La fase de investigación del caso Odebrecht concluyó ayer sin que la Fiscalía Especial Anticorrupción culminara todas las indagatorias que ordenó.
Por ejemplo, tres mujeres vinculadas a la línea de investigación correspondientes al periodo de Ricardo Martinelli no pudieron ser interrogadas porque presentaron certificados de incapacidad médica. Táctica que usó en julio pasado el propio Martinelli para no comparecer.
Ahora, la fiscalía debe entregar al Juzgado Tercero de Liquidación la vista fiscal en la que se le impusieron cargos a más de 90 personas. También deberá revelar el monto del dinero recuperado a través de sus pesquisas.
El caso Odebrecht cerró en medio de tácticas dilatorias
A las 5:00 p. m. de ayer culminó la fase de investigación del caso Odebrecht sin que la Fiscalía Especial Anticorrupción concluyera todas las indagatorias que tenía en agenda.
Por ejemplo, la fiscalía contemplaba interrogar a tres mujeres vinculadas a la línea de investigación correspondiente al periodo de gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), pero las tres presentaron certificados de incapacidades médica. La fiscalía tampoco pudo tomar indagatoria a una personal natural, y otra jurídica, pues no comparecieron.
El caso cerró además sin que la Corte Suprema de Justicia resolviera tres amparos de garantías. Uno fue interpuesto por el expresidente Juan Carlos Varela, otro por el ciudadano ecuatoriano Freddy Barco Vera, y el tercero por el abogado de Juan Carlos Espinosa. Este último recurso se presentó en noviembre de 2018.
También quedan en trámite 40 recursos interpuestos ante el Juzgado Decimosegundo Penal, pero tras su liquidación deberán ser resueltos por el Juzgado Tercero Liquidador, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez. Este despacho también debe resolver otros 20 recursos que tramita el Segundo Tribunal Superior. El artículo 520 del Código Judicial señala que la fiscalía tendrá un día adicional por cada 50 páginas que contenga el expediente para remitir su vista fiscal y la investigación, hasta hace algunos días, sumaba mil 150 tomos.
Sin embargo, algunos abogados defensores de los investigados estiman que la fiscalía debió enviar ayer mismo su vista fiscal. Rosendo Miranda, defensor del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, aseguró que en el sistema inquisitivo los fiscales deben enviar sus vistas fiscales una vez concluida la investigación, sin necesidad de tiempo adicional. Por su parte Carlos Carrillo, del equipo de abogados de Martinelli, coincidió con la posición de Miranda. A su juicio, la fiscalía ya debió haber concluido el proceso.
El equipo de fiscales que deben trabajar en la vista fiscal son Tania Sterling, Ruth Morcillo Anilú Batista y Azucena Aizprúa. Las dos últimas se incorporaron al equipo en febrero pasado tras la llegada del nuevo procurador, Eduardo Ulloa. Mientras que Zuleyka Moore, quien coordinaba el caso, fue enviada a una fiscalía en La Chorrera en mayo pasado.
Durante la investigación, las fiscales lograron 11 acuerdos de colaboración efectiva y de pena. También se recibieron por los menos 127 asistencias internacionales. Hasta ayer, más de 90 personas estaban ligadas al proceso.
El caso empezó en 2015, luego de que el excontralor Alvin Weeden denunciara el pago de sobornos de la constructora en Panamá. Sin embargo, estuvo en pausa durante varios meses, y no alzó el vuelo sino hasta diciembre de 2016 cuando se dio a conocer, vía Estados Unidos, que la constructora había pagado coimas en diversos países. Solo en Panamá, se reveló en ese momento, había distribuido $59 millones. La cifra se quedó pequeña. En diciembre de 2018 el propio Ministerio Público informó que la compañía había pagado más de $100 millones en sobornos.
