La resolución del caso Blue Apple, la trama de corrupción más importante después del caso Odebrecht, cada vez está más lejos. La audiencia preliminar del proceso ahora tiene una nueva fecha: del 5 al 25 de agosto.
Esta diligencia estaba programada para ayer, pero fue pospuesta porque solo asistieron 21 de los abogados; 9 no aparecieron o presentaron excusas. Además, la sala asignada no tenía capacidad para albergar tanta gente.
Es la segunda vez que se aplaza esta audiencia. Primero se pautó para el 11 de noviembre de 2020. “Entre más tiempo pasa, mayor es el riesgo de que prescriban los delitos”, dijo el fiscal Aurelio Vásquez.
El caso Blue Apple podría prescribir
El fiscal Aurelio Vásquez fue contundente cuando habló del caso Blue Apple: “este es un caso emblemático, en el que hay una enorme cantidad de dinero que se diluyó a través de coimas, a través de sobornos”.
Y también lanzó una alerta: “quiero dejar sentada la posición del Ministerio Público. Nosotros tenemos una investigación robusta. Una investigación que queremos por seguridad jurídica, y certeza del castigo, se realice. Hay algo que no podemos negar. Y es que la prescripción es un elemento jurídico que puede argumentarse y es un elemento de ley, sin embargo, si actos dilatorios dan lugar a esos, el Tribunal también tiene que prestarle atención”.
Vásquez se refería al Juzgado Tercero Liquidador, a cargo de Baloisa Marquínez, jueza que debe decidir el destino de la investigación.
Las palabras del fiscal surgieron luego de que ayer se aplazara por segunda vez la audiencia preliminar del caso. Ahora tiene una nueva fecha: del 5 al 25 de agosto. La primera fecha asignada fue el 11 de noviembre de 2020, pero en aquella oportunidad también se dilató porque varios imputados no habían sido notificados y el juzgado tenía resolver recursos presentados por abogados de los investigados.
El riesgo
De hecho, varios de los abogados que defienden a acusados en este caso coincidieron en que la figura de la prescripción de la acción penal podría aplicarse a algunos delitos.
El fiscal Vásquez recordó ayer que esta causa tiene cuatro delitos: contra la fe pública (falsificación de documentos), corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir, y blanqueo de capitales.
De acuerdo con algunos de los abogados de los procesados, los cargos por corrupción, asociación ilícita y falsificación podrían ser desestimados si el tribunal no dicta un auto de llamamiento a juicio.
Para el cargo de corrupción, por ejemplo, el Código Penal dispone una pena máxima de cuatro años de prisión, y en el de asociación ilícita, cinco años. Ambos caducarían en 2022, pues la investigación se inició en 2017.
En el de falsificación, que tiene una pena de dos años de prisión, ya existen dos peticiones de extinción de la acción penal.
“El Ministerio Público va a estar siempre presente y garante de que esta situación [la prescripción] no ocurra”, manifestó el fiscal Vásquez.
En esta trama, los acuerdos de colaboración alcanzados por los imputados dejaron al descubierto la amplia participación de funcionarios, empleados de bancos y allegados a la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Solo permanece detenido el abogado Federico Barrios, creador de la sociedad Blue Apple. Fuentes ligadas al proceso explicaron –sin dar más detalles– que Barrios pactó un acuerdo de colaboración y pena con la fiscalía, y aceptó devolver un apartamento, pero el Ministerio Público no pudo acceder a este por un trámite con el banco, por lo que en la actualidad ambas partes trabajan para reajustarlo.
En la vista fiscal del caso dice que el Ministerio Público pidió juicio para 52 de los 58 imputados, sin embargo, el fiscal Vásquez dijo ayer que eran 51 personas.
La lista de los investigados por blanqueo es larga, pero algunos de los que figuran en la misma son: Jorge Churro Ruiz, Joaquín Rodríguez Salcedo, Federico Suárez, Luis Enrique Martinelli Linares, Ricardo Alberto Martinelli Linares y Jaime Ford.
