Un viaje de cinco funcionarios a Estados Unidos –pagado por la sociedad Canna Med Panama, S.A.– dejó al descubierto el esfuerzo que adelantan empresas para establecer en el país el lucrativo negocio del cannabis, a través de su uso medicinal. Pero, las alertas van más allá, porque expertos en seguridad y salud pública advierten que es un campo “peligroso” que podría ser aprovechado por “empresarios inescrupulosos”, en pos de un negocio de miles de millones de dólares.
Canna Med Panama, S.A., cuyos directivos son el canadiense Jed Wood (presidente) y los panameños Rubén Arosemena (secretario) y George Novey Castro (tesorero), pagó un viaje –del 20 al 24 de junio pasado– a funcionarios a Baton Rouge, en el sureño estado de Luisiana, Estados Unidos.
La comitiva la integró Elvia Lau y Elsa Jara, directora de Farmacias y Drogas y jefa de la Sección de Sustancias Controladas del Ministerio de Salud (Minsa), respectivamente, así como tres miembros del personal de apoyo de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN): Ingrid Pardo, Álvaro Céspedes y Ruth Ábrego, para visitar laboratorios y centros de producción de cannabis medicinal y farmacias privadas. El periplo se hizo mientras la discusión del proyecto de ley 153 –que busca regular el uso del cannabis con fines medicinales– estaba suspendida en la AN por modificaciones.
El proyecto limitaba a tres el número de licencias, pero este martes, Lau reveló que se fijó en siete las licencias para la fabricación de derivados de cannabis medicinal en los primeros cinco años de vigencia de la ley.
Para suplir “a los pacientes y el mercado local”, estas empresas tendrán un periodo de dos años para importar los derivados del cannabis, tras recibir su licencia.
Sin embargo, mientras se debatía la legalización del negocio, Canna Med Panama –que pagó el viaje a personal clave gubernamental para aprobar y vigilar las licencias de comercialización– ya limpió “más de 100 acres [unas 40.5 hectáreas] en la isla San José”, que están “listas” para el cultivo. En esta isla –la segunda más grande del archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá– ya se han hecho “pruebas”, describe la empresa en su página web.
Canna Med promociona en la web que se dedica “a cultivar cannabis medicinal… utilizando métodos agrícolas eficientes y sostenibles. Eso significa que cultivamos nuestras plantas de cannabis utilizando insumos naturales y orgánicos” y que su personal está compuesto por profesionales de Estados Unidos, Canadá y Panamá, con “amplia experiencia” en agronomía, política, atención médica (incluida la fabricación), agronomía, biotecnología, gestión pesquera/forestal y energía.
El ‘secreto’ mejor guardado
¿Cuánto invirtió Canna Med Panama en boletos aéreos, hospedaje, alimentación y recorridos de los funcionarios en Luisiana? La respuesta no la quiso revelar a La Prensa el presidente de la compañía, Jed Wood, pese a haberse comprometido a hacerlo. A su turno, Arosemena adujo que la información sobre los costos del periplo sólo la maneja la empresa.
Wood tampoco respondió si expandirá su negocio a clínicas y farmacias que presten servicios médicos con cannabis, en caso de aprobarse su uso medicinal. Canna Med Panama tiene vida jurídica desde el 13 de febrero de 2020, pero en su página web (cannamedpanama.com) revela que opera desde 2019: “sirviendo al mercado médico legal con un enfoque en el cultivo y producción de flores y extractos de cannabis a granel”. Ello, a pesar de las prohibiciones de esas actividades en la legislación local.
En el viaje, Wood, Arosemena y los funcionarios panameños fueron acompañados por el gerente de operaciones de la empresa, Jeff LaBerge, un estadounidense que desde 2018 cofundó una empresa dedicada a la plantación de cáñamo industrial en California.
Arosemena, secretario y suscriptor de la sociedad, indicó que Canna Med le pidió un acercamiento con “las autoridades correspondientes”. Su primera opción –dijo– fue un funcionario del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (Idiap), cuyo nombre dijo no recordar, pero que se mostró “muy interesado”. Esta persona, aseguró Arosemena, “recomendó capacitar a funcionarios de jefatura relacionados al tema, pero no en Panamá, por tratarse de una sustancia controlada”.
“Yo consulté con Jed [Wood], presidente de la compañía, si estaba dispuesto [a realizar la capacitación] y cubrir los costos, porque evidentemente era probable que ellos quisieran. La idea era fortalecer la capacitación y así se hizo. Se enviaron invitaciones al Minsa, al Ministerio de Seguridad y a la Asamblea. También al Ministerio de Desarrollo Agropecuario [Mida], pero… declinaron y al final no participaron”, detalló Arosemena. Según el proyecto de ley, el Mida regulará los productos “terapéuticos con animales”.
Mientras enviaban las invitaciones, “la empresa [Canna Med Panama] contactó al decano de la facultad de Agronomía de la Universidad Estatal de Luisiana [William Richardson], porque tiene una licencia” para el proceso del cannabis manejada por una empresa privada, resaltó Arosemena.
Lobby
En agosto de 2020, fotos publicadas por la Asamblea Nacional dieron cuenta de una reunión del entonces presidente de ese Órgano del Estado, Marcos Castillero, y Rubén Arosemena, quien confirmó que solicitó que se le diera prioridad a la discusión sobre el uso del cannabis medicinal. Arosemena fue acompañado por tres personas más que utilizan este tipo de medicamentos.
La Prensa le preguntó a Arosemena si en la reunión con Castillero se identificó como dignatario de Canna Med Panama. “Yo en ese momento –dijo– no estaba involucrado en el tema comercial y en el camino de estar involucrado en los primeros debates… me contacta esta empresa”.
Sin embargo, la sociedad fue inscrita en febrero de 2020 y la reunión con Castillero fue en agosto de 2020, le comentó La Prensa. Tras una larga pausa en silencio, Arosemena indicó que “el tema puede ser de dos sombreros. Yo estoy participando en las reuniones con exposición testimonial, para que las personas entiendan la utilidad de este tratamiento no tradicional de dolencias. Lo que nos interesa a nosotros primero es que la ley se apruebe”.
También admitió haberse reunido con el ahora presidente de la Asamblea, Crispiano Adames (PRD), proponente del proyecto de ley sobre el uso medicinal del cannabis. Resaltó que en el encuentro –sin precisar la fecha– le indicó a Adames los puntos que debe contener la ley, como que los productos con cannabis tengan precios accesibles.
Más actores
Además de Canna Med, en Panamá se han establecido otras empresas extranjeras vinculadas a la producción y comercialización del cannabis como, por ejemplo, Canopy Growth Panamá Pacífico, S. de R. L.
Esta sociedad se inscribió en el Registro Público en septiembre de 2019. Siete días después, los diputados Adames y Castillero, actual y anterior presidente de la Asamblea, respectivamente, presentaron el proyecto de ley. La justificación para la “iniciativa legislativa” de Adames fue respaldada por 19 diputados del PRD.
Canopy Growth se instaló en el área económica especial de Panamá Pacífico en mayo del año pasado y en octubre de ese año se le daba la bienvenida en redes sociales. De acuerdo con informes periodísticos, esta empresa canadiense estaría en el listado de las que hizo lobby en el Senado de México para legalizar la marihuana recreativa.
Argentina, Colombia, Perú y Puerto Rico son algunos de los países que legalizaron el cannabis medicinal, que genera multimillonarios dividendos. Este negocio promete ingresos de unos $10 mil millones al año, según el diario Clarín de Argentina, razón suficiente para que los empresarios canadienses estén entre los que más están presionando por una ley de legalización del cannabis en Panamá.
Riesgos/Beneficios
Al margen del negocio, el cannabis medicinal es polémico entre los especialistas de salud. Por ejemplo, el pediatra neonatólogo Pedro Vargas criticó en Twitter el proyecto de ley: “Cuando veo esto [el uso del cannabis medicinal] y sus proponentes, no puedo pensar en nada bueno. O siembran marihuana o venden falsas esperanzas… Se necesita ser muy sediento de dinero y poco respetuoso de la vulnerabilidad humana frente a la enfermedad”.
Contactado por La Prensa, criticó las carencias del proyecto de ley. Dijo que no se indican los porcentajes que contendrán los medicamentos de principios activos como el tetrahidrocannabinol (THC), un componente psicoactivo que altera la percepción y modifica el estado anímico, y del cannabidiol (CBD), que es un anticoagulante.
Alerta de seguridad
Para el exministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, patrocinar este viaje a los funcionarios “compromete la seguridad del país”, porque una mala decisión de ellos al aprobar licencias generaría un descontrol sobre la producción y comercialización del cannabis. Advirtió que hay empresas que reclutan a funcionarios para que luego los favorezcan con contratos.
Aguilera consideró contradictorio que Panamá gaste millones de dólares incautando drogas y al mismo tiempo legalice la producción de marihuana.
Preocupación también expresó el exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, quien advirtió que se colocaría una carga adicional al Ministerio de Seguridad (Minseg) en el combate contra el crimen organizado.
“Se tendría que destinar más peritos y personal capacitado al Minseg para que, en conjunto con las otras entidades, puedan controlar una actividad tan peligrosa, que eventualmente generará mayor responsabilidad a los fiscales”, resaltó.
“La gente –añadió– siempre busca mañas para intentar las trampas. La droga, en cualquier presentación, es adictiva, por lo que el vicio genera la ambición y lucro de empresarios inescrupulosos”.
Contrario a esas posiciones, el exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat, dijo que la seguridad pública no estaría en riesgo, ya que los medicamentos tendrían prescripción médica, bajo controles que establecerán las autoridades, igual a algunos medicamentos que actualmente lo requieren. “No siento que hay un tema de seguridad ni de narcotráfico”, afirmó.
A la preocupación sobre que el cannabis medicinal llegue a las calles, Asvat consideró que “eso no es cierto, ya que los medicamentos [con cannabis] no tienen esos efectos recreacionales”.
Lo único que le preocupa es la cantidad de licencias a expedir, ya que limitan la competencia a las empresas que buscan la aprobación de la ley en la Asamblea.
