El sistema penal acusatorio (SPA) cumple hoy dos años de haber entrado en vigencia en el primer distrito judicial, el que maneja mayor cantidad de expedientes en el país.
Abogados litigantes que lidian a diario con el sistema hacen un balance sobre los avances, desaciertos y sugieren las reformas que necesitaría el SPA para un mejor funcionamiento de la justicia.
Para el abogado Orlando Castillo, uno de los aspectos positivos del sistema es la rapidez con que se puede llegar a juzgar a una personas. Sin embargo, anotó que en los casos declarados complejos, que implican varios delitos y pluralidad de imputados, el sistema cae en las mismas fallas que tenía el inquisitivo: tarda hasta tres años para una audiencia.
Castillo cuestiona la actuación de los defensores de oficio en el SPA. “Gran parte de la labor a la cual ellos le llaman defender es llegar a acuerdos y no hay una defensa real de la persona”, dijo.
Abdiel González, abogado litigante, también cuestiona el rol de losdefensores de oficio que han llevado al sistema, según él, a una tendencia de lograr acuerdos de pena para todos los casos. Indicó que se debe legislar en esa materia, porque “se apresura al imputado a lograr el acuerdo de pena y se olvidan del resarcimiento a la víctima”.
Destacó que estos acuerdos se están aplicando en casos de delitos de homicidio culposo y que al final parecen menos graves y con menos sanción que los delitos de hurto pecuario.
Advirtió sobre la “urgente necesidad” de que se hagan reformas al SPA en ese sentido.
Según el abogado Isaac Figueroa, el SPA empezó con mucha expectativa, pero se ha venido fracturando hasta llegar a la posibilidad de que pueda “colapsar”.
Figueroa apunta a que las audiencias, que antes se hacían en uno o dos días, están siendo programadas hasta para tres meses después de que sean solicitadas.
Dijo que ha visto que en ciertas ocasiones los imputados aún no comprenden bien de qué se les está acusando, se declaran culpables en menos de 24 horas por recomendación de los defensores de oficio que -según él-, lejos de proteger los derechos de sus representados, les aconsejan - faltando a la ética profesional- declararse culpables de delitos que no estaban dentro del tipo penal por el cual se les condenó.
Figueroa dice que para que el sistema funcione mejor hay que garantizar una carrera judicial claramente definida, que impida injerencias en la independencia que todo juez debe poseer. También aceptar que el sistema penal inquisitivo desapareció.
Figueroa también advierte sobre la urgencia de proveer un presupuesto al Órgano Judicial, “cónsono con la realidad jurídica penal del país”.
Víctor Chan Castillo
Abogado.
El abogado Víctor Chan Castillo también ofrece su perspectiva. A su juicio, el sistema es bueno, pero no se consideró crear un instituto pericial, adscrito al Colegio Nacional de Abogados, que les permita a las personas humildes conseguir este tipo de servicios.
Manifestó que, por ejemplo, un peritaje de balística de un particular puede costar entre mil a 3 mil dólares. “Entonces la gente pobre, que quiere que se le haga justicia, desafortunadamente ve truncada su esperanza, porque no pueden pagar un defensor y pagar un perito”, señaló Chan Castillo.
Esta situación, dijo, está llevando a los acusados a lograr acuerdos de pena para obtener una condena rápida, y ese no es el objetivo del sistema. “Es una ley garantista para personas con poder económico que tienen plata para pagar pruebas periciales, testigos, entrevistas y toda clase de pruebas y atrasar las audiencias”, denunció.
Puso como ejemplo la audiencia al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos, en la que sus abogados “presentan pruebas y dilatan y dilatan el proceso. Sin embargo, a una persona humilde ya le hubieran hecho la audiencia y dictado sentencia”.
Otro aspecto que señaló es que, en su opinión, los abogados particulares están en desventaja en el ejercicio de la profesión respecto a las autoridades judiciales, porque -según él- estas últimas tienen, por ejemplo, acceso directo a los informes de los policías sobre capturas de drogas u otros hechos.
En varias ocasiones, la Alianza Ciudadana Pro Justicia ha advertido que el SPA enfrenta problemas como falta de presupuesto adecuado; nombramientos de funcionarios -jueces y magistrados del sistema- al margen de la nuevas normas de Carrera Judicial, y ausencia de campañas de difusión a los ciudadanos y los usuarios del sistema.
