Tras conocer sobre la querella penal interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, abogados calificaron la acción como “intimidatoria”.
“Es la utilización de la justicia y la desviación de la justicia para tratar de reivindicar fechorías” dijo el exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez.
Mientras , el abogado Carlos Herrera Moran expresó que estas denuncias y demandas tienen el propósito de intimidar a funcionarios judiciales, abogados y líderes de la sociedad civil.
Los juristas coinciden en que es necesaria una ley para blindar a los funcionarios judiciales de estas prácticas que, dicen, lesionan la institucionalidad.
Condenan y exigen el cese del asedio judicial
Justo cuando dos fiscalías del Ministerio Público esperan los resultados de exámenes que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó recientemente a Ricardo Martinelli como parte de los casos New Bussines y Odebrecht, sale a relucir la noticia: el expresidente se querelló contra dos médicos de esa entidad, por haberlo examinado en medio del proceso que se le siguió por presunto espionaje y peculado.
Los exámenes, cuyos resultados esperan las fiscalías, fueron practicados luego de que el exgobernante presentara incapacidades para no declarar en los casos New Business, que lleva la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, y Odebrecht, a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Por eso, juristas y representantes de la sociedad civil organizada califican de intimidación la táctica del exmandatario y abogan por una ley para blindar a los funcionarios de la administración de justicia de estas prácticas que, a su juicio, lesionan la institucionalidad.
El exfiscal de Cuentas Guido Rodríguez dijo, por ejemplo, que es evidente que este tipo de querellas contra fiscales, exfiscales, exmagistrados y ahora contra dos forenses lo que buscan es crear “un clima de intimidación”.
“De alguna manera, como quiera que el querellante está siendo objeto de procesos en diferentes instancias, cuando [un caso] llega al conocimiento de algún operador de justicia (...) pues necesariamente tienen que sentir algún grado de temor por verse envueltos en una querella de esta naturaleza”, dijo, y calificó esta estrategia como “la utilización y desviación de la justicia para tratar de reivindicar fechorías”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró urgente que se proteja por ley a funcionarios y auxiliares de la administración de justicia de medidas intimidatorias que, dijo, pretenden someter al sistema.
A su vez, los abogados Ernesto Cedeño y Carlos Herrera Moran también consideran necesaria esta norma.
Cedeño sustentó que una ley frenaría las acciones intimidatorias contra los actos que esos servidores públicos ejecutaron investidos de sus cargos.
“Ante el temor de la administración de justicia de parar este tipo de prácticas que se están dando contra activistas políticos, personas que ejercen un cargo público y periodistas, la única vía que hay, a mi juicio, es una ley que ponga las cortapisas y linderos para que no haya prácticas intimidatorias que puedan lesionar la democracia”, dijo Cedeño.
Herrera Morán expresó que una ley blindaría a jueces y fiscales, de tal manera que no puedan ser amedrentados por quienes tienen ese poder económico y político. Pero añadió que hay que dejar claro que estos funcionarios no son intocables.
A Herrera Morán le llama la atención que la práctica no ha sido denunciada ni por la Corte ni por el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, que, dijo, deben salir en defensa de jueces y fiscales.
Una de las que ha sido blanco de las querellas de Martinelli es la fiscal anticorrupción Tania Sterling.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que nuevamente se reclama el amparo de independencia judicial, figura creada mediante la Ley de Carrera Judicial, que está vigente pero no se aplica.
Martinelli ha denunciado a exfiscales, una exprocuradora de la Nación, exmagistrados de la Corte, una excanciller y actuales fiscales, entre otros, pasando por alto el artículo 388 del Código Penal, que sanciona con pena de 5 a 10 años de prisión a “quien utilice la fuerza física, amenaza, intimidación, (...) o obstaculice o impida el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de los organismos de investigación, del Órgano Judicial o del Ministerio Público, encargados de hacer cumplir la ley”.
