La práctica de hacer pruebas al azar para detectar la Covid-19 en las playas y otros sitios públicos prendió las alarmas entre quienes advierten que se trata de otra muestra de autoritarismo en medio de la pandemia.
Algunos juristas sostienen que la decisión es arbitraria e, incluso, violaría la Constitución y la Convención Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) advierten de que esa es la “única” manera para detectar los asintomáticos, que representan el 30% de los casos del nuevo coronavirus.
El llamado del viceministro
El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Axel Pittí, hizo un llamado para que se demuestre al mundo “que como panameños podemos controlar el virus”, y recordó que “con todas las libertades que se tienen, hay que tener la suficiente madurez para aceptarlas, y comportarnos de la manera correcta para no caer en el rebrote”.
El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, explicó que ya existe una resolución que autoriza la medida. “Se ha emitido una resolución de carácter obligatorio para realizar la prueba cada vez que las autoridades de Salud así lo soliciten. ¿Por qué? El 30% de las personas que están contagiadas son asintomáticas ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que se contagian, 30 no se enteran nunca de que estuvieron contagiados”, explicó Sucre, quien añadió que el equipo de salud estará haciendo las pruebas en las playas, centros comerciales, puntos de controles, y otros sitios públicos.
Sin embargo, el abogado Jaime Raúl Molina citó el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que dice que toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona.
Molina es uno de los que ha presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia contra decretos y resoluciones que ha emitido el Ejecutivo en medio de la pandemia, porque a su juicio son inconstitucionales. Mientras que Samuel Rivera, exsecretario general del Ministerio de Trabajo, aseguró que conoce sus derechos, pero que si le solicitan hacerse la prueba no se negaría, pues “hay que reconocer los derechos de los demás”.
