La aldea indígena de Bajo Chiquito, en la comarca Emberá, es hoy el retrato más dramático de la crisis migratoria entre Colombia y Panamá. Allí convergen diariamente la solidaridad y la desidia.
Se trata de un poblado de unas 300 personas, el sitio habitado más cercano a la frontera con Colombia, por donde ingresa la caravana de migrantes a territorio panameño. Forma parte del corregimiento Lajas Blancas, donde el 82% de la población es pobre y las familias viven con $78 al mes, según estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas.
En aquel lugar olvidado, los días no son los mismos y reina el caos desde que, hace unos siete años, comenzaron a llegar numerosos grupos de migrantes. La única presencia del Estado es un pequeño puesto del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) con unos cuantos agentes, y otro diminuto y viejo puesto del Ministerio de Salud (Minsa), con unos cuantos medicamentos.
Además, debido a la frecuente llegada de forasteros, el Servicio Nacional de Migración asignó cuatro colaboradores, que registran el ingreso y salida de personas de otras nacionalidades.
La aldea del caos
Son las 10:30 a.m. y en Bajo Chiquito está Melicio Rosales, segundo noko o líder indígena de la comunidad, quien nos invita a hacer un recorrido por el lugar.
Sus primeras palabras describen las carencias que por décadas han sufrido: “aquí no hay carretera, cobertura para celulares, medicamentos, agua potable ni energía eléctrica”.
El calor y la humedad de la selva agobian al hombre de 30 años de edad, mientras señala a un grupo de mujeres emberá que colabora en la recolección de una gran cantidad de basura, consecuencia de la enorme concentración de personas en la comunidad.
Ellos han tenido que organizarse para evitar que los desechos inunden la aldea y se desate una epidemia, pero no es suficiente. De hecho, en cada rincón del lugar se pueden observar pequeños cerros de basura, junto a las tiendas de dormir de los migrantes irregulares.
Rosales enfatiza que no existen para las autoridades y que se encuentran en el olvido, a pesar que desde hace años vienen jugando un papel determinante en la recepción de los migrantes.
“Muchos de ellos llegan heridos, hay mujeres que sufren abuso sexual y la mayoría llega sin aliento después de caminar casi una semana, pero aquí les brindamos la ayuda que podemos, aunque sólos no podemos”, se lamentó el dirigente indígena, y agregó que una de las prioridades es contar con señal telefónica para avisar ante cualquier emergencia.
Para salir de Bajo Chiquito con destino a los albergues de Darién, el migrante depende de varios aspectos; por ejemplo, si tiene dinero para costear un viaje a través del río Turquesa y también si hay piraguas disponibles. Cada viajero debe pagar a los lancheros de la zona $25 y cada embarcación tiene capacidad para 15 personas. Es una travesía en hacinamiento y peligrosa, sobre todo para niños y niñas.
Por día, río abajo sale una caravana de entre 30 y 50 piraguas, con alrededor de 450 y 750 personas. Ahora mismo, esa es la única ruta, aunque algunos que pierden la paciencia en Bajo Chiquito o que se quedaron sin dinero para pagar una piragua se aventuran a través de trochas sin notificar al Senafront. Varios de ellos terminan perdiendo la vida intentando cruzar a nado el río Turquesa, que se conecta con el río Chucunaque.
Derechos humanos
Maribel Peña, jefa regional de la Defensoría del Pueblo en Darién, estuvo este miércoles en Bajo Chiquito, aunque no es la primera vez que le toca recorrer la zona.
Sin embargo, en esta ocasión se encontró con un elevado número de migrantes: había mil 500 cuando llegamos y luego arribaron otras 250 personas más, dijo.
La funcionaria de derechos humanos destacó que hay una deuda con Bajo Chiquito, ya que la escasa presencia de entidades tienen a su población marginada.
“Con la migración se complicó todo, porque nadie estaba preparado para este éxodo masivo y más ahora en pandemia. Definitivamente, las prioridades en la comunidad son agua, salud y alimentación”, dijo Peña, a quien le tocó ver cómo esta semana bajaron hasta 66 embarcaciones cargadas con migrantes por la fuerte corriente del río Turquesa.
En el caso específico de la caravana de migrantes, consideró que hay tres temas que deben ser evaluados para un mejor flujo de personas por el lugar: buscar una solución a las personas que están en Bajo Chiquito sin dinero; un mejor manejo y disposición de los desechos, porque se podrían contaminar los ríos Turquesa y Tupiza, y garantizar la seguridad de las personas en las embarcaciones, ya que un gran parte no cuenta con chalecos salvavidas, por ejemplo.
Además, consideró que el Ministerio Público debe tener presencia en Bajo Chiquito, porque es una zona de robos, agresiones sexuales, violencia física y muertes.
“Nuestra obligación es velar por los derechos humanos de nacionales y extranjeros. Nadie quiere migrar y la migración llegó para quedarse”, acotó Peña.
Se calcula que desde 2015, cuando comenzó el gran flujo de migrantes, hasta el momento, han muerto más de 50 personas en la extensa zona selvática, aunque hay subregistros que no aparecen en la cifras oficiales.
Por todo eso, Bajo Chiquito no es sólo una estación receptora de migrantes, sino un punto donde la caravana de forasteros encuentra esperanza y también donde se cuentan trágicas historias de una épica travesía.
Tal es el caso de aquella gran inundación que hubo en 2019 en la cuenca alta del Turquesa, en la que murieron más de 10 viajeros, o la constante presencia de cadáveres por el sendero selvático, al que ninguna autoridad quiere ingresar.
Así transcurren los días en esta olvidada aldea emberá, en el corazón del Darién.
