El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Marcos Castillero, defendió la reactivación de la planilla 172 –bautizada por los propios diputados como cashback–, pero sin revelar qué es lo que hacen mil 750 personas contratadas por servicios profesionales y que han consumido $8 millones del presupuesto de la AN.
Dijo que el Legislativo no paralizó sus labores a causa de la pandemia, pero siguió sin revelar qué trabajos efectuaron ni las actividades que implicaron la reactivación del millonario desembolso.
“Son funcionarios de la Asamblea que se le vencieron sus contratos en el mes de julio. Ellos apoyaron también en sus comunidades en la pandemia, apoyando el plan solidario de igual forma y, a la vez, apoyando todos los corregimientos de todos los circuitos de los diputados y, a la vez, también hacían funciones dentro de la Asamblea de diputados”, indicó Castillero el miércoles, tras ser abordado por los medios durante una reunión con el presidente Laurentino Cortizo y directivos del Órgano Judicial.
Pese a decir que tenía el “sustento”, su explicación no responde las preguntas que La Prensa le formuló en unas 10 ocasiones.
¿Cuáles eran sus funciones? ¿Qué actividades tuvo la Asamblea para contratar a más de mil 750 personas entre mayo y septiembre pasado? Y, ¿cómo informaban a la Contraloría sobre sus funciones, si a este medio no le podían entregar la misma información?
Los contratos por servicios profesionales o “servicios especiales” supuestamente son ejecutados por empleados ajenos al personal permanente y eventual de la AN, cuyo número se disparó a 132% en mayo pasado.
El exdirector de carrera administrativa David Montenegro desmenuzó en la Ley de Presupuesto lo que se refiere al pago de los servicios especiales, y explicó que “los servicios prestados son de profesionales o técnicos que no son empleados públicos, siempre que no tengan puestos en la entidad”.
En la estructura de la AN se detalla cada cargo, y si en el manual no se halla un servicio en particular, como, por ejemplo, alguien que repare aires acondicionados o se requiera de una consultoría, se contrata a través de esta partida, pero no es para contratar a un abogado o a un coordinador de planes, pues estos se nombran en la planilla del personal permanente.
Alguien que ofrece un servicio profesional no marca su asistencia, sino que entrega un servicio, y la Contraloría debe certificar que ese trabajo se realizó para pagarlo, explicó Montenegro.
“La responsabilidad es de ambos, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República (CGR). Si cuando va a refrendo no hay informe [...], no debería pagarlo. [Pero] si eso se hacía antes, ¿por qué ahora no?”, cuestiona.
La Prensa preguntó a la CGR por qué no rechazó el refrendo de estos contratos. “No existe ninguna disposición emitida por el Ejecutivo que, basada en el plan de austeridad, permita a la CGR negar el refrendo de estas planillas, sobre todo cuando contaban con la disponibilidad presupuestaria que es uno de los requisitos a fiscalizar... máxime que estos contratos cumplieron previamente con el requisito de refrendo por parte de nuestra entidad”, respondió la Dirección de Fiscalización de la CGR.
Corresponde al Gobierno determinar las reglas del plan de austeridad y a la CGR fiscalizar que el gasto que se realiza cumpla con las medidas determinadas por el Ejecutivo, señaló.
La Prensa preguntó al contralor Gerardo Solís por qué en la pasada administración sí se canceló el refrendo de las planillas y ahora, no. Solís respondió: es “una verdad a medias –que oculta una parte que no se desea publicar –, no es una verdadera verdad”, enfatizó. La Prensa preguntó cuál era la omisión, para, en todo caso, corregirla, pero Solís no aportó detalle alguno.
Respecto a la fiscalización de la CGR, La Prensa volvió a preguntar si tenían las funciones de estas mil 750 personas. También abordó un caso específico: cómo se sustentaba el refrendo de dos cheques de la partida 172 a favor del exdiputado Javier Ortega (PRD), por $24 mil 666, cuando figura también como director permanente de Relaciones Públicas de la Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario.
Ortega es uno de varios exdiputados y otros exfuncionarios y sus familiares que se encuentran como “consultores” de esta partida 172.
“Ya ha quedado demostrado que, para ese trabajo para el que se está contratando a esa cantidad de personas, no es necesario en la Asamblea”, pero, en cambio, la entidad sí necesita de trabajo técnico, dijo la exdiputada Ana Matilde Gómez en Telemetro.
Agregó que la cantidad de especialistas requeridos es menor al número de empleados de la planilla cashback. El problema –añadió– es de la estructura del Legislativo, y que este asunto, de raíz, lo deben resolver el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.
