Un año después de que un tribunal declarara “no culpable” al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por los cargos de espionaje político y peculado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sigue sin admitir los recursos de casación y de nulidad presentados por los abogados querellantes y el Ministerio Público, que objetan la sentencia del tribunal de juicio.
El 9 de agosto de 2019, el tribunal conformado por los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, declaró “no culpable” a Martinelli en el llamado caso pinchazos. La sentencia completa fue leída casi dos semanas después, el 26 de agosto.
Los querellantes (Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga, Rosendo Rivera, Mitchell Doens, Balbina Herrera y Rubén Polanco) y el entonces fiscal contra la Delincuencia Organizada, Ricaurte González, anunciaron la presentación de recursos de casación y de nulidad con concurrencia de casación.
Estos acciones legales se materializaron el 16 de septiembre de 2019, cuando el fiscal González y el abogado Rosendo Rivera, este último en representación de las víctimas, presentaron los recursos ante la Sala Penal de la Corte Suprema.
Los recursos quedaron en manos de Wilfredo Sáenz, suplente del entonces magistrado Harry Díaz, quien en 2015 -cuando la Corte tenía la competencia para investigar a Martinelli, porque era parlamentario- había instruido la vista fiscal del caso.
En manos de una nueva magistrada
Fuentes ligadas al proceso señalan que Sáenz alcanzó a elaborar un proyecto de fallo en el que no admitía los recursos presentados contra la sentencia, pero en diciembre se le venció su designación como magistrado suplente y salió del cargo. Entonces quedó como ponente Maribel Cornejo, quien llegó a la Corte en enero de 2020, en reemplazo de Harry Díaz.
Cornejo decidió elaborar su propio proyecto, pero a la fecha no se han tenido detalles de su posible contenido; tampoco si lo presentó al resto de los integrantes de la Sala Penal que verá el caso: las magistradas María Eugenia López Arias (quien asumió el cargo en diciembre de 2019 en reemplazo de Jerónimo Mejía) y Asunción Alonso, suplente de José Ayú Prado, quien se declaró impedido.
Hay que recordar que el caso pinchazos fue tratado inicialmente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que designó a Díaz como fiscal y a Mejía como juez de garantías. Con la renuncia de Martinelli a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el pleno de la Corte (con mayoría de siete magistrados) decidió, el 7 de diciembre de 2018, declinar la competencia a un tribunal del Primer Distrito Judicial de Panamá. Solo Abel Zamorano y Luis Mario Carrasco -suplente de Mejía- alegaban que la Corte sí tenía competencia. Asunción Alonso votó a favor de declinar la competencia.
Todos quieren una decisión final
Rosendo Rivera, víctima y querellante, consideró que, transcurrido un año de la decisión del tribunal de juicio, la Sala Penal ha tenido suficiente tiempo para decidir la admisibilidad de los recursos, ya que se supone que con el sistema penal acusatorio (SPA) en el que se surtió el proceso, todo es más rápido.
Rivera expresó que en estos casos se exige rapidez, ya que no tiene sentido haber impuesto un nuevo sistema de tramitación judicial para mantener los mismos tiempos procesales del antiguo sistema inquisitivo.
Estimó que ante lo que está sucediendo internacionalmente con relación a Martinelli y sus dos hijos (ambos detenidos en Guatemala, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos) se hace necesario un pronunciamiento de las autoridades sobre el caso de los pinchazos.
Carlos Herrera Morán, abogado de Mauro Zúñiga, alegó que es imperdonable el retraso en la resolución de los recursos.
Dijo que desconoce si Cornejo ha elaborado un proyecto o en qué etapa se encuentra.
Herrera Morán reconoció que la pandemia de la Covid-19 puede haber incidido en la demora en la Sala Penal. Sin embargo, recordó que los magistrados de la Corte se han mantenido trabajando, por lo que es necesario una respuesta.
Precisó que su despacho envió dos correos electrónicos a la Sala Penal, solicitando una pronta decisión.
Por su parte, Mitchell Doens, una de las víctimas de los pinchazos, dijo que no queda más que esperar a que la Sala Penal se pronuncie.
En tanto, Nicomedes Castillo, abogado de Juan Carlos Navarro, se mostró optimista en cuanto a los recursos presentados y la valoración que haga la Sala Penal.
Çonsideró como un hecho importante la declaración de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, sobre su interés en que los casos de corrupción en la región sean procesados con todo el peso de la ley.
Estimó que cualquier decisión que se tome al respecto será un mensaje a los delincuentes de cuello blanco y a la clase política, y que debe ser que nadie está por encima de ley.
Por su parte, Carlos Carrillo, del equipo legal de Martinelli, reiteró que la sentencia del tribunal a favor de su cliente dejó en evidencia “la manipulación y uso del poder en el manejo de las investigaciones que se hicieron para acusarlo”.
“A la fecha, el proceso del expresidente Martinelli no ha terminado. Para nosotros deberá concluir cuando se desestimen los recursos dilatorios interpuestos por los querellantes y la fiscalía. Más negativo aún, los derechos que le fueron concedidos, como la especialidad, hoy tratan de ser desconocidos”, concluyó.
Por el caso pinchazos sí hubo dos condenas: la de los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. El Juzgado Decimosexto Penal les impuso 50 meses de prisión a cada uno, como cómplices primarios del delito contra la libertad, “en su modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad”. Ambos apelaron, pero la sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal de Justicia este año.
