Buscan una reforma integral para la justicia

La Comisión de Gobierno, Justicia, y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que dirige el diputado perredista Crispiano Adames, creó una subcomisión para buscar una reforma integral para el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Esta subcomisión, en la que participan el diputado independiente Juan Diego Vásquez (coordinador), el perredista Roberto Ábrego, y el panameñista Luis Ernesto Carles, está consultando a lo interno de la Asamblea, con la academia y con representantes de otras instituciones, los cambios que requieren las normas citadas.

“Hemos conversado con más de 10 instituciones y facultades de derecho. Lo que estamos haciendo es unificando criterios con todos los diputados posibles y con todas las instituciones que los diputados creemos se deben consultar”, explicó Vásquez a este medio.

Sin parches

La subcomisión nació a raíz de la insistencia del diputado Vásquez, quien en su momento, como representante de la Asamblea Nacional en la Comisión de Estado Por la Justicia, avaló una solicitud que hizo ese organismo al Legislativo para que no se aprobaran más cambios parciales a los códigos, sin que ello implicara una reforma integral.

La petición que le hizo la Comisión de Estado por la Justicia a la Asamblea fue una respuesta al conjunto de modificaciones que los diputados hacen sobre estas materias. A mediados de febrero pasado, el diputado Leandro Ávila, quien en ese momento presidía la Comisión de Gobierno, informó al pleno legislativo sobre la petición de la Comisión de Estado por la Justicia. Sin embargo, los diputados ignoraron el llamado y siguen presentando propuestas al respecto. Incluso, algunos proyectos de ley sobre el tema han sido aprobados en tercer debate.

De hecho, la propia Comisión de Gobierno avaló un proyecto de ley que presentó la diputada Mayín Correa (de Cambio Democrático) que modifica el Código Penal, para castigar con cárcel la paralización de obras estatales. Esta propuesta fue aprobada en tercer debate por el pleno y ahora el presidente Laurentino Cortizo debe decidir si la sanciona o la objeta.

La subcomisión, según Vásquez, debe entregar a finales de este período legislativo un documento a la Comisión de Gobierno. “La expectativa es producir en octubre el documento final”, señaló. En su momento, este diputado manifestó que la decisión de que se creara una subcomisión se debió a la cantidad de propuestas que sus colegas presentan sobre materia penal, lo que demuestra, según Vásquez, que se requieren cambios profundos y no “parches”.

Desde febrero pasado a la fecha, los diputados han presentado más de 25 iniciativas de ley, que incluyen el aumento de penas a ciertos delitos, entre otros aspectos.

Nuevos proyectos

En lo que va de septiembre, se han presentado al menos cuatro iniciativas legislativas para reformar la justicia. Las propuestas ya están en la Comisión de Gobierno, para su respectivo análisis.

Una de ellas es la que adiciona un artículo al Código Penal, para sancionar los actos de hostigamiento y acoso a las personas con discapacidad, iniciativa presentada por el perredista Fernando Arce.

También está el proyecto que adiciona artículos al Código Penal para sancionar el maltrato físico o verbal de los agentes de la autoridad hacia los ciudadanos. Este es impulsado por la diputada Correa.

Mientras que los diputados Fátima Agrazal, Itzi Atencio, Raúl Fernández y Leopoldo Benedetti, de igual forma, presentaron una propuesta que pretende adicionar al artículo 184 del Código Penal, el delito de acoso a menores a través de las redes sociales.

La diputada Zulay Rodríguez también presentó una iniciativa que plantea cambios al Código Penal y establece un marco regulatorio de control a las tasas de interés fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos otorgados por los bancos, empresas financieras y tarjetas de créditos.

En lo que se refiere al Código Penal, la iniciativa busca que se adicione el artículo 221-A para que “el que preste dinero u otorgue una facilidad crediticia a un interés mensual mayor del que establezca la ley, sea sancionado con una pena de tres a cinco años de prisión”.

Esto deja en evidencia que, a nivel individual, aquel pedido de la Comisión de Estado de Justicia (de febrero pasado) de no poner parches a los códigos que norman la justicia en el país, jamás se tuvo en cuenta.