De acuerdo con la Constitución, Panamá es una democracia representativa. Eso quiere decir que el poder político lo ejercen representantes del pueblo elegidos mediante el voto. Sin embargo, lamentablemente la Carta Magna, en ninguna de sus partes, dice que ellos están obligados a actuar en el mejor interés de sus electores, así que, en la práctica, algunos escogen el sector de la población cuyas vidas, honra y bienes realmente protegerán. Y a veces, es el sector menos indicado.
Esta semana, con dos días de diferencia, el diputado Raúl Pineda, del oficialista PRD, presentó dos anteproyectos de ley en beneficio del crimen: uno, para eliminar las penas accesorias en las condenas por delitos comunes, y el otro, para impedir que el récord policivo sea exigido como requisito al solicitar un empleo. El primero es una especie de cirugía mayor al Código Penal, ya que implica modificaciones nada menos que a 56 de sus artículos. Y no hay una buena explicación para ello, excepto la que el mismo proponente divulgó en el pleno legislativo, cuando dijo que el anteproyecto 39 pretendía favorecer “a los que una vez se equivocaron”, y añadió: “hablo de los privados de libertad y hablo de esa segunda oportunidad que yo tuve en algún momento y que me trajo a la Asamblea. Si yo no hubiese tenido esa segunda oportunidad, hoy no estaría sentado en esta curul, reelecto tres veces diputado”. Con un mensaje subliminal como ese, no hay que ir hasta la Asamblea para encontrar al beneficiario final del anteproyecto 39… hay un “equivocado” que ofrece disculpas por supuestos actos de terceros, pero no por los propios; el de la andadera, al que todo le parece una “babosada”. Bien, si él fuera finalmente condenado por alguno de los dos delitos que le imputan, cuya condena máxima es de cuatro años de prisión, las juezas podrían agregarle la pena accesoria de inhabilitación de funciones públicas por igual periodo. Y, ¿adivinaron? No podría postularse –como sí lo ha hecho Pineda, aprovechando su “segunda oportunidad”– para tratar de reelegirse en un cargo de elección popular en 2024. Aquí salta un detalle: Pineda y su “protegé” tienen todavía que buscar aliados para el anteproyecto 39, ya que los diputados no tienen iniciativa legislativa para reformar los códigos. Las comisiones permanentes de la Asamblea sí la tienen, así que en realidad Pineda solo tendría que granjearse el apoyo de la Comisión de Gobierno, algo que tal vez no sea tan difícil teniendo en cuenta que Benicio Robinson y Crispiano Adames son, respectivamente, su vicepresidente y secretario. Imagínense… si estos próceres de la Patria se alinean, un hombre como el que hace tres meses fue condenado a 10 años de prisión por violar a sus dos hijas, al salir podría terminar siendo hasta director de la Senniaf.
En cuanto al anteproyecto 51, que trata de impedir el uso del récord policivo como condición para ocupar una plaza de empleo, esta sería la tercera vez que Pineda lo intenta. De hecho, el que presentó en diciembre pasado, sin éxito, era idéntico. No se sabe si es para darle una “segunda oportunidad” a su antiguo chofer pero, después del último robo en una joyería en Bella Vista, la necesidad de contar con el historial policial se explica por sí sola.
