Informes del procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, y del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, dejaron al descubierto el mal funcionamiento de albergues en el país.
Caraballo detalló que como parte de las 18 investigaciones que siguen fiscales del Ministerio Público (MP) por presuntos abusos en albergues bajo la tutela del Estado se han efectuado inspecciones en 57 de estos centros e identificado a 20 víctimas, que ya fueron reubicadas.
Por estos casos, se han imputado cargos a cinco personas, dijo.
A su vez, Leblanc dijo que la Defensoría hizo inspecciones en 44 albergues y constó que el 70% de estos carece de personal idóneo.
Detallo que en estos albergues hay niños que llegan a la mayoría de edad y las autoridades responsables no hacen seguimiento a estos casos, incluyendo la la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
El informe de la Defensoría del Pueblo también precisa que el personal de los albergues admite que hay poco seguimiento de la Senniaf y que algunos de los edificios están en malas condiciones.
El Procurador General encargado, Javier Caraballo, informó que la mayoría de las irregularidades encontradas en los albergues son administrativas. En el caso de las irregularidades penales se han abierto 18 investigaciones. #LaPrensaSecuestrada informa: https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/9Z6bNNgAvy
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 9, 2021
Procurador revela que han hallado a 20 jóvenes víctimas de abusos en albergues
El procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, informó ayer que han identificado a 20 niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de maltratos en alguno de los 57 albergues inspeccionados por el Ministerio Público (MP) a nivel nacional.
En conferencia de prensa, Caraballo detalló que como parte de las investigaciones que adelanta el MP por estos abusos los fiscales han entrevistado a por lo menos 280 menores que permanecen en estos 57 albergues para conocer de primera mano las condiciones de estos.
Recalcó que aquellos niños, niñas y adolescentes víctimas de maltratos fueron retirados de los albergues y reubicados en otros centros.
Dijo que hasta la fecha se han imputado cargos a cinco personas por delitos que van desde maltrato al menor, peculado y contra la libertad sexual, aunque esta cifra podría aumentar en los próximos días.
El funcionario reconoció que, en ocasiones, las investigaciones judiciales no marchan a la velocidad que exige la comunidad, pero afirmó que están trabajando para esclarecer los hechos y llevar a los responsables de los abusos ante las autoridades competentes.
Defensoría da informe
Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, reveló que el 70% de los 44 albergues inspecciones por funcionarios de esa entidad no cuentan con personal idóneo para la atención de los menores. Faltan psicólogos, personal de salud y trabajadores sociales, entre otros profesionales, dijo.
Defensoría del Pueblo presenta informe preliminar de inspección a albergues de niños, niñas y adolescentes.#LaPrensaSecuestrada
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 9, 2021
Video: Román Dibulethttps://t.co/GJtd8qOZVh pic.twitter.com/V4gEZYIfqo
Leblanc advirtió que hay menores que llegan a la edad adulta dentro de los albergues sin que las autoridades competentes les hallan ubicado un hogar, y destacó que entre esas autoridades está la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que no da seguimiento a estos casos, una situación que, según resaltó, fue reconocida por los propios trabajadores de los albergues.
Otra de las anomalías reportadas es el poco acceso a la educación de los jóvenes que en estos centros.
Imputan cargos por violación a menor
Mientras tanto, la jueza de garantías Gloria González ordenó ayer la detención provisional de un hombre presuntamente implicado en la violación de un menor de 14 años edad, hecho que habría ocurrido el año pasado en un centro de rehabilitación destinado a adultos con adicciones a las drogas ubicado en Las Garzas de Pacora. El adolescente fue llevado a dicho hogar procedente de un albergue bajo tutela de la Senniaf.
En una audiencia celebrada en la mañana de ayer, el fiscal Víctor Barrios presentó a la jueza las evidencias que presuntamente vinculan al agresor con los hechos, ocurridos en el centro de rehabilitación Vida Libre, en Las Garzas de Pacora, al que la víctima fue trasladada junto con otros 12 adolescentes por órdenes, presuntamente, de la Senniaf.
Fuentes ligadas a la investigación de este caso relataron que los hechos se registraron entre el 19 de marzo y el 21 de agosto de 2020, cuando el grupo de menores fue llevado al hogar, pese a que era para adultos.
Las fuentes precisaron que en este centro se daba asistencia no solo a hombres adictos a las drogas, sino también a mujeres, incluyendo prostitutas.
Entre las evidencias aportadas por la fiscalía se encuentra el testimonio de uno de los encargados del centro de rehabilitación, en el que precisó que en ese lugar no se daba acogida a menores de edad, pero a petición de la Senniaf acogieron al citado grupo.
La víctima es un joven indígena de 14 años de edad que quedó huérfano a los 2 años y que presenta cierto grado de discapacidad.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue abusada por lo menos en tres ocasiones.
Se trata de una investigación iniciada de oficio por el Ministerio Público en el año 2020, luego de que medios de comunicación –incluyendo La Prensa– reportaron el traslado irregular de menores a ese centro.