La Fiscalía Superior Especial Anticorrupción ha solicitado al tribunal de la causa que le dé tratamiento de ‘complejo’ al caso vinculado a Odebrecht en Panamá, específicamente en la investigación de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A., caso al que también se ha sumado el financiamiento de la campaña del ex candidato presidencial de Cambio Democrático José Domingo Mimito Arias.
La fiscalía pidió al tribunal que se califique la investigación “como delincuencia organizada”, ya que están dados los elementos señalados por ley para esta calificación. Originalmente, la investigación se adelantaba bajo la teoría de la comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública.
La solicitud busca, en el fondo, más tiempo para adelantar las investigaciones que lleva el Ministerio Público en Panamá.
“No descartamos que producto de las pruebas que se adquieran a nivel de la República de Panamá, como las de los países a los cuales se le han emitido asistencia judicial, resulten vinculadas otras personas y se acrediten otros hechos punibles, como es el delito contra la administración pública, en virtud de que se tiene la certeza jurídica de que la empresa constructora Norberto Odebrecht, simulando la procedencia lícita de dinero, llevo a cabo la ejecución de pagos a funcionarios panameños con el objeto y único propósito de garantizarse la adjudicación de contratos para la construcción de proyectos sociales en la República de Panamá”, señalan los fiscales.
En su sustento, los fiscales sostienen que “estamos en presencia de un grupo delictivo organizado, integrado por más de tres personas, los cuales han actuado durante varios años, ya que así se ha demostrado con la relación existente entre los mismos, es una organización que viene operando desde 2009, en la cual sus miembros han interactuado de manera concertada, en la ejecución, coordinación y colaboración de los hechos delictivos creando y utilizando sociedades ‘offshore’ para el ocultamiento del dinero ilícito, a través de las cuentas bancarias que estas mantenían en diferentes países del mundo”.
Estos hechos demuestran, sostienen los fiscales, que están en presencia de una “organización criminal trasnacional” , debidamente estructurada y que atentaba contra la economía y el orden societario del Estado.
Por este caso han sido acusados varios brasileños, entre ellos, el director superintendente de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello; el beneficiario de las cuentas de Constructora Internacional del Sur, Olivio Rodrigues Junior; exejecutivos de Petrobras, condenados por corrupción en su país natal; abogados de la firma Rosas & Rosas; ejecutivos de Odebrecht en Panamá, quienes recibían pagos en efectivo de dineros depositados en las cuentas bancarias de Rosas & Rosas, procedentes de la sociedad Constructora Internacional del Sur, entre ellos, Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino Paz.
También han sido acusados los estrategas políticos brasileños Joao Santana y su socia y esposa Mónica Moura, quienes trabajaron para otro de los acusados en este caso, el ex candidato presidencial Mimito Arias.
Moura y Santana firmaron en la pasada campaña electoral contratos de servicios profesionales con el partido Cambio Democrático, cuyo fundador es el expresidente Ricardo Martinelli, detenido en Miami (Estados Unidos) a la espera de un fallo que debe responder una petición hecha por Panamá para su extradición.
Según la confesión de los estrategas políticos en Brasil, Odebrecht se comprometió a pagar más de 20 millones de dólares a Cambio Democrático para financiar una costosa campaña que, empero, no fue suficiente para alcanzar una victoria electoral en 2009.
Aunque el ex candidato presidencial de Cambio Democrático ha ido al Ministerio Público a explicar cómo se financió su campaña, para los fiscales sus explicaciones han sido insuficientes, pues no ha podido corroborar la licitud de los dineros pagados a la pareja brasileña.