Caso juntas comunales, trabado en un juzgado

Estancado se encuentra, desde junio de 2019, el caso por presunto peculado en 13 juntas comunales del Municipio de Panamá.

Lo anterior, a raíz de que el juez quinto penal, Enrique Paniza, no ha decidido si le da la razón o no a seis abogados de los investigados que, a través de un recurso, se opusieron a que se le otorgue un año más al Ministerio Público para seguir recavando evidencias.

El proceso está relacionado con el dinero público que diputados del periodo 2009-2014 transfirieron a las juntas comunales de Chilibre, San Francisco, Pedregal, Ancón, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Calidonia, San Martín, San Felipe, Tocumen, Las Mañanitas, La 24 de Diciembre y Bella Vista, con el aval de la Dirección de Presupuesto de la Nación.

Una auditoría de la Contraloría estimó una posible lesión al Estado por $3.3 millones. La Fiscalía Anticorrupción de Descarga investiga la supuesta comisión del delito de peculado. Según un reciente informe del Ministerio Público hay 46 imputados, y aunque no se mencionan nombres, datos que dio la fiscalía en el pasado revelan que se investiga a exdiputados, alcaldes y representantes de corregimiento.

Juntas comunales, el caso que podría quedar impune

Sin el debido sustento, como lo exige la ley, entre 2009 y 2014 la Dirección de Presupuesto de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó transferencias de dinero a las juntas comunales de Chilibre, San Francisco, Pedregal, Ancón, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Calidonia, San Martín, San Felipe, Tocumen, Las Mañanitas, La 24 de diciembre, Bella Vista y el Municipio de Panamá.

No se mencionó falta de recursos, declaración de Estado de emergencia, o alguna necesidad que justificara el traslado de los fondos.

Se argumentó que el dinero era para “proyectos de interés social y comunitario”, “malversando fondos estatales cuyo destino era beneficiar a la población humilde de nuestro país”, a la cual la ayuda nunca le llegó.

Así describe el Ministerio Público la génesis del caso que sigue la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por supuesto peculado en la transferencia de partidas circuitales que hicieron diputados de dicho periodo a las juntas comunales de la capital del país.

A pesar de que hasta ahora existen 46 imputados, entre los que figuran exdiputados, representantes de corregimiento y alcaldes, el proceso no registra ningún avance. Está estancado en los escritorios del Juzgado Quinto Penal, a cargo del juez Enrique Paniza, desde el pasado 10 de junio, cuando ese despacho admitió un recurso presentado por seis abogados de los procesados, quienes se oponen a que se declarara el caso como “complejo”, y a que se otorgara un año más a la fiscalía para seguir investigando.

El Ministerio Público sustentó su oposición a las acciones legales de la defensa e, incluso, el pasado 25 de octubre presentó una solicitud de impulso procesal (para pedir agilidad en el caso), pero hasta ahora el Juzgado Quinto Penal no se ha pronunciado. No ha tomado una decisión.

Lo que falta

Para concluir esta pesquisa, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga tiene pendiente al menos seis diligencias.

Debe consultar al Tribunal Electoral si después de la formulación de cargos (21 de diciembre de 2018) y luego de que se emitiera la providencia de indagatoria, algunos de los investigados adquirieron fuero electoral, y ver qué estatus tienen hoy. Además, tiene que incorporar una auditoría de la Contraloría correspondiente a la “empresa Dutary Sport, y demás relacionados”. El informe del Ministerio Público no da detalles del vínculo de esta compañía con el caso.

Dutary Sport está vinculada al caso Pandeportes, relacionado con la aprobación de cientos de miles de dólares para la compra de implementos deportivos –canalizados a través de diputados– que no llegaron a sus destinatarios. Esta empresa fue una de las más beneficiadas –$763 mil–, y Franz Wever Guerra –hijo del entonces secretario general de la Asamblea y presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Metro– figuraba como el agente residente.

La fiscalía también debe formular cargos en contra de los representantes legales, propietarios de sociedades proveedoras y particulares “que brindaron supuestos servicios profesionales a las diferentes juntas comunales”. Además, tiene que remitir copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a diputados que se mencionan en la pesquisa. Debe formular cargos en contra de exdiputados relacionados con los hechos investigados, y solicitar información personal y bancaria de los imputados.

Inédito

Todo empezó después de que en marzo de 2018, el contralor Federico Humbert reveló al país que auditorías de su institución detectaron posibles irregularidades en las partidas circuitales que transfirieron diputados, con el aval del MEF, a 187 juntas comunales del país.

Sin embargo, es la primera vez que el Ministerio Público da detalles de este caso. Por eso se sabe que hay un expediente exclusivo para lo que tiene que ver con las juntas comunales de la capital, y así sucesivamente. Las de Colón, Darién y San Miguelito están en investigación, al igual que las de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera. Falta indagar a sospechosos, entrevistar a auditores de la Contraloría, inspeccionar oficinas estatales y pedir información a bancos, entre otras diligencias.