Frente a la crisis migratoria que vive la región de América Latina y el Caribe, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap) asegura que este es un fenómeno del siglo XXI, una realidad mundial que no debe politizarse o alinearse a agendas. “Por el contrario, su solución —la cual no es una única receta— pasa por centrarse en conversaciones y esfuerzos productivos por parte de todos los actores de la sociedad a nivel internacional. Lo importante es que desde el rol que cada uno desempeña se aporte a la solución; porque, en esto no hay responsables únicos, ni soluciones excluyentes”, expresó el gremio ayer mediante un comunicado de prensa.
El pasado jueves, durante el 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Laurentino Cortizo hizo un llamado a las naciones a realizar un esfuerzo conjunto para enfrentar la migración irregular, con estrategias y recursos para “anticipar una crisis humanitaria regional de graves proporciones”.
Migración irregular
Reportes del Servicio Nacional de Migración indican que hasta la fecha 88 mil 514 migrantes han entrado por la frontera con Colombia de forma irregular. Para finales de este año se espera que hayan transitado 150 mil personas por el territorio nacional, en su intención de llegar a Estados Unidos.
Para la Cciap, es “positivo” que Panamá busque apoyo en articular esfuerzos en el concierto de naciones, ya que la problemática es superior a las capacidades locales. “Los esfuerzos parecieran que están comenzando a evidenciar alrededor del mundo la realidad que se vive en el país. Esto permite conectar con fuentes de apoyo y brindar acceso a las agendas en materia de cooperación internacional”, planteó la Cciap.
En tanto, el gobierno de Panamá analizará esta semana con autoridades de Estados Unidos lo relacionado a la actual crisis migratoria que tiene como destino esta última nación.
La directora de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), Isbeth Quiel, aseguró que la visita de una delegación de alto nivel fue acordada con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y responde al llamado hecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas por el presidente Laurentino Cortizo para enfrentar el flujo irregular.
