Esta semana, el presidente de la República anunció que la planta generadora de 670 MW que originalmente debió ser ejecutada por NG Power, será asumida por el consorcio Group Energy Gas Panama, en el que participan InterEnergy Group, AES Panamá y el Estado panameño. Hasta ahora, nadie ha explicado cuáles son los detalles de esa transacción, cómo se concretó, qué papel juega el Estado y cuánto recibió NG Power a cambio. La ASEP, la Secretaría Nacional de Energía y Etesa han guardado un hermético y sospechoso silencio, como si este fuera un contrato de compra de vacunas. Si se supone que el Estado tiene 25% de la composición accionaria del consorcio, ¿es esto una alianza público-privada? ¿Acaso los panameños no tenemos derecho a conocer cómo se acordó el negocio y cómo se retribuyó a los accionistas de NG Power, uno de los cuales fue donante de campaña de Cortizo?¿Tendremos que conformarnos con la palabra del presidente, de que, como accionista, Panamá no tendrá que poner “ni un solo centavo de inversión”? ¿Se convertirá esto en el próximo “mejor negocio para los panameños”, como pasó con la compra de las concesionarias de los corredores, que no nos ha beneficiado en nada? Vale decir que, de paso, el Gobierno negociará con AES la compra de las acciones de la hidroeléctrica de Bayano. Si esto último fuera la verdadera clave del negocio, podría ser una buena noticia para el Canal, que quizás habría encontrado su nueva fuente de agua. Y si es así, entonces, ¿por qué no lo dicen?
HABRÁ QUE ver qué realmente adquirió el Estado panameño y sus nuevos socios en Group Energy Gas Panama. ¿El control de un proyecto de generación de energía a base de gas natural, hasta ahora inexistente? Después de todo, ¿cuáles son los activos de NG Power? ¿Una licencia para el desarrollo en Telfers y tres contratos de venta de energía (PPA, por sus siglas en inglés), adjudicados en 2013? La obtención de esa licencia fue lo que permitió a NG adjudicarse los contratos, sin tener un centímetro cúbico de la generadora construido. Estos contratos, además, han sido enmendados por la ASEP, con el único fin de garantizar su vigencia. Aunque hay que reconocer que la ASEP no siempre fue tan indulgente: el 6 de diciembre de 2017 -es decir, en la administración anterior-, le apagó la luz a la licencia de NG Power, con el fundamento de que no entregó el cierre financiero del proyecto, lo que, entre otras cosas, implicaba aportar los contratos y documentos que sustentaran el financiamiento para la construcción y posterior operación de la planta. A la empresa se le prendió el foco e inventó acudir a la Corte, que -iluminada- ordenó al administrador de la ASEP que revocara la cancelación y concediera más tiempo para la presentación de los documentos. Si estos contratos están vigentes -o no lo están- es un misterio y de nuevo la respuesta la tendría la Corte, donde hay ahora una demanda presentada por un abogado particular, precisamente para dirimir este asunto. Si NG no desarrolló la planta, no honró los contratos y quién sabe si aportó los sustentos financieros, ¿por qué la ASEP no canceló todas las autorizaciones y negoció directamente con Group Energy Gas Panama o InterEnergy Group? Te vendo un guanajo… te compro un guanajo, habría dicho el inmortal Álvarez Guedes.
