El problema de investigar casos de corrupción en Panamá es que, inevitablemente en algún momento, sus protagonistas se cruzarán. Las investigaciones en el caso Odebrecht –por ejemplo– condujeron a los fiscales por vías paralelas en las que tropezaron una y otra vez con los mismos personajes de otros casos: Blue Apple y FCC.
Esas figuras repetidas incluyen a Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), así como a Mauricio Cort, abogado, cobrador de las coimas, según han declarado varios implicados. Además, hay otro personaje de reparto, cuya aparición –escasa y opaca– terminó robándole protagonismo a los actores principales: Jorge El Churro Ruiz, exdirector de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Eugenio del Barrio y Julio Casla –exejecutivos que confesaron cómo FCC pagó coimas de millones de dólares a funcionarios panameños– mencionaron con frecuencia al abogado Cort, un recomendado del extitular del MOP Federico José Suárez a FCC. En cambio, Ruiz era vagamente recordado: El Churro “era como un asistente del ministro [Suárez]... Siempre aparecía en las reuniones que teníamos en el ministerio con Cort y el ministro”, recordó del Barrio, exdirector regional de FCC.
El Churro quizás fue un funcionario de segunda categoría, pero era de primera línea en el negocio de las coimas, en especial por el personaje a quien él representaba. Ruiz fue testaferro de Ricardo Martinelli Linares, según las actividades que él mismo describió en otra investigación que adelantó el Ministerio Público: Blue Apple.
Los casos Blue Apple y FCC –incluso el de Odebrecht– son de esos que se cruzan, en los que sus protagonistas convergen como padres de las criaturas que dieron origen a las investigaciones.
Escalando posiciones
En su confesión a los fiscales, El Churro narró que “a finales del año 2010, fui contactado por Rica [Ricardo Alberto] Martinelli, el hijo del presidente Martinelli, y me habló en su oficina en Monte Oscuro, de una operación de algunos contratistas, que en ese momento habían ganado licitaciones en el Ministerio de Obras Públicas. Esa operación consistía inicialmente en que yo le tenía que dar una serie de instrucciones a los contratistas Rodsa, Bagatrac, Meco, GS Contractor y Conalvías, que él me daría instrucciones previamente, referente de a dónde mandar dinero, de no hacerlo se les dificultarían las cosas...”.
El método consistía en presionar a las empresas con amenazas –tal como lo hizo Cort con FCC– hasta convencerlas de entregar dinero extraído de las arcas del Estado, mediante el sobreprecio de cada una de sus obras públicas, adendas o cualquier dinero adeudado. Casla, el delator español, así lo expuso: “Fue una imposición [el pago del 10% de coima] que se nos transmitió, y que, de no acceder a ella, no cobraríamos lo que se nos adeudaba y nos dificultaría la tramitación de todos los expedientes, y a la postre no podríamos volver a trabajar en Panamá”.
En el caso de Blue Apple, el método no varió, salvo por el personaje que empuñaba el garrote. Así, Carlos Cerdas (constructora Meco); Juan Rodríguez (constructora Rodsa); y Alberto Jurado (Bagatrac), entre otros, revelaron a fiscales que El Churro Ruiz les exigió un porcentaje –que oscilaba entre el 5% y el 10%– del valor bruto de sus contratos con el Estado.
Pero Ruiz fue más que un cobrador. Pronto escaló a testaferro. Dijo que fue “llamado por ‘Rica’ Martinelli […] para que abriera una cuenta bancaria en el exterior para recibir el dinero que mandarían los contratistas Rodsa, Bagatrac, Meco, GS Contractor y Conalvías, y luego de darme instrucciones de qué hacer con dicho dinero, quiero comentar que en ese momento yo abrí dos cuentas en el exterior, con sociedades panameñas, creadas a solicitud mía por la firma de abogados del licenciado Mauricio Cort, una de ellas es HB Engineering, Corp. y la otra Treasure Island and Development, S.A. Las cuentas fueron abiertas en Suiza, en el banco Mizrachi Bank [sic]”.
Casos cruzados
Precisamente, el pasado 2 de julio, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada de la Audiencia Nacional de España solicitó ayuda a Panamá sobre las cuentas que manejaba Cort en el banco mencionado por El Churro Ruiz: el Mizrahi Bank, con sucursales en Panamá y Suiza.
En esas cuentas, Cort recibió –entre 2011 y 2014– $70.9 millones, la mayoría de FCC: $65.4 millones, y otros $5.5 millones de Telvent Tráfico y Transporte, empresa que en 2007 fue contratada para instalar 210 semáforos inteligentes, por, al menos, $22.3 millones. El proyecto fue un fracaso.
La Policía Judicial española descubrió que, de 18 transferencias hechas entre 2012 y 2015 en el Mizrahi Bank, “hay 11 relacionadas con la familia del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y con relevantes políticos de su administración, como Federico Suárez, ministro de Obras Públicas, Jorge Ruiz, director de Contrataciones del MOP, Guillermo Saez Llorens, director de la Caja de Seguridad Social”.
También notó una relación directa entre Cort y las cuentas de las sociedades HB Engineering, Corp. y Treasure Island and Development. En papel, el beneficiario final de estas sociedades era El Churro. Pero la realidad era otra.
Ruiz confesó que “esa sociedad –refiriéndose a HB Engineering– la mandé a constituir por instrucciones de Ricardo Martinelli Linares, para recibir pagos de algunos contratistas, pagos que él me diría a quién pedirles y cuánto pedirles, para luego seguir sus instrucciones de qué hacer con esos pagos o fondos. Deseo recalcar que el señor Ricardo Martinelli Linares me dijo que abriera una cuenta en Suiza y yo abrí dos cuentas con dos sociedades diferentes, pero con la misma función, estas sociedades son HB Engineering y Treasure Island”.
Ruiz llevaba un registro preciso de las transferencias a las cuentas bancarias de cada una de las dos sociedades, con la fecha, monto de pagos y saldos de cada contratista. “Ese era el informe que yo le enseñaba al señor ‘Rica’ Martinelli cuando él me llamaba para pedirme el informe...”, reveló El Churro.
“Yo les indicaba a los contratistas Rodsa, Bagatrac, Meco, GS Contractor y Conalvías que mandaran ’X’ cantidad a las cuentas que él [’Rica’ Martinelli] me mandó a abrir…”, subrayó Ruiz. Así, entre 2011 y 2012, El Churro contó más de $12 millones para esas sociedades. Incluso, tenía apuntes de transacciones por millones de dólares más ajenos a estas sociedades, pero ordenadas por Martinelli Linares.
La preocupación de Cort
Otro protagonista de estas investigaciones es, como se dijo, el abogado Cort. Y aunque no es de los imputados en Blue Apple, su nombre salpica en cuentas bancarias y sociedades vinculadas al escándalo. Cort también fue pieza clave en el lavado de activos provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, caso por el que fue condenado. Este abogado viene a ser el nudo que une tres de los mayores escándalos de corrupción de la historia panameña.
En el caso de FCC, Cort era el que abanicaba el garrote, recordándoles a los ejecutivos de FCC que debían cumplir con el pago de las coimas, o, de lo contrario, tendrían problemas para cobrar por sus proyectos.
Eugenio del Barrio, ex director regional de FCC, explicó que, en lo referente a las obras con el MOP, su interlocutor era Cort, “aunque manteníamos reuniones con [el ministro] Suárez y Cort, y después con Cort y Jorge Ruiz, que es El Churro”.
La estructura mercantil de Cort era el vehículo para lavar el dinero que recibían a manos llenas sus clientes. “Las comisiones eran exigidas por Cort, quien decía siempre que eran por solicitudes del ministro Suárez, en obras del MOP, y eran exigidas con cada pago que nos hacía el MOP y, así en el momento en que recibíamos un pago, había un asedio continuo del señor Cort para que le pagáramos el importe de la comisión correspondiente a ese pago...”, explicó del Barrio.
“En cada visita que yo hacía en Panamá, que era casi todos los meses, –añadió– siempre era obligatorio reunirse con él para ver la situación del estado del pago de las comisiones y del cobro del proyecto... Su única preocupación era cobrar”.
Julio Casla, a su turno, narró que tal era el afán por dinero que impusieron el pago del 10% hasta en las adendas de contratos adjudicados en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), pero que eran aprobadas en el gobierno de Martinelli. “A través de Mauricio Cort –explicó– nos indicaron que presentásemos alguna nueva adenda ficticia en algún otro proyecto que estuviera en ejecución para resarcirnos del coste que nos producía el tener que pagar el 10% adicional”, aunque –según Casla– esas adendas ficticias no se llegaron a concretar.
Gran parte de las coimas se canalizó a través de una sociedad de Cort –Arados del Prado– con la que FCC firmó un contrato de servicios legales. Cada vez que FCC obtenía un contrato con el Estado, se gestionaba una adenda para justificar “los pagos indebidos”, explicó del Barrio.
Estos pagos sumaban “$98 millones, y hasta el 2013, se pagaaron, según mi conocimiento, $42.4 millones”. Las coimas –explicó– eran reclamadas por el señor Cort o el señor [Riccardo] Francolini”.
Y sobre el destino final del dinero, del Barrio dijo que Cort siempre afirmó –citando al exministro Suárez– que “era decidido por el presidente Martinelli”. Todo lo acontecido con las coimas -añadió– “...obedeció a la extorsión y presión ejercida por las más altas instancias del presidente Martinelli”.
