir Fundación Chilibre Panamá.
Ahora, el Estado, a través de la Senniaf y el Mides, tiene que garantizar a esta población vulnerable lo que no pudo por una década: seguridad, bienestar y respeto a sus derechos humanos.
‘El Estado tiene que asumir su responsabilidad con la niñez’
La Red de Niñez y Adolescencia de Panamá hizo un llamado ayer a las entidades que tienen que ver con la protección a la niñez para que cumplan su rol.
Roderick Cheverri, vicepresidente de la Red, que aglutina a varias oenegés, subrayó que el Estado debe asumir su responsabilidad de protección a la niñez y adolescencia del país.
“Esa responsabilidad pasa por una mayor supervisión y una mayor comunicación, así como mayor formación y entrenamiento de los funcionarios que administran y laboran en estos albergues”, acotó.
Cheverri se refirió a que esa labor no es únicamente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia (Senniaf), sino también de los jueces de niñez y Policía Nacional, entre otras instituciones.
En palabras del activista, otro de los aspectos que se debe investigar también es por qué estos niños adolescentes permanecían tanto tiempo en el albergue, ya que su estadía allí debe ser temporal. “Aquí también hay un tema burocrático en los juzgados, que no resuelven rápido los procesos legales”, puntualizó.
Precisamente, argumentó que la lentitud con la que se manejan estos casos y la falta de responsabilidad de algunas instituciones ha llevado a un relajamiento en la supervisión de esta población vulnerable.
“Un niño que llega a un albergue es porque fue maltratado y por eso hay que protegerlo. Además, los niños no pueden salir de un albergue a pernoctar en otro lugar, ya que eso no es normal y es una situación que amerita una investigación de naturaleza penal”, dijo.
