El procurador suplente, Javier Caraballo, ocupará la jefatura del Ministerio Público (MP) mientras el Gabinete, liderado por Laurentino Cortizo, escoge el reemplazo de Eduardo Ulloa para completar el período que debió ejercer Kenia Porcell hasta el 31 de diciembre de 2024.
Tras la renuncia de Porcell, Ulloa la reemplazó el 2 de enero de 2020, pero este también anunció su salida en medio de las denuncias de abusos contra menores bajo la tutela del Estado.
Cortizo informó que tras una reunión con Caraballo, el Gabinete nombrará a un titular, según lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución, que implica la ratificación de la Asamblea Nacional.
Caraballo, con 23 años en el MP, debe asumir el lunes 1 de marzo.
Desde que el 24 de febrero, Ulloa anunció su salida ha guardado silencio, pese a que varios sectores piden que profundice en las razones, dado que había prometido “rescatar” la institución. Hasta el cierre de esta edición tampoco había mostrado un informe de gestión.
Se sumó así a la lista de nueve procuradores en 31 años de democracia que renuncian o son destituidos.
Así de espinoso es el cargo: 9 procuradores en 31 años
En 31 años de democracia el Ministerio Público (MP) ha tenido 10 procuradores a la cabeza de esta institución. Desde 1989, solo un procurador ha estado los 10 años seguidos en el puesto, como lo establece la Constitución.
La mayoría ha renunciado en medio de escándalos y en algunos casos dejan el cargo al ser destituidos por el único poder del Estado facultado para ello: la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La reciente renuncia del procurador Eduardo Ulloa, quien llegó al cargo el 2 de enero de 2020, tras la salida de Kenia Porcell, en medio del escándalo de los “Varelaleaks”, ha dejado nuevamente a la institución encargada de perseguir el delito sin un titular visible.
Tras un año y dos meses en el MP, Ulloa presentó esta semana su renuncia en una carta que luego hizo pública, dirigida al presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Gabinete, otra vez debe decidir
El proceso para escoger a Ulloa fue extenso y complejo. La designación la hizo el Consejo de Gabinete el 10 de diciembre de 2019. Durante el anuncio, Cortizo informó que de los nueve candidatos identificados, cinco aceptaron someterse al escrutinio por parte de la empresa Transiciones y Consultores Estratégicos.
Esta consultoría, la cual tuvo un costo de $38 mil, aplicó una “evaluación psicométrica”, que implica inteligencia emocional. Ese mismo mecanismo fue utilizado para escoger a los magistrados de la Corte María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo y Carlos Vásquez.
Cortizo entrevistó personalmente a los cinco candidatos. El mandatario relató que se buscaron características de integridad, independencia, temple, liderazgo y capacidad de trabajo en equipo, entre otras.
Incluso, manifestó que le solicitó a Ulloa aplicar la ley “sin presiones”. Este, a su vez, prometió fortalecer y rescatar la institución que ahora deja. Pero eso quedó atrás.
Tras el sorpresivo anuncio de Ulloa el pasado miércoles 24 de febrero, Cortizo reaccionó, a través de su cuenta de Twitter, ayer viernes, señalando que aceptó la renuncia del procurador –a partir del 1 de marzo– y que le pidió al procurador suplente, Javier Caraballo, también nombrado por él en diciembre de 2019, asumir el cargo hasta tanto el Gabinete se reúna para nombrar a un titular.
No dijo más sobre esta nueva crisis, que llega justo cuando el MP culmina investigaciones de casos de alto perfil, como abusos en albergues de niños bajo protección del Estado, o casos de gran calado, como el de Odebrecht.
Ahora, la titánica labor de perseguir el delito le tocará liderarla, de forma interina, a un viejo conocido en el MP. Caraballo tiene 23 años en la institución y ha ocupado cargos como fiscal primero de drogas, fiscal de drogas de las provincia de Colón y Guna Yala 2017-2020) y fiscal especializado contra la delincuencia organizada.
Entre las investigaciones que ha llevado adelante, figuran el caso por presunto blanqueo de capitales, conocido como Panama Papers, en la que se allanó la sede de la firma Mossack Fonseca, así que un sinnúmero de pesquisas sobre narcotráfico que tocaron cárteles mexicanos y colombianos.
Este medio preguntó a la Presidencia, a través de la Secretaría de Comunicación, cuándo se reuniría el Gabinete o si se usaría el mismo mecanismo de 2019 para elegir al nuevo procurador, pero hasta el cierre de esta edición no habían respondido.
Según el artículo 200 de la Constitución, es potestad del Gabinete nombrar al procurador, decisión que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el gobernante Partido Revolucionario Democrático. El primer filtro es la Comisión de Credenciales, que presidente Roberto Ábrego (PRD), y luego el pleno lo avala o rechaza.
Un cargo difícil
En la era democrática de Panamá, desde 1989, solo un procurador ha permanecido 10 años en el cargo. Se trata de José Antonio Sossa, designado por Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Sossa ocupó el cargo durante las presidencias de Pérez Balladares y Mireya Moscoso (1999-2004).
Durante la presidencia de Guillermo Endara (1989-1994) hubo dos jefes del MP. Fueron Rogelio Cruz y José Ramón Valdés. Cruz fue separado por la Corte Suprema, luego de dos años en el cargo, a raíz de una investigación que lo implicaba. Valdés ocupó el cargo por dos años más, hasta la designación de Sossa.
Cumplido su periodo para el cual fue designado, Martín Torrijos (2004-2009) reemplazó a Sossa. La designación recayó en Ana Matilde Gómez, quien ocupó el cargo hasta 2010, cuando fue suspendida y posteriormente condenada por la CSJ por autorizar intercepciones telefónicas en una investigación seguida a un ex fiscal por corrupción. Todo ocurrió en medio de una pugna con el entonces presidente Ricardo Martinelli.
Inicialmente su suplente, Giuseppe Bonissi, asumió el cargo en febrero de 2010. Pero renunció en medio de un escándalo de corrupción en el MP. Así, en diciembre de ese año, Martinelli nombró a un nuevo procurador: José Ayú Prado. Ayú Prado ocupó el cargo casi tres años, hasta su nominación para magistrado de la CSJ, cargo que ocupa hasta la fecha.
El periodo de 10 años, el cual inició con Gómez en 2004, lo terminó Ana Belfon, la última persona nombrada por Martinelli en el cargo. Belfon se desempeñó por un año, hasta culminar el periodo.
En 2014, Juan Carlos Varela (2014-2019) nombró a Kenia Porcell, quien ocupó el cargo hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando renuncia en medio del escándalos de los “Varelaleaks”.
Fue así como Ulloa se convirtió en el segundo procurador de este periodo presidencial. En realidad, a Cortizo no le correspondía, por los tiempos, designar a un Procurador. El periodo de Porcell estaba supuesto a durar hasta 2024. Será la segunda designación que haga Cortizo en su periodo.
Una crisis profunda
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana resalta que haber tenido 9 procuradores en 31 años evidencia la “la crisis y fragilidad de un sistema de justicia que la sociedad ya se plantea como fallido”.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, considera que la inestabilidad del cargo envía un mensaje “de tremenda inseguridad jurídica”.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, dijo que la salida de Ulloa es un duro golpe para la administración de justicia, sobre todo para los fiscales y personeros, que deben batallar contra la criminalidad organizada que busca corromper todas las estructuras de la justicia.
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, plantea que el reemplazo de Ulloa debe responder al momento histórico por el que atraviesa la administración de justicia. Resalta que el procurador debe de gozar de la confianza pública, especialmente tener la valentía para para luchar contra la impunidad y la corrupción, que es su deber.
Invitó al Gabinete a usar el mecanismo sugerido por el por el Pacto de Estado por la Justicia, que implica la participación ciudadana antes del nombramiento.
