Más de cinco años llevan residentes del P.H. Crystal, en Bella Vista, esperando la demolición de un penthouse que fue edificado sin permiso de construcción.
La obra generó filtraciones y molestias a las 28 familias del edificio, lo que motivó que en 2014 el Municipio de Panamá emitiera una orden de demolición, la cual no se ha cumplido hasta la fecha, denunció Kathleen McGrath, una de las vecinas más perjudicadas por la construcción del piso 15.
El techo del apartamento de McGrath es sostenido con apuntalamientos de madera, que fueron colocados en 2015 por el Sistema Nacional de Protección Civil, debido a que parte de la losa estaba por desprenderse. Incluso, la institución emitió un informe, en el que señalaba que el penthouse representaba un “riesgo” para los residentes.
En la pasada administración municipal (2014-2019), tanto McGrath como los residentes del P.H. solicitaron la demolición de la estructura, pero no se concretó. Ahora durante estos primeros seis meses han enviado notas a las autoridades alcaldicias y tampoco reciben respuesta.
Ya enviaron misivas al alcalde, José Luis Fábrega, a la vicealcaldesa, Judy Meana y al director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, quien también vio este caso en la pasada gestión.
Para la afectada el Municipio de Panamá les ha “dado la espalda”, pese a que hay una orden que pide demoler la estructura construida de forma ilegal.
De hecho, McGrath y otros residentes han denunciado “tráfico de influencias” en este caso, pues la sociedad propietaria del penthouse, Josephco S.A., estaba vinculada hasta 2014 a David Guardia, diputado suplente del panameñista Luis Barría.
Ante esta situación y al no encontrar justicia en el país, McGracth subrayó que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No sé qué más hacer. No he podido vivir tranquila en mi hogar desde hace varios años”, concluyó McGrath quien lamentó que se destinen fondos para hacer una playa de $120 millones, pero no hay recursos para demoler una obra ilegal.
Sin presupuesto
Sobre este tema, el director de Obras y Construcciones, Docabo, indicó que en el periodo pasado trataron de hacer los trabajos de demolición de forma parcial, porque el costo de las obras de demolición era elevado. “Al trabajar con fondos públicos debemos ser conscientes que no podemos usarlos de forma irresponsable”, dijo.
Docabo sostuvo que la orden de demolición existe, pero la Dirección de Obras no es quien la realiza, no solo porque no hay presupuesto para eso, sino que entre sus atribuciones está dar la orden, pero no la ejecución.
A su vez, indicó que los que construyeron de forma ilegal son los responsables de arreglar o demoler el sitio.
“Nuestro mayor problema es que nunca se ha destinado un presupuesto para demoler, debemos empezar a programar un fondo para realizar demoliciones”, acotó.
No obstante, expresó que para este año se estableció un presupuesto para empezar a demoler, porque tienen programadas dos demoliciones y esperan que estas sirvan para demostrar la importancia de poner en orden a los que construyen sin permiso.
Específicamente, en el caso del P.H. Crystal argumentó que la solución sería retomar el tema y arreglar los daños en el apartamento de la señora MacGrath.
“Pero, hacer todo el trabajo de devolver el piso de arriba a su estado original es demasiado costoso. Al final los dueños no lo podrán usar hasta que lo arreglen. Así que los únicos perjudicados son ellos”, expresó.
Además, Docabo calculó que el trabajo completo de demoler y arreglar la losa supera los $100 mil, porque implica estructura nueva.
En este momento, los residentes del P.H. Crystal también enfrentan un proceso de secuestro, impulsado por la sociedad Josephco S.A, que considera que le causaron daños económicos con las denuncias que llevaron a la resolución que ordenó la demolición.
