Un total de 194 mil 117 personas en condición vulnerable, en pobreza o pobreza extrema reciben actualmente transferencias monetarias condicionadas (TMC) por parte del Estado, según informes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Los programas que integran las TMC dirigidos a combatir la pobreza han tenido un aumento en el número de beneficiarios entre 2013 y 2020, particularmente el que ofrece una “pensión no contributiva” de $120 a los mayores de 65 años de edad que no tienen jubilación.
Pero este número representa el 19.4% de la población total en pobreza y pobreza extrema, según el Mides.
Para este año, se tiene un presupuesto de $227.4 millones para los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián, y los bonos alimentarios.
El total de subsidios estatales a hogares y empresas -entre ellos energía y gas- tiene un peso mucho mayor, según el Ministerio de Economía y Finanzas. En 2020, se destinaron para estos fines $2,415 millones, un 36.5% de los ingresos corrientes del Estado.
El 19.4% de la población en pobreza recibe TMC
El total de beneficiarios de cuatro programas estatales manejados bajo la modalidad de transferencia monetaria condicionada (TMC) -120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y bonos alimentarios- sumó al cierre de 2020 un total de 194 mil 117 personas. Se trata de alrededor de 40 mil personas más que en 2013.
Solo el programa 120 a los 65 beneficia a 122 mil 908 adultos mayores que no tienen derecho a una pensión o jubilación y se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Estos números han aumentado en el arranque del año, debido a los efectos económicos y sociales aún por cuantificar de la pandemia de la Covid-19.
Para 2021, el presupuesto de inversión destinado a los programas que forman parte de las TMC, que atienden al 19.4% de la población en pobreza y pobreza extrema del país -según cálculos del Mides-, es de $227 millones 439 mil 529.
El programa de 120 a los 65 es el que cuenta con mayor presupuesto, con $176.2 millones. Y además, el número de sus beneficiarios es el que reporta mayor crecimiento respecto a los otros.
La titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, compartió estas cifras durante una reciente presentación ante la mesa del Diálogo Nacional por la Caja del Seguro Social, que busca una solución a la crisis financiera de la institución.
El programa 100 a los 65, considerado como una “pensión no contributiva”, así como el resto de los componentes de las TMT, es la fórmula del Estado “en favor de las personas vulnerables y en condición de pobreza y pobreza extrema”, explicó Castillo.
Estas políticas, que se aplican en diversos países del mundo, tienen “un enfoque de derechos humanos que buscan, a través de las transferencias económicas, la asignación de corresponsabilidades y la restitución de derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación”.
Los adultos mayores, por ejemplo, deben asistir a un control de salud anual. Para recibir las ayudas del programa Red de Oportunidades, en tanto, las personas deben asistir a reuniones de padres y madres de familia y participar de las capacitaciones.
Tanto el presidente de la República, Laurentino Cortizo, como la titular del Mides, han prometido que el Estado garantizará los recursos para mantener esta red.
Esto, pese al deterioro de las finanzas públicas, agravado por la pandemia de la Covid-19, que ha implicado destinar millonarios recursos a través del programa Panamá Solidario, dirigido a quienes perdieron o han visto afectado su trabajo por la emergencia sanitaria.
En repetidas ocasiones durante la pandemia, Cortizo hizo hincapié en el hecho de que las transferencias monetarias condicionadas se siguen entregando a las personas más necesitadas a al mismo tiempo que el bono solidario o las bolsas de alimentos. Lo mencionó durante su más reciente discurso ante el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado mes de enero. Aseguró que se mantenían las transferencias “a pesar de los recursos limitados”.
El Estado también tiene que hacer frente a otros subsidios que no competen al Mides, como el de consumo de electricidad, el tanque de gas, el transporte público y las becas.
En total, según el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2020 se destinaron $2,415 millones en subsidio a hogares y empresas, un 36.5% de los ingresos corrientes, un peso cada vez mayor si se tiene en cuenta que esta proporción en 2019 era de 20%.
