Los tres recursos de apelación presentados ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que atacaban el plazo de cinco meses y ocho días otorgados a la Fiscalía Esepcial Anticorrupción para seguir las pesquisas del caso Odebrecht, fueron retirados.
Rosendo Miranda, defensa legal del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; Roberto Ruiz Díaz, representante legal de Freddy Barco Vera, y Carlos Carrillo, abogado de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, presentaron recursos de desistimiento a sus apelaciones.
Fuentes ligadas al proceso informaron que los documentos fueron presentados en la última semana ante el pleno de la CSJ, que ahora tendrá que decidir si aprueba o no los desistimientos.
Así las cosas, la fiscal Zuleyka Moore tendría luz verde para realizar las diligencias necesarias en la prórroga otorgada por los magistrados del Primer Tribunal de Justicia Olga Rujano de León, Miguel Espino y Lilianne Ducruet: cinco meses y ocho días.
El fallo del Primer Tribunal, fechado el 3 de enero de 2020, concedió el amparo de garantías constitucionales propuesto por la fiscal Moore. De esa forma se revocó el Auto No. 74 de 3 de mayo de 2019, dictado por el Juzgado Decimosegundo, que negó la solicitud de extensión del término para concluir la investigación y se consideró que la “investigación preparatoria” en el caso Odebrecht puede ser extendida por el plazo ya citado, ya que del último año de prórroga concedido a la fiscalía (contados a partir del 25 de abril de 2018), únicamente han transcurrido seis meses y 22 días (que deben computarse del 25 de agosto de 2018 al 19 de marzo de 2019).
La fiscal Moore había alegado que hace falta indagar a al menos 15 personas y que tiene que analizar órdenes de pago correspondientes al periodo 2006-2009, cuando Martín Torrijos (2004-2009) gobernó el país. También busca extender la investigación al periodo presidencial completo de Juan Carlos Varela (2014-2019).
Actualmente, la pesquisa incluye los años 2010-2014, cuando Ricardo Martinelli era gobernante.
Vuelven a citar a Lasso
Luego de darse a conocer la decisión del Primer Tribunal y notificadas las partes, la fiscalía reactivó las pesquisas el 29 de enero de 2020.
Para el 13 y 17 de febrero pasado, la fiscal citó a indagatoria a Jaime Lasso, exembajador de Panamá en Corea del Sur entre 2009 y 2011, por presunto blanqueo de capitales a través del pago de sobornos de la empresa Odebrecht.
“Fui la persona que participó como enlace del apoyo político electoral desde el 2009 a diciembre de 2012. Los años subsiguientes, no tengo la menor idea si se continuaron con los apoyos”, contó Lasso a la fiscal Moore. “Sólo toqué estos temas con Juan Carlos Varela y José Luis Varela... No me relacionaba con más nadie ni hablaba esto con más nadie”, indicó.
Para el próximo 12 de marzo Lasso fue citado para reanudar la indagatoria.
Detenido
El pasado 5 de marzo, el Juzgado Decimosegundo negó una fianza de excarcelación al exdiputado panameñista, Jorge Alberto Rosas, que la había pedido ante la orden de detención preventiva dictada por la fiscalía el 20 de febrero pasado.
La conexión de Rosas con el caso Odebrecht surge en 2017, cuando Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz, accionista mayoritario y coadministradora, respectivamente, de la firma Rosas & Rosas, señalaron a Rosas –también socio del bufete– como la persona que manejaba la relación profesional dentro de la firma con Odebrecht.
Rosas & Rosas recibió 10 pagos durante casi 5 meses –entre el 5 de julio de 2010 y el 23 de noviembre del mismo año– por un monto de, al menos, 2.1 millones de dólares, de la cuenta que la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A. mantenía en Credicorp Bank, dinero este que procedía de la llamada Caja 2 de Odebrecht, normalmente utilizada por la empresa brasileña para canalizar el pago de coimas en el extranjero.
Esos pagos eran, según la firma, para el servicio de “consecución de fondos en efectivo para el pago de planillas especiales”.
La defensa legal de Rosas alegó que la fiscal Moore no podía actuar hasta tanto la Corte resolviera los amparos. No obstante, la fiscal desestimó este criterio y continuó las diligencias de este caso iniciadas en 2017 y cuyo expediente ya tiene mil 20 tomos.
