La negociación para renovar el contrato con la empresa Panama Ports Company (PPC) por 25 años más ha generado indignación y dudas al quedar al descubierto la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso para concesionar los puertos de Balboa y Cristóbal, que representan el segundo negocio más importante del país, después del Canal.
No hubo informe oficial sobre el resultado de la negociación con PPC –en la que el Estado es dueño del 10% de las acciones–, y fue a través de un comunicado que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció el 23 de junio la renovación del contrato.
Tampoco se publicó la resolución que certifique cómo votó la directiva que concedió a PPC la renovación de su contrato hasta 2047.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá dijo ayer que se esperaba que el Gobierno anunciara la renovación del contrato en conferencia de prensa, pero lo hizo con un comunicado “que ha dejado más preguntas que respuestas en torno a si nuestros representantes lograron el mejor acuerdo posible”.
Y es que, tras la publicación en Gaceta Oficial de la resolución de la AMP que certifica la renovación del contrato, se supo que un mes antes, el 21 de mayo, ya PPC había emitido dos cheques con aportes por $150 millones al Ministerio de Economía y Finanzas, sin que los panameños como accionistas minoritarios lo supieran.
Por ahora, se conoce que el el ministro para Asuntos del Canal y miembro de la directiva de la AMP, Aristides Royo, se declaró impedido porque antes laboró en la firma Morgan & Morgan, que representa a PPC. Además, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, que debía suplantar a Royo, entregó el 10 de junio una carta para declararse impedido.
PPC presentó varias demandas contra la propuesta del Canal de construir el puerto de Corozal.
También se supo sobre la renuncia a la directiva de la AMP de Óscar Bazán, designado por el presidente Laurentino Cortizo, pero no se tiene información oficial. En su lugar se designaría a Patricia Velásquez, expresidenta de la Cámara Marítima de Panamá. Este diario trató de verificar la información con Velásquez, pero no respondió las llamadas.
La necesidad de mayor transparencia para los contratos de concesión se ha pedido desde distintas organizaciones empresariales, políticas y oenegés.
El tema fue tratado ayer en el programa Radar de TVN, en el que Jorge Ritter, excanciller y analista, destacó el conflicto de interés que tiene el ministro consejero José Alejandro Rojas Pardini, miembro de la directiva de la AMP y, además, representante de Panamá en la directiva de PPC. “En otras palabras [...] Rojas Pardini, como miembro de la directiva de PPC le solicita a la directiva de la AMP una prórroga, y él, que la pidió, se quita un sombrero y va y la aprueba”.
Para Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, el país “es víctima de su propia mala normativa sobre protección del accionista minoritario. Ahora, experimenta en carne propia, paradójicamente, lo que viven otros accionistas minoritarios, pago de dividendos, participación en juntas, acceso a información, contratos entre partes relacionadas”, dijo, y añadió que “no puede haber ningún secreto. Es transparencia de máximos, no de mínimos. Todo se revela, es la primera regla”.
